Por Adriana Meyer
 La sala I de la
Cámara Federal se declaró competente para resolver las apelaciones planteadas por la
defensa de Jorge Videla, en la causa por sustracción de menores que inició el juez
Roberto Marquevich, lo cual implica que Adolfo Bagnasco podrá ser quien juzgue al
dictador. La Cámara Federal de San Martín había enviado el expediente a la Capital y
ahora los camaristas porteños Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani resolvieron que
–en principio– no debe intervenir la Justicia militar, tal como pretenden los
abogados de Videla. Por otra parte, la declaración indagatoria del dictador Emilio
Massera sería postergada porque el juzgado de Bagnasco debe resolver primero la
presentación de su defensa sobre prescripción y cosa juzgada y no puede hacerlo hasta
que la sala I de la Cámara Federal le devuelva el expediente.
Riva Aramayo y Vigliani lo habían pedido “ad effectum videndi”, es decir, para
tenerlo a la vista a fin de tomar la decisión que dieron a conocer ayer. Fuentes
vinculadas a esa investigación especularon con que lo retendrán por unos días más. De
todos modos, aunque lo devolvieran antes del 3 de diciembre –la fecha fijada por
Bagnasco para tomarle declaración a Massera–, el juzgado debe resolver los
incidentes planteados por su defensa y previamente las partes tienen diez días para
expedirse. Por lo tanto, esa audiencia se realizaría más adelante. En cambio, no hay
modificaciones para las citaciones de los represores Jorge “Tigre” Acosta, Jorge
Vildoza (prófugo), Héctor Febres, José Suppicich y Antonio Vañek.
Los camaristas porteños expresaron en su resolución que “no puede dejar de
advertirse la palmaria conexidad existente entre la presente causa declinada por la
Cámara Federal de San Martín, proveniente del juzgado 1 de San Isidro (Marquevich), y la
que se sustancia al momento en el juzgado 7 de este fuero (Bagnasco), razón por la cual
se dará trámite a las articulaciones pendientes”.
En otro párrafo argumentan que en 1984 esa misma cámara se atribuyó competencia
territorial para intervenir en la denominada causa 13 (o Juicio a las Juntas Militares),
debido a que los mandos castrenses tenían su asiento orgánico en la Capital Federal. Sin
embargo, a los abogados de la causa les preocupó esta mención, porque en aquella
oportunidad la Cámara Federal actuó después de la intervención del Tribunal Supremo de
las Fuerzas Armadas.
Días atrás se había especulado con la posibilidad de que los camaristas devolvieran el
caso a San Martín, lo cual habría causado un conflicto que hubiera provocado la
intervención de la Corte Suprema, complicando todo el proceso. En ese sentido se había
expedido el fiscal de Cámara que reemplaza a Germán Moldes, Joaquín Gaset Waidatt, pero
Riva Aramayo y Vigliani no tuvieron en cuenta esa posición.
La defensa de Videla recusó a Bagnasco y ya había apelado la prisión preventiva que le
dictó Marquevich. También había planteado que el dictador estaba siendo sometido a un
doble juzgamiento y pidió que sea juzgado por tribunales castrenses. La sala I debe
resolver ahora todas estas excepciones, aunque en la resolución que se conoció ayer ya
estaría implícita la voluntad de los camaristas de rechazar la intervención de la
Justicia militar.
El 9 de junio Marquevich ordenó la detención de Videla, bajo la acusación de ser autor
mediato de un plan destinado a la apropiación de niños nacidos en cautiverio, cambio de
identidad y falsificación de documento público. El ex presidente de facto estuvo preso
un mes en el sector VIP de la cárcel de Caseros, pero la sala I de la Cámara Federal de
San Martín accedió al pedido de su hijo y le permitió cumplir arresto en su casa.
La coartada de Massera
Por A.M.
El abogado de Emilio Massera había adelantado que el dictador presentaría a la
Justicia un documento secreto de la Marina, con la pretensión de demostrar que fue ajeno
al secuestro sistemático de niños nacidos en cautiverio. Se trataría del denominado
“Placintara 75” que quiere decir “Plan de Capacidades Internas de la
Armada”, por el cual el Comando de Operaciones Navales establecía lo que debía
hacer esa fuerza a partir de 1975. Massera intentaría ubicar en ese Comando las
responsabilidades que se le atribuyen, pero la propia verticalidad militar se lo impide:
ese organismo dependía del Comando en Jefe de la Armada a su cargo. De todos modos, ese
documento lo condenaría aún más. Si es cierto que allí había instrucciones precisas
sobre el procedimiento a seguir con los niños y las embarazadas, los hechos demostraron
que no fueron cumplidas. Massera utiliza la misma estrategia que desplegó Suárez Mason:
deslindar responsabilidades hacia abajo. |
ATAQUE CONTRA UN MILITANTE
Como en la dictadura
Por Victoria Ginzberg
Esteban Cuya es el
coordinador de la Coalición Contra la Impunidad, una agrupación de organismos que apoya
el juicio contra más de cuarenta militares argentinos por la desaparición de ciudadanos
alemanes durante la última dictadura. “No grites, no pongas resistencia y no nos
mires la cara, si nos mirás te matamos”, le dijeron, antes de golpearlo los dos
hombres que se subieron al taxi en el que se encontraba el martes por la noche. Los
“asaltantes” le robaron un maletín con documentos que había recogido en la
Cámara Federal de La Plata, las tarjetas de crédito y 150 pesos, pero rechazaron 300
dólares. “No fue un robo común”, dice Cuya, quien como consecuencia del ataque
tiene el tabique fracturado. Su afirmación se basa en la preparación que parecían tener
los atacantes.
“Taxi, taxi” se anunció el conductor. Cuya se subió. El chofer lo interrogó
sobre el motivo de su visita a Buenos Aires y comenzó a hacer señas por el espejo. A las
tres cuadras, dos autos negros los rodearon, uno se puso atrás y otro al costado.
Siguieron avanzando hasta que el taxi paró, se abrieron las dos puertas, entraron dos
hombres y agarraron a Cuya de los brazos. Después vinieron los golpes en la cara, la
espalda y la nuca, y el robo. Los atacantes tenían un recipiente con una toalla mojada
que le pusieron en la boca. Luego de sacarle algo de plata, las tarjetas y el maletín
–tras comprobar que sólo tenía documentos–, lo dejaron cerca de la Avenida
Juan de Garay al 3500.
Cuya es peruano pero vive en Alemania y trabaja en el Centro de Derechos Humanos de
Nuremberg. Se encuentra en Buenos Aires con el abogado Wolfgang Wiesheier y Mechtild Baum,
de la Coalición Contra la Impunidad, para reunir documentación de los casos que han
presentado y buscar información sobre otros que podrían incluirse en el juicio que se
abrió debido a que la Justicia alemana puede intervenir para defender los derechos de los
ciudadanos de su país en cualquier lugar del mundo. Actualmente la fiscalía de Nuremberg
está investigando cuatro casos por los que están acusados más de cuarenta militares,
entre ellos todos los miembros de las Juntas. La expectativa de condena para todos ellos
se reduce al pedido de capturas internacionales porque el Código argentino no contempla
la extradición de nativos. Aunque existen más de setenta desaparecidos de origen
alemán, sólo ocho eran ciudadanos en el momento del secuestro, requisito necesario para
entablar una demanda. Por eso los miembros de la Coalición no descartan apelar en el
futuro al derecho internacional.
Si bien los nazis fueron juzgados por un tribunal militar internacional y en este caso se
trata de uno civil, Cuya aseguró estar conforme porque el juicio se lleve a cabo en el
mismo lugar geográfico. “Nuremberg tiene el significado de la lucha contra la
impunidad. Debe ser un espejo para los acusados.” España, Italia, Suecia y Francia
ya juzgaron a militares argentinos. El próximo proceso podría abrirse en Japón ya que
un grupo de familiares de quince desaparecidos de ese origen se acercó a los alemanes
para pedirles consejos.
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