Por David Cufré
 Tras una orden de
Carlos Menem, Roque Fernández salió a explicar ayer la polémica decisión del Gobierno
de cobrar un mayor porcentaje de anticipos del impuesto a las Ganancias. La medida,
lanzada justo en el momento en que la economía se ha estancado, generó una airada
reacción de empresarios y economistas. Menem se enfureció con toda esta polémica y ayer
descargó su enojo sobre el ministro de Economía y el titular de la AFIP, Carlos Silvani.
La reprimenda fue durante la reunión de Gabinete. El jefe de Estado primero pidió
explicaciones de la medida y después ordenó a Fernández a que se las ingenie para
descomprimir el fastidio que la iniciativa generó en la opinión pública. “Hay que
explicar mejor por qué es necesario que se pague ahora este impuesto”, le dijo Menem
al ministro, según relataron participantes del encuentro. Y decidió exhumar el recurso,
caído en desuso, de transmitir un mensaje por la cadena nacional de radio y televisión.
Con expresión de alumno al que han descubierto en una travesura, el jefe del Palacio de
Hacienda le echó la culpa a otros. Lo primero que dijo en su presentación ante la
audiencia fue que “hubo una equivocación en la interpretación de lo que las medidas
realmente implican”.
Lo que siguió fue una explicación tan farragosa que si el público la siguió fue porque
no tenía la opción del zapping, al menos entre los canales de aire. “No se trata de
ningún anticipo de impuestos que signifique afectar la capacidad retributiva del país
durante el próximo año”, dijo, por ejemplo, el ministro. En su discurso, pretendió
explicar lo que pocos entendieron y nadie aceptó: aumentar en seis puntos el pago de
anticipos de Ganancias correspondiente a la liquidación de 1998. Hasta ahora, los
contribuyentes debían abonar, hasta diciembre, el 90 por ciento de su declaración del
año anterior, y el resto al presentar la declaración jurada al año siguiente. Con la
nueva reglamentación, el pago es del 96 por ciento. Es decir que, en los hechos, el
aporte es mayor y hasta podría resultar excesivo si los ingresos gravados cayeran en el
‘98 con relación al ‘97. Fernández esgrimió el argumento de que en México,
Brasil y Uruguay el pago de anticipos es del 100 por ciento del impuesto del año
anterior. “Acá no hubo ninguna confusión ni malentendido, lo que se hizo fue
modificar el calendario fiscal de 1998”, subrayó, en respuesta a las palabras del
ministro, el economista radical Adalberto Rodríguez Giavarini. En diálogo con este
diario, dijo que “esta medida está fundada en una menor recaudación, producto de la
baja en el nivel de actividad, sin que haya sido acompañada con una modificación de las
exageradas proyecciones de crecimiento para el año próximo”.
Aldo Roggio, de la Cámara de la Construcción; Alberto Alvarez Gaiani, de la Unión
Industrial, y Jorge Di Fiori, de la Cámara de Comercio, compartieron la crítica. Fue
durante la celebración del 74º aniversario de esta última entidad. Allí, después de
que Fernández dijera lo mismo que más tarde explicó por cadena nacional, los
empresarios coincidieron en señalar a Página/12 que “hay un cambio inadmisible en
las reglas de juego”. Di Fiori advirtió que, “de algún modo”, se está
empujando a los contribuyentes a caer en morosidad.
Equivocaciones en
cadena
Por R.D.
En época de dictaduras, la cadena nacional era el recurso por el cual los
asaltantes del poder emitían sus bandos a la población, generalmente para dar a conocer
nuevas prohibiciones y los castigos que se les impondrían a quienes osaran violarlas. En
tiempos democráticos, el recurso se le reservaba a los mensajes presidenciales en fechas
patrias o discursos del jefe de Estado ante acontecimientos graves. Excepcionalmente, los
ministros de Economía anunciaban por esa vía sus nuevos planes. A partir del
renacimiento de la democracia, en 1983, el método cayó en desuso, y con la
privatización de los medios directamente se lo desactivó. Ayer, Roque Fernández lo
exhumó para explicar un nuevo anticipo del Impuesto a las Ganancias.
La desproporción del medio utilizado con el contenido del mensaje salta a la vista, y
sólo puede ser explicado por la medida de la irritación que le provocó al presidente
Carlos Menem el masivo repudio al pago adicional del tributo. Lo que pretendió ser una
decisión de tono progresivo –tan poco común a la política tributaria
argentina–, al gravar a 200 mil contribuyentes de Ganancias que habían declarado
utilidades en 1997, terminó amplificándose como si se tratase de un “mazazo a la
población”. Algo estuvo mal planificado, políticamente, desde el principio. Y ayer
se le puso el broche. La obligación de transmitir un mensaje oficial impuesta a todos los
canales de aire y radios AM del país suele ser interpretada como una actitud autoritaria,
una señal de que el gobierno no acepta que los medios de comunicación estén informando
como aquél cree que “es debido”. Más mesuradamente, podría haber limitado la
transmisión a los medios oficiales (ATC, Radio Nacional y su red). Pero alguien lo
consideró insuficiente. Y se lanzó a decir “su verdad por todos los medios”.
El mensaje elegido no parece haber sido el más apropiado, ni que haya servido al
propósito de clarificar o despejar equivocaciones, como se lo presentó. |
Carpa blanca automotriz
”De continuar la
crisis en la producción de vehículos, los empresarios y trabajadores podríamos instalar
una carpa automotriz frente al Congreso, como hicieron los docentes.” La ironía del
titular del gremio de los mecánicos, José Rodríguez, fue para graficar la delicada
situación que atraviesa la industria automotriz y para reclamar al Gobierno que tome
cartas en el asunto.
Ayer, las terminales automotrices, las autopartistas y los sindicalistas se unieron para
exigir al Gobierno la adopción de “medidas urgentes” que permitan contener la
abrupta caída en las ventas. Firmaron un documento en el que piden incentivos fiscales y
financieros, expresados a través de diferentes iniciativas que ellos mismos idearon. Las
dos principales son el relanzamiento del Plan Canje y la creación de la categoría de
auto económico. La declaración conjunta apuntó a presionar a Roque Fernández para que
acepte las demandas del sector.
“Tenemos un stock de 100 mil unidades, y cuando se llega a ese nivel hay que parar la
producción”, comentó Horacio Losoviz, presidente de la Asociación de Fábricas de
Automotores (Adefa). El otro eje del reclamo del sector es que se firme a la brevedad un
nuevo régimen automotor con Brasil. Y que allí se asegure el consumo de autopartes
nacionales. En cuanto al auto económico, la propuesta es que el Gobierno cobre menos
impuestos a un modelo determinado, que elegirá cada terminal, para abaratar su costo de
venta.
|
