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LOS JUECES ADVIERTEN SOBRE LA SITUACION DE LOS INSTITUTOS
El hogar de los privilegiados

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional emitió una acordada donde advierte que tres institutos de menores no tienen elementos para afrontar un incendio, hay cloacas que desbordan, vidrios rotos y conexiones mal hechas.

El frente del Instituto Agote, uno de los que “no revisten condiciones de habitabilidad”.
Allí hay “desagües cloacales tapados que desbordan líquidos a espacios próximos a las celdas”.

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Por Eduardo Videla

t.gif (67 bytes) Los institutos de menores Luis Agote, Manuel Rocca y General San Martín de la Capital Federal, donde se alojan unos 330 menores, “no revisten la más mínima condición de habitabilidad” y no cuentan con elementos para afrontar un posible incendio, por lo que una emergencia de ese tipo podría originar “fatales e imprevistas consecuencias”. A esas conclusiones llegó la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que en una acordada pidió al Consejo del Menor y la Familia –organismo del que dependen esos institutos– y a la Secretaría de Desarrollo Social que “adopten las medidas necesarias para la solución” de estas falencias.
“Lo que hemos visto son problemas edilicios, originados en la vetustez de los edificios y en la falta de mantenimiento”, dijo a Página/12 el presidente de la Cámara, Carlos Alberto González, quien inspeccionó los tres institutos en compañía de los siete jueces de menores de la Capital Federal. González se entrevistará con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, para ponerlo al tanto de la situación. Especialmente, le acercará el resultado de la última pericia realizada por la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, en la que se ratifica el riesgo que existe en esos institutos por la falta de instalaciones contra incendios.
La acordada de la Cámara tiene fecha del 6 de octubre último. Ayer, el subsecretario de Desarrollo Social, Santiago de Estrada, y el presidente del Consejo del Menor, Alejandro Molina, confirmaron a Página/12 que ya comenzaron a realizarse las reclamadas tareas de mantenimiento. “Hubo que otorgar 800.000 pesos de las partidas destinadas a subsidios para atender esta emergencia, porque el Consejo ya no tenía presupuesto para este año”, explicó De Estrada a este diario.
El Agote y el Rocca son institutos de seguridad que alojan a chicos de 16 a 18 años con causas penales. En el San Martín conviven menores de 16: algunos son infractores a la ley. Otros, chicos de la calle o en situación de riesgo. “En el mismo lugar pueden estar víctimas y victimarios”, alertó el camarista Guillermo Navarro.
La Cámara se basó en el informe técnico del arquitecto Carlos Firvida, intendente de ese cuerpo judicial. El especialista detectó que el edificio del Agote se está hundiendo lentamente. En ese instituto, ubicado en Charcas 4602, se detectó el “descenso de las paredes y pisos debido a filtraciones próximas a los cimientos”, así como “desagües cloacales tapados que desbordan líquidos a espacios próximos a las celdas”, “paredes rajadas, vidrios rotos, instalaciones de gas y electricidad” irregulares, con cables que cuelgan y conexiones precarias.
“El cuadro reviste mucho peligro para la vida de los internos, ya que ante las grandes posibilidades de generarse un incendio, no existe un sistema que lo pueda contrarrestar, máxime con la cantidad de rejas con candado que impiden una rápida evacuación”, describió el arquitecto.
En el Rocca, situado en Segurola al 1600, se detectó que “algunas filtraciones revisten gravedad”, ya que “llegan a la instalación eléctrica chorreando por llaves y bocas”. Las celdas de los pabellones “nuevos” y los baños no tienen ventanas ni ventilación, lo que –para el especialista– constituye una “situación grave de inhabitabilidad”. Tampoco aquí se encontraron matafuegos, o los que había estaban vencidos; las bocas de agua no tenían mangueras ni llaves. “Si hay un incendio, debe estar presente un empleado de mantenimiento, el único que sabe cómo encender la bomba que lleva agua a la cisterna”, advirtió el arquitecto.
En agosto, la Secretaría de Desarrollo Social –a cargo de Ramón Ortega– anunció a los jueces que realizaría los trabajos de mantenimiento. Cuando la Cámara hizo la inspección, en octubre, “todavía no había signos de implementación de obras”. Ahora, en un nuevo documento, Desarrollo Social se comprometió a ejecutar las obras.
“Se han iniciado las reparaciones más urgentes, lo necesario para hacerlos habitables”, aseguró De Estrada. Según Molina, “en los últimosaños no se había hecho ningún arreglo y este año las cosas se agravaron por el aumento de la población internada”.
–¿El Estado olvidó durante este tiempo la situación de estos chicos? –preguntó este diario a Molina.
–El pueblo argentino se ha olvidado. Por empezar, los diputados han votado un presupuesto que no alcanza para atender a los menores.
El presidente de la Cámara del Crimen se comprometió a seguir el tema: integra desde hace unos días la Comisión de Minoridad del cuerpo, desde donde hará “un seguimiento de la ejecución de las obras” .

 

Un cuadro peligroso

La acordada de la Cámara del Crimen advierte sobre la “peligrosidad” que reviste el estado sanitario de los institutos de menores, debido a “la latente propagación de enfermedades o riesgo de epidemias” y la posibilidad de incendio “que podría levar a fatales e imprevistas consecuencias”.
Los camaristas Carlos González, Guillermo Navarro, Guillermo Rivarola, Eduardo Valdovinos, Luis Escobar y José Pombo concluyeron, tras analizar las visitas realizadas entre 1987 y 1997, que se evidencia “un déficit de recursos constante”, aunque “puede afirmarse que el mismo se ve agravado en la actualidad”.
Por su parte, tras la inspección a los institutos Agote, Rocca y San Martín, el intendente de la Cámara del Crimen elaboró, entre otras, las siguientes recomendaciones:
u El problema más urgente a resolver en los tres institutos es que no están preparados para la lucha contra incendios.
u A esto se suma el mal estado de las instalaciones eléctricas, que aumwentan peligrosamente las posibilidades de un cortocircuito y, consecuentemente, de un incendio.
u Se debe modificar en forma urgente la arquitectura de los nuevos pabellones del Rocca, que es nociva e insalubre. Los pabellones, dice, no revisten la más mínima condición de habitabilidad.

 


 

DENUNCIA DE MALOS TRATOS CONTRA DOS MENORES
Al psiquiátrico por portarse mal

t.gif (862 bytes) El senador bonaerense Eduardo Sigal (Frepaso) denunció que dos menores con problemas penales fueron alojados en una clínica psiquiátrica, por indicación del Consejo Provincial del Menor, y que en ese centro asistencial habrían sido sometidos a malos tratos. En relación con esos casos, el legislador pidió a la titular de ese organismo, María Laura Leguizamón, que “si no sabe o no puede resolver estos casos, debe renunciar”.
Sigal se refirió al caso de un joven de 17 años, detenido por robo a mano armada, que fue derivado por el Consejo a la clínica psiquiátrica Santa Clara, de la localidad de San Martín, aunque no se trataba de un paciente psiquiátrico. Según el relato del menor, en ese lugar fue medicado compulsivamente “con pastillas que le introducían de a cucharadas en la boca” y se le colocó un chaleco de fuerza.
El menor terminó internado en el Hospital San Martín, de La Plata, con una infección en el brazo y un principio de gangrena, con peligro de amputación de ese miembro, como posible consecuencia de la sujeción a la que habría sido sometido.
En cuanto al segundo caso, Sigal se refirió a un hecho investigado por la jueza de menores Irma Lima, a partir de la denuncia realizada por un chico de 14 años que “también habría sido enchalecado y sobremedicado” en la misma clínica.
“Resulta llamativa la inacción del Consejo en estos casos, que muestran con claridad los tratos vejatorios e inhumanos a los que son sometidos los chicos derivados a esta institiución”, afirmó Sigal. “Al Consejo le corresponde asegurar que los chicos bajo tutela del Estado provincial vean garantizados sus derechos humanos”, agregó, antes de pedir la renuncia de la funcionaria. El legislador reclamó además la “inmediata recisión del convenio con esa clínica para evitar que se continúe torturando a otros jóvenes con metodologías propias de la Edad Media”.

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