En el fallo del Comité de los Lores sobre el dictador chileno, acusado de genocidio, asesinato a gran escala y toma de rehenes, confrontaron dos concepciones del liberalismo jurídico. Una procuró justicia y otra se apegó al formalismo legal. Con la norma inglesa vigente desde 1978, como bien dijo la defensa de Pinochet, hasta Hitler sería inmune en Gran Bretaña. Tres de los cinco Law Lords rechazaron esa posibilidad por aberrante, aunque los otros dos y el primer tribunal la aceptaron. Steyn, Hoffmann y Nicholls, tres apellidos para recordar, entendieron la justicia como algo más que la mera aplicación de la letra de la Ley de Inmunidad del Estado. Crearon derecho, haciendo uso de sus legítimas atribuciones legales.
Pase lo que pase más tarde, el fallo que le quita la inmunidad soberana a Pinochet “es impresionante, de proyecciones históricas [...] un signo de que la globalización alcanza de lleno al derecho internacional y a la vida política”, según la interpretación del chileno Jorge Edwards, entre muchos otros. Ante todo, fue una inmensa alegría, no sólo para sus víctimas, para los que quieren terminar con los privilegios de la impunidad, un requisito indispensable para sentar nuevas bases de convivencia pacífica entre las personas y las naciones.
Tanto la sentencia, como la solicitud de extradición del juez español que la originó, pusieron en cuestión los criterios de soberanía. Este dato es invocado por los partidarios de Pinochet, dentro y fuera de Chile, en su propio beneficio, pero también ha ganado el pensamiento de otros. Jean Daniel, de Le Nouvel Observateur, lo dijo así: “La detención del general Pinochet puede considerarse como un ataque contra la soberanía de la nación chilena. Porque Chile ha vuelto a ser una democracia. Sus ciudadanos pueden pronunciarse libremente sobre la mejor forma de reconciliar a los supervivientes y a los herederos de las masacres de las que fueron víctimas los que estaban en la oposición tras el golpe de Estado de 1973 [...] La mayoría del pueblo chileno, una vez recuperada su libertad –y en contra de la opinión de las víctimas y de los exiliados–, quiso imitar a los españoles: la mayoría no creyó oportuno volver a abrir las heridas de la guerra civil. Por lo tanto, la detención del general Pinochet no se debe a una condena de la dictadura realizada en el nombre de la justicia democrática. Esta detención se opone a una decisión soberana de una nación democrática en el nombre de dos conceptos nuevos: la universalidad del Derecho y el carácter no prescriptible del crimen, sea cual sea la edad del criminal”.
Además de estos dos nuevos, hay otros conceptos para considerar. La soberanía ya había sido violada con la colaboración o la indiferencia de muchos de los que hoy la invocan como sagrada. Penetrada no sólo por la fuerza de la globalización económica y de las comunicaciones, sino también por la voluntaria subordinación al “pensamiento único” que sometió al Estado-nación a poderes extraterritoriales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros. El primero de todos, en Chile, Pinochet con la colaboración de los “Chicago boys”. Luego, la impunidad conseguida no es fruto del simple deseo mayoritario, sino el resultado de una salida pactada, cuyas condiciones fueron impuestas a la sociedad civil por el imperio del terrorismo de Estado y, más tarde, por la debilidad de la democracia recuperada en condiciones de “democracia vigilada” por los poderes económicos que se gestaron o se beneficiaron con la dictadura. En Argentina, también las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo mismo que el indulto, podrían mencionarse como decisiones “libres”, cuando es sabido que apenas fue posible merecieron el repudio de la sociedad. La demanda popular a favor de la derogación de esas dos leyes y la ausenciade defensores de Videla y Massera, ambos en prisión, son evidencias muy claras.
Más aún: en Chile hay suficientes antecedentes que prueban la existencia de una voluntad popular de justicia. Desde que empezó 1998 se han presentado once querellas criminales contra Pinochet. En realidad, desde el Plebiscito de 1988, que fue un primer juicio político y moral de fuerza contundente, pasando por el Informe Rettig, el de la Comisión de Verdad y Reconciliación (antecedente de la política seguida por Mandela en Sudáfrica), la prisión del jefe de la policía política del pinochetismo, el general Manuel Contreras, y los inclaudicables reclamos de los defensores de derechos humanos son eslabones de una larga cadena. De manera que el fallo de los Lores no es la mera consecuencia de la universalidad de los derechos humanos, sino que atiende a concretas aspiraciones nacionales de sectores importantes de la nacionalidad chilena. Lo mismo que pasa con la Argentina. ¿Cómo podría aquí un gobierno sin ataduras con el pasado resistirse a un pedido de extradición de cualquiera de los genocidas locales?
Europa juzga lo que le conviene o lo que puede, acotan algunos críticos, que recuerdan que el premier Tony Blair viene reclamando un tribunal internacional que juzgue a Saddam Hussein, sin conseguirlo. Otros temen que el trámite del juez Baltasar Garzón sea el primero de una interminable seguidilla de causas, ya que lo que sobra en el mundo son sátrapas sin castigo. No faltan quienes ya se preguntan si en Estados Unidos podría armarse una causa contra Fidel Castro. Por supuesto que a la hora de embarullar las cosas, todo es posible, pero esa consecuencia no anula el sentido justiciero de este acto. Por otra parte, el mensaje europeo (una generalización casi inadecuada, ya que Garzón debió proceder contra la voluntad del gobierno de derecha en España) también tiene destinatarios en su propio territorio. El “modelo” de exclusión social forzada es imposible sin la fuerte presencia de derechas autoritarias, como las dictaduras latinoamericanas, aunque se llamen Le Pen en Francia. La batalla por la universalidad de los derechos humanos es, en realidad, una forma de afianzar principios civilizatorios de justicia que detengan a los bárbaros de la extrema derecha, a los racistas, a los neocolonialistas y al capitalismo salvaje.
La universalidad de la justicia, que hoy se detiene en estos episodios, llegará también contra los depredadores del medio ambiente y para los especuladores que arruinan países en nombre del exclusivo lucro rápido y abundante. La globalización que las corporaciones transnacionales impusieron en la economía tendrá que expandirse a otras áreas, como la justicia y la política, en preservación justamente de la relativa soberanía de los Estados nacionales. Es casi una ley física: a mayor acción, mayor reacción. Es la recuperación de valores que parecían condenados al olvido, como las demandas de un orden económico nuevo basado en la cooperación y en la reciprocidad que formulaban los Países No Alineados en los años 70.
El futuro legal de Pinochet ahora está en manos del ministro del Interior británico, un laborista que en aquellos años 70 andaba con el pelo largo en los mítines contra los opresores del Tercer Mundo. Es una decisión política que tomarán en cuenta factores que no están implícitos o explícitos en las leyes ni en el derecho internacional. Por lo pronto, los intereses nacionales de Gran Bretaña y los de sus relaciones exteriores. Pero también será una manera de medir la cualidad ética, el sentido de justicia, de esa nueva política que Blair denomina “La Tercera Vía”. De todos modos, hay un hecho político consumado: las democracias tendrán que hacerse cargo de sus propias historias, de lo contrario la conciencia internacional las pondrá en la incómoda situación de recordarles las tareas pendientes. Esta vez, los derechos del hombre valieron más que elderecho al uso de la fuerza por el Estado. Es una bomba de tiempo depositada debajo de cada cancillería en todo el mundo, que estremece las convencionales certezas diplomáticas y las prácticas de la “realpolitik”.
Apenas concluyó en Londres la lectura del fallo, Margaret Thatcher intervino para pedir la libertad de un “viejo, frágil y enfermo”. Este hombre está acusado por la desaparición de 1102 personas y por muerte bajo tortura y la ejecución ilegal de otros 2095 seres humanos. Así sea juzgado por los esquimales, será justicia.

PRINCIPAL