Un caso que se transforma en escándalo para Cardoso

El ministro de Comunicaciones brasileño renunció ayer por las dudas sobre la privatización de la empresa telefónica Telebrás. La investigación podría pasar a una comisión parlamentaria.

  Fernando Henrique Cardoso separó ayer de sus cargos a cuatro funcionarios directamente relacionados con la privatización de Telebrás, la mayor empresa telefónica de América latina, entre ellos el ministro de Comunicaciones, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Es una medida inédita en cuatro años de gobierno y guarda proporción con las revelaciones contenidas en algunas de las 28 cintas grabadas ilegalmente. El tema, iniciado hace dos semanas por una denuncia anónima, desbordó las primeras tácticas defensivas ensayadas por el gobierno para neutralizar sus consecuencias, y con las renuncias conocidas ayer el caso ya es escándalo. En la Argentina hubiera sido bautizado como el "grampo-gate", pues todo se disparó con la divulgación de cintas obtenidas mediante "grampos": pinchaduras telefónicas. En ellas hay registros comprometedores para los cuatro funcionarios dimitidos, es decir: Mendonça de Barros, el presidente y el vicepresidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, responsable del programa de privatizaciones), Lara Rezende y José Pio Borges respectivamente, y el hermano del ministro, Roberto Mendonça de Barros, secretario de la Cámara de Comercio Exterior del Banco Central.

Algunos tiemblan y otros se restriegan las manos cuando recuerdan que queda mucho por escuchar, pues todas las cintas no fueron desgrabadas aún. En una de ellas ya se identificó la voz del presidente Cardoso, aunque no hay, hasta donde se sabe, algo que pueda comprometerlo. Además, la pinchadura o "grampo" es un delito y eso aborta su contenido como prueba ante la Justicia.

Luiz Carlos Mendonça de Barros alternó la actuación política con la actividad financiera entre 1983 y 1995. En ese período fue fundador de un banco de inversiones, coordinador de la campaña electoral de Cardoso en 1985, funcionario del Banco Central y fundador de otro banco de inversiones. Finalmente, el presidente Cardoso lo nombró al frente del BNDES en 1995. Acaso de tanto ir y venir de lo público a lo privado, Mendonça de Barros acabó por confundir roles y responsabilidades de un funcionario. Al menos ésa fue la sensación que dejó el ex funcionario el viernes, cuando fue citado a declarar por la Cámara de Senadores: allí, Mendonça defendió, sin despeinarse, el hecho de haber negociado con las empresas concursantes para la privatización de Telebrás antes de la apertura de los pliegos en ceremonia pública.

Desde hace dos semanas, cuando se conocieron las primeras noticias sobre el caso, cada día se desnudan nuevas complicidades. La privatización se realizó a fines de julio, superponiéndose con el último tramo de la campaña presidencial. Por ley, el gobierno estaba impedido de hacer propaganda con este proceso privatizador, pero eso no fue obstáculo para el ahora ex ministro Mendonça, quien a través de empresarios amigos creó "Brasil 2000", una organización no gubernamental que hizo lo prohibido: campaña de opinión pública en favor de la desestatización.

Ciertas coincidencias no ayudan: entre las empresas que financiaron la campaña se cuentan las mismas que ganaron la licitación. Y no es todo. Parte del dinero desembolsado por esas corporaciones fue financiado por el BNDES. DM9, además, fue la agencia publicitaria contratada para la campaña pro privatización y al mismo tiempo la empresa a la que recurrió el comando electoral "Cardoso 1999-2002".

Fuentes parlamentarias consultadas por este diario son cautas al pronosticar lo que vendrá, pero admiten que ahora tiene más fuerza una posible Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI), que estudie el contenido de las cintas y sus consecuencias para la privatización del gigante telefónico. La oposición no cuenta con el número de legisladores para solicitar la creación de esta comisión, pero ya hay voces de los partidos gubernamentales que mostraron disposición a estampar la firma en el petitorio. Son necesarios 27 senadores y 161 diputados.

Otro escenario, que no se descarta, es que las renuncias expurguen los pecados y "todo termine en pizza", como se dice en Brasil. Esto implica que se alcanzaría un acuerdo a puertas cerradas entre el gobierno y la derecha del PFL (Partido del Frente Liberal). En esta hipótesis, el Poder Ejecutivo escapa a la tormenta y las oligarquías provinciales obtienen cargos y presupuesto, como vienen haciendo en los últimos 109 años, desde que Brasil es una república.

Pero en la soledad del cuarto piso del palacio presidencial del Planalto, donde tiene su oficina, el presidente Cardoso sabe que el escándalo no lo toca, como sí lo hace el de los casi 400 millones de dólares girados a una empresa fantasma radicada en las islas Caimán. Pero al menos lo roza: es difícil aceptar que su ministro actuaba sin su aprobación.

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