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Por Cledis Candelaresi  Poco antes de que
los diputados analizaran el miércoles en el recinto la excesiva rentabilidad de las rutas
privatizadas, los concesionarios plantearon ante la Secretaría de Obras Públicas la
alternativa de resignar un aumento inmediato de tarifa a condición de que su negocio se
prorrogue más allá del 2003. A sabiendas de que un gobierno en retirada tiene poco
margen político para renegociar contratos sobre la base de un tarifazo, las empresas
estarían dispuestas a sostener los precios actuales a condición de explotar el negocio
más tiempo y que el Estado le pague una discutible deuda que ellas estiman cercana a los
200 millones.La posibilidad de extender los contratos de concesión es, justamente, lo que distanció a los legisladores oficialistas y opositores en la comisión especial que Diputados creó para evaluar el peaje. La Alianza, acompañada de partidos provinciales, se resiste a que el Gobierno renegocie esas privatizaciones comprometiendo a la futura gestión. Los oficialistas, por el contrario, buscan cómo habilitar a Economía para que pueda repactar con las empresas nuevas condiciones para explotar el negocio. La renegociación fue promovida por los concesionarios con el argumento de que es necesario hacer obras no previstas en los contratos originales. Para ejecutarlas, reclamaron aumentar la tarifa y prorrogar las concesiones más allá del 2003 (fecha prevista para la extinción de los contratos), resignando el subsidio que hoy les paga el Estado. En la mesa de negociación con el secretario Raúl Costamagna, las empresas también pusieron el reclamo de una deuda, que se generó porque Economía no autorizó todos los ajustes tarifarios previstos en el contrato y por una diferencia en la liquidación del IVA (tributan 21 por ciento y cobran 18). Poco se avanzó desde entonces. El ex secretario de Obras Públicas Eugenio Pendás abandonó su puesto muy cuestionado por haber autorizado el último ajuste de tarifa, vigente desde enero pasado. Con ese antecedente, Costamagna buscó ir con cautela: primero, analizó el negocio de cada uno de los catorce grupos adjudicatarios con la información que ellos mismos acercaron; luego, propuso a las empresas que reformulen su propuesta sobre la base de limitar sus pretensiones. Semanas atrás, la Cámara de Concesionarios acercó sus alternativas a Economía. Según precisó a Página/12 Enrique Sergiotto (directivo de la entidad y hombre de Benito Roggio), “no se habla de aumento de tarifa ni por casualidad”. La variante que más les interesa a los empresarios consiste en extender los plazos de las concesiones con la misma tarifa, una merma de la subvención y un esquema de pago de la deuda estatal. Si tuvieran que abandonar el negocio en el 2003, quieren que el Estado aumente el subsidio y cancele lo antes posible sus obligaciones. En el mismo momento que se promulgó el decreto autorizando la renegociación Diputados creó aquella comisión especial, que acaba de expedirse con dos dictámenes no vinculantes. El del PJ habilita a Obras Públicas a prorrogar los contratos “por un plazo mínimo y acotado”, sin especificarlo. Por lo demás, el PJ coincide con la oposición en que el sistema tiene controles frágiles y resulta demasiado ventajoso para las empresas. El minucioso análisis de los diputados de la Alianza demuestra, entre otras cosas, que los concesionarios tienen deudas casi tan abultadas como las que ellos le reclaman al Estado: 118 millones por obras no ejecutadas y 28 millones por multas impagas. Y que su rentabilidad promedio anual del 26 por ciento duplica a las de las telefónicas. “No nos oponemos al peaje ni vamos a revisar las privatizaciones. Pero queremos que esas cosas se controlen”, resumió el diputado frepasista Rubén Guistiniani, uno de los responsables de ese estudio parlamentario.
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