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Por Juan Jesús Aznárez enviado especial a Caracas El vuelco político registrado en Venezuela tras las elecciones legislativas y regionales del domingo 8 de noviembre, preludio de las presidenciales del próximo 6 de diciembre, atenaza la frágil economía nacional y complica la gobernabilidad. Con los precios del crudo por el suelo y un comandante de paracaidistas atemorizador e insurrecto en alza, esta nación de 23 millones de habitantes, abundante en pobres, corrupción y yacimientos de hidrocarburos, se adentra en una incertidumbre que ni el voluntarismo ni las convocatorias a la conciliación y la cordura pueden ocultar. Los partidos que gobernaron Venezuela durante 40 años, Acción Democrática (AD), socialdemócrata, y Copei, socialcristiano, perdieron fuerza o resultaron vapuleados en beneficio del populista Polo Patriótico de Chávez y del Proyecto Venezuela, encabezado por el economista de centroderecha Henrique Salas, aupados por el desengaño y el oportunismo y sus promesas de cambio. Ningún partido tiene mayoría suficiente en las cámaras, y el Parlamento deberá forjar alianzas que generan certidumbre. Si Chávez gana y, contra el criterio de la oposición, llama a referendo por decreto para crear una Asamblea Constitucional que disuelva el Congreso, la desestabilización estará servida. La mayoría de los empresarios sostiene que ningún presidente, ni siquiera Chávez, podrá suspender la apertura, las privatizaciones, ni regresar a una economía cerrada, de regulaciones, so pena de aislar al país. El presidente que será investido el 2 de febrero heredará de todas formas un pesado fardo: una fuerte caída del consumo, un déficit fiscal de 7000 millones de dólares, una deuda pública interna y externa de 35.000 millones de dólares, una inflación alta, un desempleo superior a 20 por ciento, un deterioro de la educación y la salud y una economía subterránea que absorbe al 50 por ciento de la población activa. Y en algún estado, nueve de cada 10 personas con empleo fijo trabajan en los gobiernos regionales, es decir que son funcionarios. "Independientemente de las promesas electorales que se hayan hecho, el nuevo gobierno deberá aplicar otro ajuste duro porque la crisis no puede superarse con medidas mágicas", destaca Omar Fernández Russo, economista de la Universidad Central. La sociedad venezolana ha sufrido una fuerte polarización a través de un cruce de eslóganes políticos satanizadores del contrario que manipularon la frustración y la rabia de quienes se sienten empobrecidos por la corrupción e ineficiencia del gastado bipartidismo y votaron "para acabar con esta vaina", o explotaron el temor de aquellos que temen la irrupción de la violencia y el caos de la mano del ex teniente coronel golpista. En Venezuela, como en otros muchos países de la zona, los discursos electorales se hallan contaminados del vicio de formular vagamente sus propuestas económicas o simplemente prometer portentos. Casi nunca se habla de realidades. Venezuela atraviesa una coyuntura difícil, y reclama prodigios o al menos políticas consistentes para salir del bache y de la retracción inversora, calculada entre un 30 y un 35 por ciento, causada por la dudas sobre el rumbo a tomar. Desde 1989 se proponen o ejecutan planes y ajustes, pero ninguno ha dado los resultados buscados, y la discrecionalidad fue más allá de lo esperado. El petróleo sostiene al país. Las exportaciones de este recurso alcanzaron en 1997 los 23.000 millones de dólares, pero el bajonazo en los precios restará casi 7000 millones al término del presente ejercicio. Mientras tanto, la clase media perdió en 20 años casi el 70 por ciento de su capacidad adquisitiva, y la desconfianza inhibió la iniciativa privada y atrofió el aparato productivo. La administración de Rafael Caldera pronosticó un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5,7 por ciento con el precio del barril del petróleo a 15,5 dólares, y de un 4,8 por ciento si bajaba a 14,2 dólares. Pero el crudo bajo mucho más, hasta poco menos de 11 dólares; llegaron después las turbulencias financieras nacidas en Asia y Rusia, las presiones sobre el bolívar, y la anunciada prosperidad se vino abajo.
UN EX GUERRILLERO Y LA PACIFICACION COLOMBIANA Por Yolanda Monge Pasó muchos años luchando por sus ideales con un fusil. Pero aunque a él le parece cercano, hace ya más de ocho que decidió abandonar las armas para adoptar un compromiso con la paz desde la lucha política. Antonio Navarro Wolff, ex comandante del grupo guerrillero colombiano M-19 que en 1990 depuso las armas, cree que el proceso para acabar con más de 30 años de conflicto armado interno va a ser "largo y complejo". Pero "irreversible", afirma Wolff, absolutamente convencido de que ha llegado la hora de trazar una raya frente a la insurrección que en tres décadas se ha cobrado 300.000 vidas. Porque "los colombianos hemos tomado masivamente la opción de la paz". Todo este entusiasmo proviene, en gran parte, del clima favorable a la negociación con los dos movimientos guerrilleros más importantes del país --las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional)-- que vive Colombia desde que en agosto asumiera la presidencia del país el conservador Andrés Pastrana, y que el pasado sábado 7 se iniciara el "despeje", la desmilitarización de unas zonas rurales de más de 40.000 kilómetros cuadrados como precondición del inicio de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Como si se tratase de una premonición, este hombre de 50 años vaticina como segura "una cohabitación entre guerrilla y gobierno". "No es una idea descabellada", se defiende, y afirma que en Colombia actualmente "hay 350 alcaldes que cohabitan en el poder con la guerrilla". No obstante Wolff cree que para que los grupos guerrilleros se conviertan en organizaciones políticas desarmadas es necesaria una reforma política en profundidad que afectaría los mecanismos y procesos electorales, los partidos y el Congreso. En su opinión, esas áreas de la actividad política han mostrado deficiencias graves que deben ser corregidas, para que opciones no tradicionales puedan competir en condiciones de igualdad con los partidos liberal y conservador, que han compartido el poder en los últimos 150 años. En Colombia se habla de "humanizar la guerra". Y aunque la manera más eficaz de hacerlo sea logrando la paz, hasta que ésta llegue hay que "trabajar de forma ineludible en la búsqueda de preservar los derechos humanos, especialmente los de la población no combatiente, que es la que pone la gran mayoría de los muertos en cualquier guerra", opina el antiguo guerrillero. A este hombre menudo, quien dice que es considerado "un extremista por la derecha de su país y un traidor por sus compañeros de la izquierda", le falta media pierna, amputada para salvar su vida tras un atentado en Cali en 1985. Ahora afirma vivir sin miedo, "aunque en Colombia todo el mundo está amenazado".
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