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Cómo llenar un vacío legal
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Por Mariana Carabajal Funcionarios,
magistrados y legisladores polemizaron ayer sobre la forma de resolver el virtual vacío
legal que dificulta que las mujeres que han sido violadas puedan realizarse el aborto no
punible que prevé el Código Penal. El ministro de Salud bonaerense, Juan José Mussi,
reclamó la sanción de una "ley clara" que establezca que la operación
"se pueda practicar en los hospitales sin necesidad de una autorización
judicial". Para el juez y presidente de la Asociación Argentina de Bioética, Pedro
Hooft, el problema podría ser resuelto con la intervención de los "comités
interdisciplinarios de bioética" que deberían estar funcionando en todos los
hospitales públicos desde mediados del '96. El diputado justicialista Manuel Corchuelo
Blasco anunció que presentará en el Congreso un proyecto que solucione la controversia,
mientras las legisladoras porteñas Juliana Marino (PJ) y Gabriela González Gass
(UCR-Alianza) se comprometieron a estudiar la problemática. La polémica se originó luego de que Página/12 dio a conocer el domingo la negativa del juez porteño Roberto Enrique Muratore de otorgar la autorización para abortar a una joven discapacitada mental, embarazada a consecuencia de una violación. Y sin ese permiso legal, en el Hospital Santojanni se rehusaron a practicarle la operación, aunque el caso reunía las condiciones en las que el aborto no es punible de acuerdo con el Código Penal. El juez Hooft explicó que la resolución de Muratore "se ajusta a la interpretación tradicional" sobre el tema, que considera que no le corresponde al magistrado otorgar ningún tipo de autorización al respecto. Sin embargo, Hooft evaluó que ,"si hay una disposición del hospital en el sentido de no actuar sin una medida judicial", la situación "tiene que destrabarse para que se pueda adoptar una decisión". Muratore, a cargo interinamente del juzgado de instrucción Nº 9 de la Capital Federal, alegó que la ley no lo faculta a intervenir sino cuando el aborto se ha producido, en cuyo caso no sería punible. La resolución judicial fue firmada el 30 de octubre. Para Mussi se trata de "un problema real" que debe resolverse cuanto antes. "No existe ninguna norma que diga que se puede practicar un aborto (en los casos no punibles) en los hospitales. Pero no se puede solucionar con una reglamentación en el ámbito de la Salud: es un problema judicial", consideró el ministro Mussi, en diálogo con Página/12. "Se necesita una ley clara que establezca en forma terminante que se puede realizar el aborto sin necesidad de recurrir a la Justicia, igual que una ligadura de trompas cuando la vida de la mujer corre peligro. De otro modo, el hospital no puede actuar sin una autorización del juez", agregó el funcionario bonaerense, quien fue director del Hospital San Martín, de La Plata, entre el '73 y el '76.
"Más allá de que el Código Penal diga que no es punible (el aborto cuando se trata de una débil mental violada), amerita que nos ocupemos en la Cámara de Diputados y Senadores de perfeccionar la norma para que no haya controversias", reflexionó Corchuelo Blasco, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja. En su opinión, debería dictarse una "ley complementaria" que indique la obligatoriedad del juez de expedirse en estos casos. En realidad, ya existe una iniciativa en el Congreso que contempla el tema. Un extenso proyecto de ley sobre "Igualdad de oportunidades y de tratos hacia las mujeres" presentado por la diputada radical Elisa Carrió establece que el Estado debe encargarse de "desarrollar el dispositivo asistencial para atender la problemática de los abortos no punibles". Las legisladoras porteñas González Gass (Alianza-UCR) y Marino (PJ) también manifestaron su preocupación por el virtual vacío legal que reveló este caso, por el cual jueces y médicos se tiran la pelota cuando una mujer violada quiere abortar. González Gass y Marino adelantaron que estudiarán la reglamentación del procedimiento en la futura ley de procreación responsable que debatirá en los próximos meses la Legislatura. Tal como informó este diario, el pedido para realizar el aborto fue presentado en el tribunal el 27 de octubre por la madre de Z.P., quien tiene 18 años pero su edad mental corresponde a una niña de 10, según determinaron los médicos forenses. Además, es epiléptica y sufre una parálisis en su brazo y pierna derecha. Según la denuncia, la chica, de nacionalidad paraguaya, fue "violada reiteradamente" por el concubino y el hijo de 14 años de la dueña de casa donde trabajaba como empleada doméstica, en la Villa 15. Producto de la violación, la muchacha quedó embarazada. Ayer, su abogada Dora Coledesky informó que la joven sufrió días atrás un aborto espontáneo. La solicitud para interrumpir el embarazo fue fundamentada en el artículo 86 inciso 2º del Código Penal que exime de pena al aborto "si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente".
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