Cuando ser espía es tarea insalubre
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Por Diego Schurman La Fuerza Aérea pasó a disponibilidad a los dos militares que ordenaron tareas de espionaje sobre diez periodistas y una organización de mujeres. El titular de la fuerza, Rubén Montenegro, resolvió separar de los cargos a los miembros de la inteligencia José Agustín Vanden Panhuysen y Jorge Alberto López al constatar que las tareas que encomendaron a sus subordinados están expresamente prohibidas por la Ley de Defensa Nacional. El revuelo que generó la tapa de Página/12, en la que se difunden las tareas de seguimiento, originó un encuentro fuera de agenda entre el militar y Jorge Domínguez. El ministro de Defensa escuchó entonces el compromiso de Montenegro de investigar el origen de las operaciones ilegales. Montenegro reaccionó con las primeras luces del alba. Luego de leer minuciosamente la nota de Página/12, resolvió convocar una reunión de urgencia con la cúpula aeronáutica. Al edificio Cóndor fueron llegando uno por uno los titulares del Comando de Operaciones Aéreas, Francisco Serrat; de Material, Walter Barbero; de Personal, Julio Domínguez; y de Regiones Aéreas, Enrique Dutra. En el encuentro se trazaron los lineamientos de un comunicado, que varias horas después fue distribuido en los medios. El texto informa que a partir del artículo "Espionaje interno de muy bajo vuelo", firmado por el periodista Sergio Moreno, que este diario publicó ayer, Montenegro resolvió bajarles el pulgar al brigadier Vanden Panhuysen y al comodoro López. Se trata los titulares de la Jefatura II de Inteligencia y del Departamento III de ese organismo, que redactaron dos partes: uno solicitando investigar a diez periodistas que efectuaron coberturas de notas sobre seguridad aérea y privatización de los aeropuertos, y el otro sobre una manifestación de mujeres. El comunicado, firmado por el secretario general de la fuerza, Anselmo Marcial Rojo Arauz, también anuncia el inicio de un sumario para constatar los hechos y deslindar responsabilidades. Pero no se trata más que de una formalidad. Altas fuentes castrenses confirmaron a Página/12 que los dos partes ordenando el espionaje interno son auténticos. La celeridad con la que Montenegro recibió en su despacho a los dos militares involucrados tampoco es un dato menor. Si bien en el breve encuentro fueron notificados de la separación de sus cargos, Vanden Panhuysen y López podrían recibir, en algunos meses, otras "novedades", eufemismo con el que fuentes del edificio Cóndor se refirieron al "pase a retiro" de los dos militares Para evitar una reacción adversa del Gobierno, Montenegro también se comunicó a medida mañana con Jorge Domínguez. Pocos minutos después el ministro de Defensa lo recibió en su despacho. El militar se preocupó en reiterar su respeto a la Ley de Defensa Nacional sancionada en 1988. Se trata de una norma que prohíbe expresamente a las Fuerzas Armadas realizar tareas de inteligencia interior. El proyecto fue uno de los primeros de la democracia en tratarse a nivel de política de Estado. Y contó con el voto conjunto de radicales y peronistas. Domínguez no se pronunció públicamente sobre el seguimiento ilegal de periodistas. Pero se mostró conforme con la manera en que Montenegro resolvió la situación. Con su silencio, el ministro apuntó a bajarle el tono a un tema conflictivo. Los partes en cuestión son dos. * Uno pide información --datos de afiliación y antecedentes-- de diez periodistas gráficos que en 1997 realizaron la cobertura de notas sobre la privatización y la radarización de los aeropuertos. Allí se menciona a Rolando Barbano, Alcadio Oña, Roberto Solans, José Toyah, Hernán Firpo, Adrián Ventura, Alfredo Vega y Dolores Olverira, de los diarios Clarín, La Nación y El Cronista. Y también a Sergio Moreno y Carlos Rodríguez, de este diario. La mayoría de los periodistas de esa lista recibieron ayer una carta donde Rojo Aráuz, por expreso pedido de Montenegro, manifiesta sus "sinceras disculpas" y "un notorio desagrado, personal e institucional, por posibles actitudes violatorias de la legislación vigente que pudieran afectar a representantes de la prensa" . Anticipándose a la ola de repudios que generó la noticia, Montenegro también acercó un carta de disculpas a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). * El otro documento relata el seguimiento al Movimiento de Mujeres en Lucha (MML), una agrupación que en octubre del año pasado realizó una serie de actos en la Capital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. El texto de los espías reproduce las consignas de las manifestantes y los horarios de las distintas movilizaciones. En el edificio Cóndor se apresuraron en marcar diferencias entre los dos partes y las listas negras de la última dictadura militar. "La información que está requerida en los partes no tiene ningún punto de relación con lo que se hacía en épocas remotas", se cubrió una altísima fuente de la Fuerza Aérea.
--¿Pero para qué se hicieron? --En el caso de los periodistas queríamos saber si sabían sobre el tema en el que estaban trabajando.
--¿No era más fácil convocar a una conferencia de prensa o a una charla informal en vez de hacer un seguimiento pidiendo antecedentes? --La verdad es que a muchos de ellos los conocíamos..., son conocidos de la casa pero...
--¿Pero era necesario hacer un seguimiento? --El acto en sí no tiene justificativo. Pero no es lo que se piensa. De hecho, ahora se van a hacer las investigaciones del caso y se deslindarán las responsabilidades.
"Algo debo haber hecho"
Por Carlos Rodríguez "Algo habré hecho." Los periodistas cuyos "datos de filiación y antecedentes" fueron requeridos por el Departamento III de la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea, según informó ayer Página/12, habrán recordado en primera persona --siempre dispuestos a ironizar sobre sus propias desgracias-- aquella trágica frase que intentaba justificar a la dictadura. Lejos de aquellos días, pero rodeados aún por los padres, hijos o entenados de aquel aparato represivo que sigue vigilando por las dudas, los prontuariados se habrán conformado diciéndose a sí mismos: "No hice más que informar". Y eso es lo "malo", precisamente. Cobarde como el que más, el cronista que firma estas líneas, uno de los "sospechosos" investigados por la inteligencia aeronáutica, comenzó por arrepentirse de todos sus pecados. Lo peor fue haber entrevistado, el 9 de diciembre de 1997, a un inglés, Robert McInnis, presidente de la Federación Internacional de Pilotos, quien se atrevió a decir que para encontrar aeropuertos más inseguros que los argentinos había que buscar "en Africa o en Asia". McInnis llegó a decir que era necesario crear una Junta de Accidentes civil "separada de la autoridad aeronáutica". Y ni hablar de aquella nota titulada "El año que vivimos en peligro", publicada en diciembre de 1997, donde se daba cuenta de casi veinte desastres aéreos que estuvieron a punto de ocurrir en el país, según había denunciado a lo largo de ese año la ex conducción de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de la Argentina. En todos los casos se adjudicaba responsabilidad a la Fuerza Aérea por la decadencia del sistema de seguridad en los aeropuertos, que de ella depende. El cronista se lamentó por haber dejado en evidencia, aunque haya citado datos objetivos, la lentitud en la reparación del radar destruido por un incendio en Ezeiza, durante el último verano. Y también hizo el mea culpa por la utilización de algunas palabras mordaces como "eufemismo" o "contradicciones", para aludir a manifestaciones de altos jefes militares. La Fuerza Aérea prometió iniciar las investigaciones para determinar quiénes son los responsables del nuevo acto de espionaje. Mientras eso se resuelve --todo el mundo sabe lo difícil que es llegar a ver una condena en la Argentina--, el cronista espera que lean esta nota todos los espías que tienen la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada en todo el país. Sólo el Ejército, según la guía VIP de la empresa Comunicaciones Empresarias, tiene 22 organismos de inteligencia en todo el país. Y no figura en la nómina la Central de Reunión de Inteligencia (CRI), que sigue funcionando en el edificio de Callao y Viamonte que supo ser del mítico Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. ¿Para qué querrán tantos espías si no hay ninguna hipótesis de guerra interna? El cronista aclara que la respuesta la tienen que dar otros. El no sabe nada. Se toman vacaciones sin decidir sobre Palleros
La Justicia sudafricana tenía previsto tomar declaración a Palleros para luego decidir si se lo expulsa o no de ese territorio, al que se sospecha que ingresó con un pasaporte panameño ilegal. Fuentes de Interpol en Buenos Aires --que aguarda el día en que el traficante de armas sea echado de Sudáfrica para pedir al país al cual se dirija su extradición a la Argentina-- explicaron que la audiencia no se realizó porque el gobierno de Panamá no habría remitido un informe en el que debía aclarar si emitió o no el pasaporte de Palleros, a quien las vacaciones por dos meses que resolvió tomarse el máximo tribunal sudafricano le vinieron como anillo al dedo. Palleros se dedicó al tráfico de material bélico desde que se retiró del Ejército y aparece como titular de las empresas uruguayas Dabrol y Hayton Trade, que se utilizaron para triangular las armas desviadas a Ecuador y Croacia. El militar ingresó con un pasaporte panameño a Sudáfrica, donde se radicó cuando la Justicia argentina ya lo buscaba por su participación en esa operación. Las autoridades sudafricanas sospechan, sin embargo, que ese documento que acredita la identidad del teniente coronel retirado como "Diego Emilio Palleros Paz" es falso y por eso se lo retuvieron el 14 de octubre pasado. Entonces, Palleros permaneció detenido por unas horas en Sudáfrica y fuentes vinculadas a la investigación del contrabando de las armas explicaron que "su pasaporte corresponde a un ciudadano de origen chino". Palleros está acusado de contrabando agravado y falsedad ideológica por el desvío de las armas a Ecuador y Croacia. La primera orden de captura internacional en su contra la libró el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky. Después sumaron solicitudes similares su colega en ese fuero Julio Speroni y el juez federal Jorge Urso. A raíz de esos pedidos, el militar fue detenido también en Sudáfrica en julio pasado, pero finalmente no se concedió su extradición a la Argentina por entender que los delitos que se le imputan no están contemplados en los tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
"Mucha gente sabía"
"Yo pienso que todos los intervinientes en estas operaciones, que fue mucha gente y no sólo de Fabricaciones Militares, sino Ejército, Defensa, seis secretarías y subsecretarías, sabían perfectamente que vendiendo con intermediarios se corren riesgos de triangulación." Esa fue una de las tantas sugerencias que en un reportaje difundido ayer por "Telenoche" el teniente coronel retirado Diego Palleros deslizó sobre el conocimiento que el Gobierno tenía de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Desde Sudáfrica, de donde no se lo pudo extraditar pese a ser uno de los principales involucrados en la operación, el militar dijo que teme por su vida si regresa a la Argentina y aseguró ser un "chivo expiatorio". "Es muy inteligente, ¿cómo no iba a saber?", respondió Palleros ante la consulta de si Domingo Cavallo también estaba al tanto del desvío de las armas y en más de un oportunidad sugirió que todo el Gobierno sabía del tema. "A veces Fabricaciones Militares nos pedía a nosotros una nota para armar su propia burocracia administrativa y nosotros le presentábamos la nota", contó. El militar dueño de las empresas uruguayas Dabrol y Hayton Trade, utilizadas para triangular el armamento que fue desviado a Ecuador y Croacia, afirmó también que en 1994 llevó al general croata a las fábricas militares de Río Tercero y Rosario. "Viajamos en aviones y helicópteros", reveló, aunque dijo no recordar si eran del Ejército. Palleros eludió sistemáticamente, sin embargo, mencionar nombres. "No conozco a nadie", aseguró y negó puntualmente conocer a Alberto Kohan, Antonio Erman González y Emir Yoma, por quien dijo que no pondría "las manos en el fuego". Con la salvedad de que lo hacía a título personal, también especuló que Estados Unidos habría dado carta blanca al desvío. "El Gobierno quiere buscar un chivo expiatorio y el único que
tiene disponible soy yo", expresó también Palleros, quien confesó temer por su
vida si viene a la Argentina porque lo han amenazado con que "me van a matar, que
perjudico al Gobierno, que engañé, que tengo que morir, que no puedo declarar y que si
declaro va a ser para mal de todos". |