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 El conflicto
latente entre la conducción de YPF y el Ministerio de Economía por la venta de las
acciones del Estado finalmente estalló. Roque Fernández pretende vender en bloque el
20,3 por ciento de las acciones (tenencia total del Estado), pero necesita modificar los
estatutos de la sociedad. Roberto Monti, presidente de YPF, anticipó que se opondría a
esa alternativa, que podría hacerle perder su puesto. “El Estado va a defender el
valor de la acción, pero no al management de YPF”, le respondió desafiante el
subsecretario de Financiamiento, Miguel Kiguel. El precandidato a presidente Fernando de
la Rúa también se opuso a esa operación.El Gobierno aspira a recaudar en enero algo más de 2400 millones de pesos por la venta del 14,99 por ciento del paquete de YPF, para tapar el agujero fiscal que le provoca la caída en la recaudación. El principal interesado es el grupo español Repsol que, en caso de asumir el control de la ex petrolera estatal, llevaría su participación en el mercado de combustibles al 54 por ciento (actualmente tiene el 8, a través de la marca Eg3). Economía le informó al directorio de YPF, por nota, la decisión de vender las acciones en su poder y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, en dos etapas. Además, le anunció que “podrá proponer, junto con el comprador, adecuar los estatutos de YPF SA (...) a los fines de posibilitar que un comprador pueda adquirir acciones de YPF abonando su precio con dinero en efectivo y/o con otras acciones que coticen en los mercados bursátiles”. Agrega luego que “el Ministerio podrá autorizar al comprador a formular una oferta a los restantes accionistas (...) en forma simultánea con la moción de adecuación de los estatutos”. “En caso de que esta eventual oferta tenga lugar, el Ministerio y el Fondo Fiduciario analizarán la conveniencia de vender las restantes acciones de YPF de su propiedad.” En su respuesta, YPF señaló que “Roberto Monti manifestó su preocupación porque (la mencionada carta) implicaría que el Gobierno y un comprador procurarán que se modifique el estatuto de YPF para permitir al comprador adquirir las acciones de los restantes accionistas en condiciones distintas de las ofrecidas al Gobierno”. Según recuerda la conducción de YPF, cualquier accionista que pretenda adquirir 15 por ciento o más del paquete debería formular una oferta pública en efectivo por el ciento por ciento de las acciones, a un precio no menor al de la última adquisición. Esta es la cláusula que el Gobierno quiere eludir, para que un solo comprador –se trataría de Repsol– pueda acceder al 20,3 por ciento de las acciones. En ese caso, el monto en juego se elevaría por encima de los 3300 millones de pesos, incluida la prima que pagaría por asumir el control de la empresa. De concretarse la operación en estos términos, sin necesidad de convencer a otro accionista, Repsol se alzaría con el control de la empresa y podría nombrar a una nueva conducción. Esto es lo que tiene en juego el grupo que encabeza Monti, con el respaldo de los accionistas institucionales de Estados Unidos (fondos de inversión sindicados en el Bank of New York, que lo propusieron para la presidencia) y de Pérez Companc como accionista minoritario. El Palacio de Hacienda, en su afán por tener las manos libres para vender las acciones, replicó la nota de Monti con una nueva misiva. Según comentó Kiguel a Página/12, la carta de Economía niega la intención de “tratar a algún accionista mejor que a otro”. “El Estado tiene como obligación defender el valor de la acción de YPF, y lo va a hacer, pero no tiene como obligación defender el management”, agregó sin eufemismos. Y relativizó la posibilidad de que YPF compre sus propias acciones, que Monti admitió tener bajo análisis. “Para comprar, debería endeudarse. Bajo ciertas condiciones lo podríamos considerar, pero no pensamos que sea viable hoy en día”, señaló Kiguel.
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