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EL TEMA |
Por Martín Granovsky |
María Julia, modelo y testigo al mismo tiempo
En 1993 el ciudadano Roberto Bases presentó a la Justicia una denuncia
por la exuberante La figura de enriquecimiento ilícito, con su inversión de la carga de la prueba, garantiza investigaciones complicadas y resultados inciertos. O exculpatorios. El último caso fue el de Eduardo Angeloz, sobreseído en Córdoba. Para los juristas, fue un caso testigo. Para los funcionarios nacionales, un oráculo sobre su propio futuro. Jueces y fiscales, en fin, miraban de reojo a sus colegas cordobeses para que fueran ellos los que dieran el primer paso. ¿Fue por la incógnita sobre Angeloz que Mullen no actuó, si es que eso era posible, todavía más rápido? ¿Quiso que la propia realidad se encargara de probar a la gente desconfiada que la Justicia quiere pero el artículo 268 del Código Penal no la deja? ¿Es verdad que, al menos en los últimos tres meses, Mullen no reunió ningún elemento nuevo, o sea que pudo haber acusado antes? ¿Acusar a María Julia es un gesto de antimenemismo autopreventivo? ¿Es una demostración de que los miembros de la Justicia sienten un remordimiento tan profundo por el reclamo social de equidad que a último momento pueden redimirse? ¿O se trata de una bravuconada para un público que la fiscalía presume cándido? Mientras la realidad se ocupa de contestar las preguntas, Alsogaray (h.) puede jactarse de haber recibido un ataque más de la mediocridad burocrática promedio, que insiste en ignorar su eficacia para resolver problemas. El problema sería, ahora, su lucha por la supervivencia económica y fue, antes, su combate contra el papelerío. Un ejemplo: en 1991 contestó tarde un cuestionario de la Sindicatura General de Empresas Públicas sobre procedimientos en la privatización de ENTel. "La velocidad de la privatización hizo que no haya podido contestar a tiempo a la Sigep", dijo al juez Ricardo Wechsler en agosto de 1991. Y querelló a otro juez, Roberto Marquevich, porque éste dijo que ella defendía a "ciertos grupos e intereses económicos". Lo cierto es que hasta el momento ninguna de las causas abiertas contra Alsogaray (h.) terminó en una condena. Si por milagro ocurriera algo distinto con la demanda por enriquecimiento ilícito, la secretaria de Medio Ambiente le habrá sumado una característica común de todo el ultramenemismo --la sospecha por presuntos actos personales de corrupción-- a un rasgo que comparte con unos pocos elegidos, como Carlos Menem o Domingo Cavallo: la propiedad intelectual del modelo de capitalismo en su estado más crudo. Cuando asumió como privatizadora de la telefónica estatal dijo: --Acá hay un negocio. No habrá capitalización de la deuda. El que quiera participar que traiga dinero contante y sonante. Pero en noviembre de 1990, práctica como 007, esta ingeniera que se confiesa seducida por Sean Connery firmó con Menem la venta de ENTel a dos consorcios, a cambio de solamente 214 millones de dólares en dinero. El resto del monto fue integrado por los bancos City y Morgan con títulos de la deuda externa argentina. Así, la Argentina se convirtió en uno de los primeros países emergentes que no sólo renegoció los intereses del pago de la deuda, sino que pagó una parte del capital. Una explicación de las relaciones carnales acaso más sólida que el simple deseo verbal de mantenerlas. Una explicación más de por qué, el jueves, Menem ordenó a todo el gabinete la defensa de Alsogaray (h.) como si se tratara de sí mismo. Una explicación más, y no la única, porque en el tramo final del menemismo cada caso es testigo para otro. Incluso para Menem.
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Cuando
alguien repita que la Justicia argentina es lenta (pero no llega) deberá tener el cuidado
de exceptuar al fiscal federal Eamon Mullen. Tardó sólo cinco años en acusar por
enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray. Su eficacia como funcionario público
es aún más notable si se tiene en cuenta que desde 1994 Mullen es el fiscal de la causa
Amia, un caso que revela como pocos la decisión política del Ejecutivo, la sagacidad de
los servicios de inteligencia y el empuje del ministerio público. Los familiares de las
víctimas, reunidos en Memoria Activa, expresan todos los lunes en Plaza Lavalle la
admiración por Mullen y sus colegas. Tras la acusación a María Julia, el homenaje
debería ser aún más profundo. 
riqueza de la actual secretaria de Medio
Ambiente. Esta semana el fiscal convirtió aquella denuncia en un pedido de investigación
que deberá seguir el juez Juan José Galeano. El trámite es simple: según el artículo
268 del Código Penal, ante una sospecha de enriquecimiento ilícito los funcionarios
públicos deben probar que sus bienes fueron adquiridos por medios legales. Alsogaray (h.)
tendrá que demostrar de dónde sacó el dinero para comprar su palacio de Junín 1435,
que según los vecinos costaba un mínimo de 650 mil dólares sin refacciones. O cómo
adquirió su lapicera francesa antigua de 33 mil dólares. Y si, con un sueldo de ocho mil
pesos, la riqueza familiar es suficiente para justificar el patrimonio.
Pedro Pou, presidente del Banco Central de
la República Argentina, los poderes de un funcionario intocable, y aun los fondos para
querellar a quien ose empañar su honorabilidad de caballero manchego. En todo caso, será
una compensación forzada frente a lo que la revista británica The Economist
describe como una nueva tendencia: los banqueros centrales ya no serán dioses,
pronostica, y difícilmente podrán retener el poder del que disfrutan ahora, cuyo punto
máximo estuvo en este 1998 que termina. Con preocupación, la revista conservadora
registra los cuestionamientos a los métodos de los banqueros centrales en todo el mundo.
Primero, los funcionarios debieran concentrarse en el crecimiento, y no sólo en detener
la inflación. Segundo, trabajan con demasiados secretos. Tercero, no saben medir otras
variables de la economía como la "inflación" de las burbujas financieras. 