Por Adriana Meyer
 En los últimos
días el dictador Emilio Massera está muy solicitado por la Justicia y podría quedar
preso antes de lo previsto. La jueza federal María Romilda Servini de Cubría lo citó
para el martes próximo como imputado no procesado en la causa Vildoza, acusado de los
delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menor, supresión de estado civil y
falsedad ideológica de documento público. A través de su abogado, Massera adelantó que
concurrirá a la audiencia. Si no lo hiciera la magistrada debería obligarlo con la
fuerza policial. Por su parte, el juez Adolfo Bagnasco lo espera en su despacho el 3 de
diciembre, aunque hay dudas sobre la realización de esa audiencia porque la Cámara
Federal aún no ha devuelto el expediente y está pendiente la resolución del planteo de
su abogado sobre prescripción y cosa juzgada.
El ex almirante fue notificado de la citación ayer a las 14 en su domicilio por un
empleado del juzgado de Servini. Esta causa tramita según el anterior Código Procesal,
por lo cual la citación como imputado no implica procesamiento y la jueza no tiene plazos
para decidir la situación procesal del marino. Sin embargo, fuentes judiciales afirmaron
a Página/12 que es muy probable que Massera abandone los Tribunales esposado.
Servini lo interrogará por la “causa Vildoza”, pero ordenaría su inmediata
detención porque tendría elementos suficientes como para imputarlo en otros dos casos:
el que investiga la apropiación del hijo o hija de María Marta Vázquez Ocampo y César
Amadeo Lugones Casinelli, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada en diciembre de
1976, y el de Rosa Roisinblit sobre Rodolfo Fernando, el hijo de Patricia Roisinblit y
José Manuel Pérez, nacido el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA.
Ayer declaró ante Servini de Cubría el torturador de la ESMA Jorge Perrén, y el martes
lo hizo el ex jefe de ginecología del Hospital Naval, Jorge Magnacco. Estos se suman a
otros nueve testimonios de médicos y represores de la ESMA que se han producido en las
últimas semanas en la causa. Fuentes de la investigación aseguraron a este diario que
“se rompió el pacto de silencio”, porque estos ex subordinados del Almirante
Cero habrían responsabilizado a sus superiores por las órdenes recibidas, hacia arriba
en la cadena de mandos hasta llegar a Massera. En concreto, de estas declaraciones se
desprende que hubo órdenes precisas para cada nacimiento en ese centro clandestino, las
cuales serían las pruebas contundentes que posee la jueza para enviar al dictador a la
cárcel.
El ex capitán de navío Jorge Raúl Vildoza es el presunto apropiador del hijo de Cecilia
Viñas y Hugo Penino, nacido en setiembre de 1977 en la ESMA. Según el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), Vildoza fue agregado militar en Gran Bretaña y actuó bajo el
apodo de “Gastón”. El CELS afirma que estaba prófugo antes de ser beneficiado
con la ley de obediencia debida, porque la Justicia lo reclamaba para que declarase por 67
delitos cometidos como jefe del grupo de tareas GT 3.3.2. Por ese motivo fue dado de baja
por la Armada. Ahora tiene pedido de captura. En noviembre de 1984 declaró en la causa
que le causaba “sorpresa, preocupación y molestia la investigación en marcha”.
La causa fue iniciada en 1984 por Cecilia Fernández de Viñas –madre de la
desaparecida Cecilia Viñas– y dos años después, cuando se le solicitó a Vildoza
que se hiciera el análisis de ADN, se fugó junto a su esposa Ana María Grimaldo. Hay
versiones sobre su presencia en Sudáfrica o Londres. Su ausencia paralizó la causa por
varios años, hasta que en 1996 la abogada Alcira Ríos presentó ante el juzgado de
Servini un pedido para que declararan nuevos testigos que podrían establecer el paradero
de Vildoza. Adolfo Scilingo declaró ante la justicia española que Vildoza habría huido
del país no sólo por esa causa, sino porque se habría llevado seis millones en la caso
de la venta ilegal de armas que investiga Jorge Urso.
Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados en 1977 en su casa de la avenida
Corrientes al 3600. Cecilia estaba embarazada de siete meses. Dioa luz un varón en la
maternidad clandestina que funcionaba en la ESMA. Se sabe que hasta marzo de 1984 estuvo
con vida porque su madre recibió una llamada telefónica en la que Cecilia le decía que
la trasladaban a Mar del Plata. Scilingo admitió haberla visto en la ESMA entre 1976 y
1977. En julio, Alfredo Astiz declaró ante Servini, pero no aportó nada. El juez
español Baltasar Garzón posee documentación según la cual el matrimonio Vildoza
inscribió como propio a un recién nacido en Buenos Aires el 7 de setiembre de 1977, con
el nombre de Javier Gonzalo Vildoza Grimaldo. Javier está dispuesto a conocer la verdad
sobre su propia historia y mantiene una buena relación con las Abuelas de Plaza de Mayo.
(Ver aparte)
En los Tribunales Federales, fuentes vinculadas a la investigación de causas similares
hacían dos especulaciones opuestas. Servini investiga un caso concreto de apropiación de
menor mientras que Bagnasco apunta a un plan sistemático para cometer el mismo delito. En
el peor de los casos se planteará un problema de conexidad entre ambos procesos, un
conflicto entre jueces que sería dirimido por la Cámara Federal. Quienes suscriben este
enfoque consideran que Servini viene actuando desde hace tiempo en forma enérgica en
varias causas similares que instruye en su juzgado, por lo cual tendría mano dura con
Massera. Un posible escenario sería la declaración del ex almirante ante Bagnasco en
condición de detenido.
La otra visión más pesimista arriesga que la medida adoptada por la jueza es “una
maniobra del gobierno, igual a la que intentaron con Marquevich, para quitarle la causa a
Bagnasco, porque consideran que se ha vuelto algo díscolo”. Según este enfoque,
Servini estaría imputando a Massera por su autoría mediata en la sustracción de niños,
por lo cual quedaría planteado un problema de competencia entre ambos magistrados que
podría derivar en la Corte Suprema. Esta supuesta jugada habría sido armada ante el
reciente fracaso del intento de llevar los casos al máximo tribunal, impulsado por el
fiscal Joaquín Gaset Waidatt.
En el Hospital Naval había una lista de espera en la que se habían anotado las parejas
estériles. Vildoza ejerció su rol de represor en la ESMA y allí mismo habría robado al
hijo de la detenida-desaparecida Cecilia Viñas, sin esperar en ninguna lista.
| Crónica de un año agitado 1998
no fue precisamente un año relajado para Emilio Massera, Alfredo Astiz y Eduardo Videla:
los tres represores tuvieron que dar diversas explicaciones a la Justicia sobre los
crímenes que cometieron durante la última dictadura. Astiz quedó detenido por unos
días, Videla sigue bajo arresto domiciliario, y Massera puede quedar entre rejas después
de que el martes declare ante la jueza María Romilda Servini de Cubría. A continuación,
una reseña del raid judicial de los ex represores. El 21 de marzo, Emilio Eduardo Massera
se presentó ante la Cámara Federal en la causa que investiga el destino de los
desaparecidos que pasaron por la ESMA, pero se negó a declarar. Su abogado sostuvo que
“ya dijo todo lo que tenía que decir en el juicio de 1985 y ahora quedó totalmente
librado de la investigación”. Se produjeron disturbios: la policía detuvo y
reprimió a 28 personas que se concentraron en la puerta del juzgado. En mayo, el capitán
destituido Alfredo Astiz fue procesado por amenazas y apología del delito luego de
afirmar en una entrevista que es “el hombre mejor preparado técnicamente en este
país para matar a un político o a un periodista”. Su locuacidad también le costó
unos días en prisión y el enojo del presidente Carlos Menem, quien le quitó el grado de
capitán de fragata. Astiz se defendió diciendo que fue tergiversado. El 9 de junio, el
juez Roberto Marquevich detuvo a Jorge Videla por sustracción de menores. Videla se negó
a declarar: sus abogados invocaron la figura de ‘cosa juzgada’. El 14 de julio,
Astiz volvió a Tribunales. Declaró ante la jueza María Servini de Cubría en una causa
por desaparición de menores durante la dictadura, pero negó la existencia de una
maternidad clandestina en la ESMA. Finalmente, el 9 de setiembre Videla declaró en la
causa que investiga el destino de Mario Santucho y Benito Urteaga. Dijo desconocer el
operativo en el que murieron los dirigentes del ERP. |
DOCUMENTOS SECUESTRADOS EN LA CASA DE VICAT
La Bonaerense vigilaba a HIJOS
Por Laura Vales
La Policía Bonaerense
vigiló a integrantes de HIJOS en la ciudad de La Plata, según se desprende de la
documentación secuestrada en la casa del ex comisario Luis Vicat. El fiscal Carlos
Argüero, que ordenó los allanamientos, confirmó que se encontró una carpeta en la que
se consignaron seguimientos sobre miembros de la agrupación. También sobre militantes de
Quebracho y de organizaciones vecinalistas. Los partes de inteligencia habrían sido
realizados entre enero de 1997 y febrero de 1998, cuando Vicat estaba a cargo de la Unidad
de Investigaciones Especiales de la Policía de la provincia.
En el domicilio de Vicat también se encontraron fotografías de manifestaciones de
protesta y una valija con equipos para intervenir teléfonos. Argüero espera ahora que le
envíen equipos para conocer el contenido de los videos y los casetes de audio
secuestrados en la tarde del miércoles.
En la tarde de ayer la fiscalía pidió informes al Ministerio de Justicia y Seguridad
bonaerense sobre los cargos ocupados por Vicat y el alcance de sus funciones. Al mismo
tiempo, cinco jueces federales platenses presentaron una denuncia penal para que se
investigue a los responsables de los seguimientos de los que fueron víctimas.
El ministro de Justicia bonaerense, León Arslanian, no descartó que se pida la captura
del ex policía, aunque respondió que “no tenemos constancia de eso” cuando le
preguntaron sobre el espionaje sobre funcionarios y militantes políticos y sociales.
“Uno de los aspectos de la investigación –puntualizó Arslanian– es
aclarar si, utilizando equipamiento de la policía, se realizó algún tipo de actividad
al margen de la institución.” Desde el Frepaso, el diputado Alejandro Mosquera
reclamó “que se aclare quién dio la orden de realizar estos trabajos de
persecución ideológica que difícilmente hayan sido decididos por cuenta propia de un
solo comisario”.
| Etchecolatz “Un
curso de derechos humanos nunca puede ser una condena.” Con este argumento, el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos resolvió no dictar el curso al represor
Miguel Osvaldo Etchecolatz que había sido dispuesto por el juez Fernando Larrain como
parte de la sentencia por injurias y calumnias contra el diputado Alfredo Bravo.
“Etchecolatz no es un ciudadano común, es una persona que fue condenada a 23 años
de prisión por violación reiterada de los derechos humanos. El MEDH no puede violentar
la conciencia de nadie para que acepte los derechos que, conociendo, nunca respetó”,
afirmó el organismo a través de un comunicado. |
ESCRACHE AL “INDIO” CASTILLO
El día de los lápices
“Si
no hay Justicia, hay Escrache”, escribieron los HIJOS de La Plata en la esquina de la
casa de Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”. Más de cien personas se
reunieron el la calle 33 entre 21 y 22 de La Plata para repudiar la presencia en el barrio
de quien fuera torturador en los centros clandestinos de detención “La Cacha” y
el “Pozo de Banfield” y reconocido por Pablo Díaz como uno de los
secuestradores de “La Noche de los Lápices”.
Antes de que empezara el acto algunos miembros de HIJOS fueron amenazados con un arma por
el mismo Castillo mientras repartían volantes en la zona. Por esa razón, el escrache se
realizó en la esquina de la casa del represor. “Después de la dictadura siguió con
su actividad y está implicado en los casos de la AMIA, el asesinato de José Luis Cabezas
y participó junto a Aldo Rico en el alzamiento carapintada”, denunció Cecilia
Valdez, quien leyó el discurso preparado por la agrupación. “Considero que cada
ciudadano común tiene la necesidad de vivir en una sociedad donde haya justicia. Lo
único que reclamamos es tener la posibilidad de presentar las pruebas que existen y en un
marco de justicia, condenarlo”, aseguró Pablo Díaz, sobreviviente de “La Noche
de los Lápices”.
La Chuchi se aleja de un gobierno que
fue amigo
 María Servini de Cubría apreció ayer en escena emulando a
Baltasar Garzón. Si el juez español produjo alivio a militantes de derechos humanos en
su avanzada contra Augusto Pinochet, “la Chuchi” aspira a lo mismo citando a
Emilio Massera a declaración como imputado no procesado, una medida que se presume la
antesala de su detención.
No es raro ver a las Abuelas de Plaza de Mayo depositando su confianza en la controvertida
magistrada cuando de temas vinculados a la represión ilegal se trata.
Todos recuerdan que Servini quiso traer a declarar a Buenos Aires a Manuel Contreras,
Pedro Espinosa y el propio Pinochet. Los tres hombres fuertes de la dictadura chilena
aparecen como los principales responsables de comandar el asesinato del ex jefe del
ejército de ese país, Carlos Prats, en la Argentina.
La jueza también favoreció los intereses de los organismos de derechos humanos en las
investigaciones para restituir bebés a los familiares de desaparecidos.
Pero decir que Servini y Garzón son parecidos no es más que una ilusión.
Lo que la jueza argentina hizo ayer fue reactivar una causa iniciada hace 14 años, lo que
como mínimo da lugar a un cúmulo de especulaciones que también involucra al resto de
los jueces federales.
Una de las conjeturas que se escuchan a menudo en los pasillos de Tribunales sostiene que
algunos magistrados están apurados por “blanquear” su situación antes que
expire este gobierno. Suponen de esta manera que lograrán un certificado de buena
conducta de quien suceda a Carlos Menem, sea justicialista o de la Alianza.
No quedó exento de ese grupo el juez Roberto Marquevich, quien para muchos se valió de
una vieja causa –sustracción de menores– para devolver a la cárcel a Jorge
Rafael Videla.
La actitud del juez no quita méritos a la detención pero resalta llamativamente el
reimpulso de la causa. Con Servini y su citación a Massera sucede lo mismo.
Quienes gustan del juego de las operaciones echaron a rodar que el menemismo se preocupó
en que la causa recayera en manos de Servini. Sostienen que la jueza es dócil a los
pedidos de la Casa Rosada. De otra manera, no sólo hubiese quedado en manos de Adolfo
Bagnasco sino también aportado mayores pruebas a la investigación que el juez realiza
para comprobar que se trató de un plan sistemático de los militares.
Tanto Bagnasco como Servini están a cargo de causas que involucran a hombres del
Gobierno. El affaire de IBM-Banco Nación y el lavado de dinero en un caso contra el
empresario egipcio Gaith Pharaon y el BCCI sirven de botón de muestra.
Aun así a la jueza le costará mucho –y quizá nunca lo logre– negar su
cercanía con la familia del Gobierno. Si sus fallos en materia de derechos humanos la
alejan de la “política de pacificación” iniciada por Carlos Menem con el
indulto, su firme decisión de poner escollos en las investigaciones que Garzón realizó
sobre las valijas de Amira Yoma en la causa del Narcogate parecen decir lo contrario.
“Una de cal y otra de arena” sintetizan en Tribunales la nueva estrategia de la
jueza, pero ninguno se anima a ponerla en un lugar de igualdad con Garzón.
MAS PAISES EUROPEOS ABREN CARGOS CONTRA
PINOCHET
Piden que lo juzguen en Londres
Mientras
Augusto Pinochet espera la decisión de la Cámara de los Lores británica sobre su
inmunidad, las pruebas y los cargos en su contra por los crímenes cometidos bajo su
dictadura siguen creciendo. Según el diario español El Mundo, la Justicia de Paraguay ya
le envió al juez español Baltasar Garzón una serie de documentos que prueban la
existencia del Operativo Cóndor, que coordinó la represión entre los regímenes del
cono sur americano durante los 70. El Comité de Tortura de la ONU pidió al gobierno
británico que someta a juicio al ex dictador chileno si los lores impiden que sea
extraditado a España, Suiza y Francia, países que ya presentaron su pedido oficial ante
Londres. Además, un tribunal alemán ordenó abrir un proceso criminal contra Pinochet.
El llamado “Archivo del Terror” de la Justicia paraguaya tenía guardadas
cartas, informes y agendas relacionadas con las conexiones entre los servicios de
inteligencia de Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. En una de las cartas
remitidas al juez Garzón, que a través de este caso pudo lograr que se pida la
extradición de Pinochet a España, el jefe de la DINA chilena, Manuel Contreras, le
agradece al jefe del Departamento de Investigación de Paraguay, Pastor Coronel, “por
la cooperación prestada para facilitar las gestiones relativas a la misión que debió
cumplir mi personal”. El material también contiene testimonios de testigos de
torturas en los centros chilenos de detención.
En Chile continuarán las manifestaciones a la espera de la decisión de los lores. Los
organismos de derechos humanos y el Movimiento por la Dignidad Nacional, que agrupa a
varios dirigentes de la oficialista Concertación por la Democracia harán un acto
“por la justicia y la democracia” en el Parque O’Higgins de Santiago, donde
pedirán que la Justicia chilena juzgue a Pinochet en caso de que sea liberado. Por su
parte, la Fundación Pinochet anunció que celebrará el miércoles el cumpleaños del ex
dictador “sea cual fuere” el fallo de los lores, que se conocerá ese mismo
día.
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