El segundo intento de la Justicia
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Por Adriana Meyer La Justicia comprobó a través de un análisis inmunogenético que el niño apropiado por el represor de la ESMA Jorge Vildoza es el hijo de los desaparecidos Cecilia Viñas y Hugo Penino. A partir del 19 de agosto, este joven que ya tiene 21 años comenzó a tener contacto con sus familiares. La jueza de la causa, María Servini de Cubría anuló la partida de nacimiento falsa de Javier Gonzalo Vildoza y le informó sobre su verdadera identidad. Estos hechos fueron mantenidos en reserva por las Abuelas de Plaza de Mayo, porque consideran que Javier ha sido "víctima de un aberrante delito que merece ser respetado en su intimidad". En el marco de esta investigación hoy declara el dictador Emilio Massera ante la magistrada, a raíz de recientes testimonios que lo habrían involucrado en la apropiación del hijo de Viñas. Si bien Servini no tiene plazos para decidir su situación procesal, el ex almirante podría quedar detenido. Massera deberá presentarse a las 11 en los Tribunales Federales de Retiro, en condición de imputado no procesado, porque esta causa se inició hace catorce años y se rige por el anterior Código Procesal. Está acusado de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menor, supresión de estado civil y falsedad ideológica de documento público. A través de su abogado, Massera adelantó que concurrirá a la audiencia. Servini tiene previsto interrogarlo por la denominada "causa Vildoza", pero posee elementos para involucrarlo en otras dos: la apropiación del hijo o hija de María Marta Vázquez Ocampo y César Amadeo Lugones Casinelli, nacido en la ESMA en diciembre de 1976, y de Rodolfo Fernando, el hijo de Patricia Roisinblit y José Manuel Pérez, nacido el 15 de noviembre de 1978 en la ESMA. Por este motivo, y por la gravedad de los delitos que se le imputan, Massera podría perder su libertad. Su ex compañero de Junta Militar, Jorge Videla, cumple arresto domiciliario por motivos similares. Los testimonios de once médicos y ex represores de la ESMA, obtenidos en las últimas semanas --entre los que se encuentra el del torturador de la ESMA Jorge Perrén y el del ex jefe de ginecología del Hospital Naval, Jorge Magnacco-- habrían sido determinantes de la decisión de la jueza. Estos ex subordinados del Almirante Cero habrían responsabilizado a sus superiores por las órdenes recibidas, hacia arriba en la cadena de mandos hasta llegar a Massera. Por su parte, el juez Adolfo Bagnasco lo espera en su despacho el 3 de diciembre, aunque hay dudas sobre la realización de esa audiencia porque la Cámara Federal aún no ha devuelto el expediente y está pendiente la resolución del planteo de su abogado sobre prescripción y cosa juzgada. En Comodoro Py 2002 prepararon un dispositivo especial de seguridad, que incluye vallas y efectivos policiales. En 1981 las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron el testimonio de Vicente Reynaldo Penino y Luisa Moreno sobre la desaparición de su hijo Hugo Reynaldo y su nuera, Cecilia Viñas de Penino, desaparecidos el 13 de julio de 1977 en su departamento de la avenida Corrientes al 3600. Cecilia estaba embarazada de siete meses. Ella era empleada administrativa en Nexo Publicidad y él en Ford Copello. Ese mismo año la familia tuvo noticias de que Cecilia había dado a luz un varón, por un llamado telefónico anónimo. En 1979 la sobreviviente de la ESMA Sara Solarz Osatinsky declaró en París haber visto innumerables detenidos desaparecidos y haber asistido a jóvenes embarazadas. Así describió a Cecilia: "Fue traída de Mar del Plata. Era alta, de cabellos castaño oscuro. A fines de 1977 tuvo un varón. Luego fue trasladada, sin su bebé. A raíz de este testimonio se abrió la causa en el Juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal. En 1983, once días después del regreso de la democracia, el padre de Cecilia recibió una llamada de su hija que confirmó el nacimiento del niño. Mantuvo otras siete comunicaciones desesperadas hasta que el 19 de marzo de 1984 se interrumpieron. Llegó a decir que confiaba en su próxima libertad, hablaba de traslados junto a un grupo de personas en su misma condición y pedía con angustia que buscaran a su hijo. Las Abuelas recibieron a partir de entonces varias denuncias que señalaban que el marino Jorge Vildoza, capitán de navío y jefe del Grupo de Tareas 3.3.2. de la ESMA, tenía un chico anotado como propio y que sería hijo del matrimonio Viñas-Penino. El juez español Baltasar Garzón posee documentación según la cual el matrimonio Vildoza inscribió como propio a un recién nacido en Buenos Aires, el 7 de setiembre de 1977, con el nombre de Javier Gonzalo Vildoza Grimaldo. Cuando Vildoza fue citado como imputado para obtener una muestra de sangre del menor, se negó aduciendo que era una "práctica cruenta", y que el niño era de él y de su esposa, Ana María Grimaldo. En 1986, la madre de Cecilia denunció que el niño que tenía Vildoza era su nieto. El ex marino no respondió a los nuevos pedidos judiciales y fue declarado prófugo, al no presentarse en el Juicio a las Juntas, por lo que perdió su condición de militar. Quien hasta agosto de llamaba Javier Gonzalo Vildoza le envió una carta a la jueza Servini de Cubría en la cual afirmaba que se había enterado "a través de la lectura de noticias e información de la Argentina en Internet que mi padre está acusado de no ser mi padre biológico, sino un militar de actuación durante la década del '70 y que me robó cuando era bebé". Pocos meses después, se presentó ante la Justicia en forma espontánea y pidió someterse a análisis inmunogenéticos para aclarar su identidad. "Estoy dispuesto a hacerme el ADN para terminar todo esto de una vez", dijo en el juzgado. La extracción de sangre se realizó en el Banco Nacional de Datos Genéticos y surgió una inclusión de un 99,99999 en las familias Penino-Viñas. A partir de esa información científica la jueza le informó a Javier Gonzalo sobre su verdadera identidad. El 19 de agosto Servini anuló la partida de nacimiento falsa e inició los contactos con sus familiares.
SEGUN LAS RECOMENDACIONES DE LA CIDH Piden por los presos de La Tablada
"Nos pronunciamos nuevamente por la inmediata libertad de los presos políticos de La Tablada como un acto de justicia". Los organismos de derechos humanos basaron el pedido en el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de La Tablada y mencionaron la sospecha de que los detenidos tienen el virus de la tuberculosis. El informe 55/97 de la CIDH estableció que el Estado argentino debía "reparar" a los presos del Movimiento Todos por la Patria por las violaciones a los derechos humanos --fusilamientos y torturas-- cometidas en el momento de la recuperación del cuartel y por las irregularidades del juicio en el que fueron condenados. Desde que se conoció el documento, los organismos de derechos humanos interpretaron que la "reparación" implicaba la libertad de los detenidos y ayer reiteraron el reclamo. El comunicado destaca también el hecho de que a los dos presos que fueron trasladados a España para terminar su condena, les fue detectado el virus de la tuberculosis y que se sospecha que los detenidos en Caseros también pueden estar infectados. Actualmente se esperan los resultados de los estudios realizados a pedido de los abogados de los detenidos, quienes también solicitaron que sus defendidos fueran trasladados a la colonia penal de Ezeiza. Uno espera en Londres, al otro lo esperan en París
Por Eduardo Febbro
El mundo judicial va a vivir un acontecimiento inédito en la historia. La Cámara de los Lores británica decidirá mañana si mantiene la inmunidad diplomática del ex dictador chileno Augusto Pinochet o si acepta alguno de los pedidos de extradición cursados por España, Suiza y Francia. En la última mitad del siglo, la lucha contra la impunidad nunca había tenido semejante oportunidad de sentar en el banco de los culpables a uno de los criminales más notorios de Latinoamérica. Las investigaciones sobre los crímenes de Pinochet condujeron a la Justicia francesa a reabrir las causas de los desaparecidos franceses en la Argentina. Los tribunales de Francia tienen en su poder nuevos exhortos judiciales contra el almirante Massera, Suárez Mason y Harguindeguy, entre otros; todos implicados en la desaparición de ciudadanos franceses en el marco del operativo Cóndor. Interrupción del proceso democrático, crímenes políticos, asesinatos, torturas, desapariciones, Augusto Pinochet es el ilustre representante de esa larga dinastía de dictadores latinoamericanos que sembraron la represión y la muerte con el visto bueno de la administración norteamericana y el silencio de las cancillerías europeas. Sin embargo, la posibilidad de su juicio y los mecanismos que condujeron a él suscitaron un inmenso debate entre los especialistas, los hombres políticos y los militantes de los derechos humanos. Inexorablemente, por debajo del debate la trama judicial se fue acrecentando hasta poner en sus redes a otros notorios represores. Jacques Miquel, uno de los abogados de las familias de franceses desaparecidos en la Argentina, dijo a Página/12 que, sea cual fuere la decisión de los lores, la inmunidad por ex jefe de Estado que se alega en favor de Pinochet no afecta a la manera en que se considera el delito de desaparición de personas en Francia. "Nuestro derecho toma en cuenta ahora la noción de delito continuo. Eso quiere decir que cuando una persona desaparece y no se tiene ninguna información sobre su muerte, el delito sigue estando vigente", dijo Miquel. Además, el abogado aclaró que en Francia no es necesaria la presencia del acusado en su juicio, ya que "el Código Penal francés permite que podamos seguir con estas investigaciones, como fue por ejemplo en el caso del capitán Astiz, condenado en contumacia en París". Las implicaciones son tales que los abogados franceses pidieron incluso que un ex presidente de la República, el liberal Valery Giscard d'Estaing, se presentara ante la Justicia para testimoniar sobre el contenido de la conversación que mantuvo con Massera en París el 8 de noviembre de 1978. Esta semana, 130 juristas franceses lanzaron un llamado a la Cámara de los Lores para que "tomen conciencia de que, en el umbral del siglo XXI, ha llegado el momento de acompañar el movimiento de la historia". Si ya no persisten dudas de que Pinochet debe ser juzgado, el debate se centra ahora en quién debe asumir la responsabilidad. La jurista francesa Mireille Delmas-Martyn, profesora en el Instituto Universitario de Francia, hace suya la reflexión que Hannah Arendt adelantó en su libro Eichmann en Jerusalén y acota que "el crimen contra la humanidad concierne a la humanidad entera más allá de las nacionalidades de la persona. Es entonces a la humanidad entera a quien le corresponde juzgar". Contra ese argumento, otros abogados ponen de relieve el delicado peligro que representa el juicio de Pinochet asumido por extranjeros. Dany Cohen, profesor de la Universidad de la Sorbona y abogado, advierte que está "dividido entre el deseo de ver juzgado a Pinochet y la perspectiva de un poder que representa un peligro. Si cada tribunal puede actuar sobre cualquier cosa vamos hacia una justicia de cowboys". Louis Joinet, abogado en la Corte de Casación y experto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, observa que no "existen dudas sobre la necesidad de juzgar a Pinochet y sus cómplices. Pero se trata sólo de un elemento en una estrategia más global de la lucha contra la impunidad". Además, según Joinet, "Pinochet organizó su propia impunidad. No puede ser juzgado en Chile. Eso es lo que legitima que la justicia se haga en el exterior". Esa misma justicia "extranjera" se cierne de nuevo contra los
represores argentinos. Hace 10 días, Miquel divulgó la lista secreta con los nombres de
desaparecidos que Massera le entregó en el '78 a Giscard d'Estaing. El lunes pasado
presentó su querella contra el almirante y ahora espera con confianza que Massera y
Pinochet sean juzgados en Francia. |