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 La Cámara
Federal porteña confirmó ayer el procesamiento del empresario de la carne Alberto Samid
por presunta defraudación al fisco y asociación ilícita. Quedó así ratificada la
medida que en el mismo sentido había dictado en primera instancia el juez federal Carlos
Liporaci, cuyo desempeño en la causa fue, sin embargo, duramente criticado por sus
superiores: el tribunal reprochó al magistrado no haber “investigado con el rigor
necesario” si el otrora amigo matarife del presidente Carlos Menem es el jefe de una
banda dedicada a la evasión impositiva. La omisión de Liporaci no es menor porque en
caso de comprobarse que encabeza una asociación ilícita, a Samid no le cabe otro destino
que la cárcel, cuando hasta ahora el juez ni siquiera le tomó declaración indagatoria.La Sala II de la Cámara Federal porteña dejó en firme el procesamiento de Samid por considerarlo partícipe de una “maniobra” consistente en “la conformación de una asociación ilícita” para evadir impuestos. Ese tribunal confirmó también el embargo sobre los bienes del empresario que había dispuesto Liporaci, pero de los 70 millones de pesos fijados por el magistrado lo redujo a 50 millones. Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun precisaron en su resolución de más de 40 fojas que para perpetrar la defraudación al fisco se recurrió a “empresas de existencia real (algunas reconocidas como propias por alguno de los investigados)”, así como “a la creación de nuevas firmas que, en muchos casos, y ante la inminencia de inconvenientes, dejaban de operar unas para ser continuadas por otras”. Sobre Samid, el tribunal destacó que “si bien no aparece vinculado formalmente con la mayoría de las sociedades investigadas, lo cierto es que existen indicios de suficiente entidad como para aseverar que, en los hechos era uno de los integrantes de dichas firmas”. Un vocero de la Cámara recordó a Página/12 a modo de ejemplo que “cada vez que se realizaba una inspección impositiva a algún frigorífico Samid aparecía”. Ser el “jefe u organizador” de esa asociación ilícita es el cargo que le imputan la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los fiscales Carlos Rivolo y Claudio Navas Rial al matarife que se hizo famoso no por su apoyo a la primera campaña presidencial de Menem, sino por haber anunciado el envío de carne a los iraquíes en plena guerra del Golfo, en desacuerdo con la decisión del mismo Menem de sumar tropas argentinas a la coalición armada contra Irak. La Cámara consideró que a Samid no se le pueden imputar esos cargos, aunque no porque no sean los que corresponde imputarle sino porque Liporaci “no ha investigado con el rigor necesario” el papel jugado por el empresario dentro de la banda. De haber comprobado que es jefe de una asociación ilícita, el magistrado tendría que haber encarcelado a Samid, a quien curiosamente ni siquiera le ha tomado hasta ahora declaración indagatoria. El incumplimiento de ese trámite procesal impidió, por ejemplo, a los camaristas pronunciarse sobre la procedencia o no de dictar la prisión preventiva contra el empresario. No se trata de la única omisión de Liporaci, a quien sus superiores ordenaron “profundizar la investigación” del rol ocupado dentro de la banda por cada uno de sus miembros. La Cámara calificó también como “llamativo” que no haya ordenado diversas medidas procesales, como el careo entre Samid y su contadora, y señaló que sería “importante escuchar algunos testimonios de personas que no fueron citadas oportunamente”, pese a existir “elementos necesarios como para convocarlos a declarar”.
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