 El Ejército
israelí entregó ayer a la policía palestina seis poblaciones y un campamento de
refugiados, como fin de la primera fase de retirada del 13 por ciento de Cisjordania. Las
cercanías de la población palestina de Tulkarem fueron una fiesta, pero el acuerdo de
paz firmado en Washington sigue teniendo dificultades para abrirse paso. Las autoridades
israelíes se negaron a liberar 150 presos políticos palestinos, como lo pidió la
Autoridad Nacional Palestina (ANP). Mientras tanto, el movimiento de colonos judíos
ocupó ayer tierras palestinas para ampliar sus asentamientos en Cisjordania, lo que hace
crecer la polémica sobre el destino de los fondos que Estados Unidos se comprometió a
entregar tanto a palestinos como a israelíes para colaborar con la retirada.
El ministro de Finanzas israelí, Jacob Neeman, viajó ayer a Washington para convencer a
los congresistas norteamericanos de que ayuden a financiar la retirada israelí de
Cisjordania. Estos fondos, “que podría ser de 1200, 1400 o 1600 millones de
dólares”, según dijo una fuente del ministerio, podrían ser condicionados por
Estados Unidos a la interrupción de la política de ocupación de territorios por parte
del movimiento de colonos judíos. Las autoridades norteamericanas han manifestado que no
es improbable que el dinero destinado supuestamente a una retirada vaya a parar a los
asentamientos de los colonos, que fueron reimpulsados con fuerza por el gobierno del
premier israelí Benjamin Netanyahu.
Y los colonos, precisamente, exigieron a Netanyahu un plan de seguridad para las
poblaciones que quedaron enclavadas en los territorios entregados entre el viernes y ayer.
“Exigimos que cada colonia cuente con una pista para recibir helicópteros y un
generador eléctrico automático, además de disponer de un arsenal con armas automáticas
y granadas lacrimógenas”, dijo ayer el portavoz de los colonos, Schlomo Filber.
“También queremos autobuses blindados a prueba de balas. El sistema defensivo que
nos propone el Ejército israelí nos parece pasado de moda”, agregó Filber. El
Ejército israelí tiene un plan, que costará 11 millones de dólares, para cavar
trincheras antitanques y construir puestos militares y barreras electrificadas alrededor
de los asentamientos.
La paradoja de ceder territorios y al mismo tiempo militarizar parte de ellos se repite en
el esquema político del premier israelí. Los partidos derechistas que sostienen a la
coalición gobernante se oponen al acuerdo que Netanyahu firmó con el líder palestino
Yasser Arafat en Washington, por lo cual el premier se alió con la oposición laborista
para hacer aprobar el documento en el Knesset (Parlamento israelí). El diario israelí
Maariv dijo ayer que el canciller Ariel Sharon inició contactos con el líder laborista
Ehud Barak para formar un gobierno de unidad nacional, algo que el mismo Netanyahu negó.
Otro de los asuntos centrales que volvieron a la primera plana por la primera fase del
acuerdo de Wye Plantation fue el de los 3500 presos palestinos que están en cárceles
israelíes. El gobierno israelí liberó a 150 presidiarios comunes, lo que fue objetado
por los palestinos que reclaman la liberación de otros 150 presos, pero políticos.
Israel “no se comprometió jamás a liberar a prisioneros que tengan sangre de
judíos en las manos”, dijo ayer Netanyahu a través de un comunicado. “Esos a
los que Israel llama terroristas son soldados palestinos que fueron enviados a luchar por
la causa de su pueblo”, respondió Abdel Hisam Rezak, encargado del departamento de
prisioneros de la ANP.
IRAK VUELVE A CRITICAR LAS INSPECCIONES DE LA
ONU
Otro capítulo de Tom y Jerry
El
Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá hoy para tratar lo que ya está cansado de
tratar: la negativa número 500.000 de Saddam Hussein a cooperar con la Comisión Especial
de Desarme de la ONU (Unscom). Esta vez, el asunto problemático es una serie de
documentos que Bagdad se niega a entregar por juzgar que “se pide lo imposible”,
como dijo el canciller iraquí Mohamed Said al-Sahaf. A sólo una semana de la crisis que
por muy poco no desembocó en un ataque aéreo sobre Irak, este planteo puede traducirse
en cuestión de horas en un bombardeo, ya que las fuerzas anglonorteamericanas que se
desplegaron en el Golfo Pérsico siguen allí.
“El señor Butler aseguró que la respuesta que le dieron no es satisfactoria. Ha
regresado y les ha pedido más información y esperamos obtenerla”, dijo ayer el
consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Sandy Berger. “Butler está
creando un pretexto superficial para justificar la agresión estadounidense o está
intentando confundir e impedir la revisión amplia de la ONU”, respondió el
viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz.
Este cruce de palabras no es nuevo: en algunas ocasiones, y hasta 1996, terminó en
ataques aislados sobre posiciones iraquíes, y desde ese año hasta ahora en una crisis
cada seis meses. Sin embargo, el cálculo de las relaciones de fuerzas que Saddam hizo en
esta oportunidad es más peligroso que nunca. Si en los conflictos anteriores Francia,
Rusia y China, países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, habían apoyado
parcialmente la posición iraquí sobre el levantamiento de las sanciones económicas
impuestas desde la Guerra del Golfo, ahora estos países se negaron a respaldar a Irak. Si
antes el secretario general de la ONU, Kofi Annan, viajaba a Bagdad para desactivar la
crisis en el último minuto, ahora Estados Unidos dejó en claro que no iba a aceptar
ningún tipo de mediación. Y si antes nunca se había llegado a una orden de ataque, hace
una semana esta orden ya había sido dada y se suspendió mientras los bombarderos B-52
cruzaban el Golfo Pérsico hacia objetivos en territorio iraquí.
SUBRAYADO
El dilema de los Lores
Por Claudio Uriarte |
Los cinco “law
lords” del Comité Judicial de la Cámara de los Lores anunciarán el miércoles el
destino de Pinochet: extradición a España o regreso seguro al inaccesible centro del
laberinto que él mismo se hizo construir en el texto de la Constitución chilena para
permanecer impune ante todo juicio por las muertes, torturas y desapariciones consumadas
por su dictadura. Es una decisión difícil, de lo que da cuenta el tiempo transcurrido
desde el 16 de octubre –fecha del arresto de Pinochet–, que ha tomado procesar
el caso, entre la decisión de la Alta Corte que confirmó la inmunidad del ex dictador,
la apelación de la Fiscalía, las audiencias ante los Lores y sus deliberaciones. Cada
decisión posible está cargada de peligros.
Por un lado, está el dato irrevocable de que Pinochet es el responsable de los crímenes
que se le imputan. Por el otro, está en cuestión la competencia de un juez español para
ordenar su arresto en Londres y extradición a Madrid. Si Pinochet no es extraditado, la
impunidad vuelve a ganar y las causas internacionales contra criminales de guerra como el
serbio-bosnio Radovan Karadzic siguen tan impotentes como hasta ahora. Si –en
cambio– es extraditado, se puede crear un precedente de intervenciones
político-judiciales múltiples, donde Estados Unidos –por ejemplo– podría
ordenar la detención de cualquier líder extranjero más o menos sangriento que no le
guste. Lo que se debate entre los Lores no es sólo Pinochet, sino el precedente que crea
la decisión en cualquiera de los dos casos.
En el fondo, el eje del problema es que no existe una verdadera ley internacional, sólo
relaciones de fuerzas. En este sentido, sería inimaginable que un juez chileno ordenara
el arresto de los represores sobrevivientes de la dictadura de Franco sobre la base de que
algunas de las víctimas tenían parientes chilenos, o que un magistrado egipcio pidiera
–sobre la misma base– la extradición de Bill Clinton por genocidio en
Afganistán y Sudán. No hay “globalización de la justicia” -para lo que se
necesitarían un verdadero tribunal internacional, un Poder Ejecutivo internacional y unas
Fuerzas Armadas y policiales internacionales–. Nuremberg no fue una excepción: lo
posibilitó la derrota alemana.
Pero aun si los Lores conceden la extradición a Pinochet, queda la posibilidad de que el
ministro del Interior británico Jack Straw perdone al asesino por “razones
humanitarias”. Es nuevamente la ley del más fuerte; sólo se trata de saber quién
es –esta vez– el más fuerte. |
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