Por Norberto Bermúdez desde Madrid
 España ha iniciado
maniobras secretas para impedir que Augusto Pinochet sea extraditado a Madrid. En
principio, fueron dos conversaciones telefónicas: anteayer, día del fallo desfavorable
al dictador por la Cámara de los Lores británica, del canciller español Abel Matutes
con el chileno José Miguel Insulza; ayer, con el británico Robin Cook. El objetivo: que
Pinochet sea devuelto a Chile lo antes posible, lo que cabe dentro del poder de decisión
del ministro británico del Interior, Jack Straw. Privadamente, se admite en La Moncloa
que el gobierno conservador de José María Aznar daba por supuesto que los lores
fallarían a favor de Pinochet, y que ahora quiere que Londres bloquee la extradición.
Uno de los motivos es la fuerza de la inversión española en Chile (6500 millones de
dólares); otro, evitar el rompecabezas jurídico-diplomático que implicaría la
presencia del ex dictador en España.
No es ningún secreto que José María Aznar hubiera preferido que el sumario sobre los
desaparecidos españoles en Chile y Argentina que sustancia el juez Baltasar Garzón no
existiera. Pero cuando Garzón ordenó la detención del ex dictador Augusto Pinochet,
todas las alarmas sonaron en el Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo. Primero se
jugaron todas las cartas posibles a través del fiscal general del Estado, Jesús
Cardenal, y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, quienes
ejercieron una ferviente oposición a que Garzón continuara con sus investigaciones. Pero
el pasado 29 de octubre la estrategia gubernamental se derrumbó estrepitosamente cuando
la Sala de lo Penal decidió por unanimidad que Garzón era competente para instruir el
sumario 19/97. De muy mala gana, Aznar no tuvo más remedio que respetar la decisión de
los Tribunales y remitir a Londres el pedido de extradición del ex dictador chileno. Eso
provocó un incidente diplomático con Chile, que retiró su embajador, Sergio Pizarro, y
protestó contra la injerencia española en sus asuntos internos. Ayer, tal vez en una
señal de que las cosas están manejándose a favor de Pinochet, el embajador estaba de
vuelta en Madrid.
Es que Aznar ha decidido maniobrar en el terreno político con el objetivo de lograr que
Gran Bretaña finalmente no entregue a Pinochet a la Audiencia Nacional. Según confió a
Página/12 una fuente de inobjetable solvencia, el miércoles 25, el titular de Relaciones
Exteriores español, Abel Matutes, mantuvo una prolongada conversación telefónica con su
colega chileno, José Miguel Insulza, y ayer hizo otro tanto con el británico Robin Cook.
Matutes, además de coincidir con Insulza en que la única manera de garantizar la
continuidad de las relaciones bilaterales era conseguir que Pinochet regresara cuanto
antes a Santiago, prometió que apoyaría la misión que el chileno inicia hoy en Londres:
tratar de persuadir a Straw que conceda la libertad a Pinochet por “razones
humanitarias” o por cualquier otra razón.
En su posterior contacto con el titular del Foreign Office, Matutes anticipó que un
apocalipsis se desataría en Chile en caso de que Londres diera la autorización
gubernativa para iniciar el juicio de extradición de Pinochet. Según dijo Matutes a su
interlocutor inglés, existe la constatación de que el ejército chileno se encuentra en
estado deliberativo y que su comandante, general Ricardo Izurieta, ha sido severamente
cuestionado. El ala dura castrense, encabezada por el comandante de Tercera Región
Militar, general Hernán Ramírez, habría impuesto un plazo perentorio a Izurieta para
lograr la solución de la crisis, de lo contrario “adoptarían las medidas más
convenientes”. Matutes también hizo saber a Cook que, en caso de que Pinochet no
fuera devuelto, las inversiones peninsulares en Chile se verían seriamente afectadas. De
algún modo, las maniobras podían detectarse en un cambio de tono de sus protagonistas,
que pasaron de entonar un aséptico “respeto a la ley” a enunciar posiciones
políticas que significan un aval a la actitud del gobierno chileno. Por un lado, Aznar
ayer dijo que “los hechos ocurridos en Chile deberían ser juzgados por un tribunal
internacional ad hoc”, pero evitó explicar las razones por las que tal instancia
aún no existe y probablemente jamás existirá. Por su lado, Matutes sostuvo que “la
posición del gobierno chileno en este asunto hay que calificarla como mínimo de muy
respetable”, al tiempo que recordó que “Chile es un país soberano que ha
iniciado un proceso de transición a la democracia que ha servido de ejemplo a otros
muchos países en el mundo y especialmente en América con buenos resultados”.
Matutes calificó la decisión de los lores como “controvertida” y opinó que
Chile “contesta la legitimidad de otros países de tomar decisiones que entienden les
corresponde a ellos”.
A ese coro se sumó Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior: “Ojalá Chile no se
divida, ojalá no tenga una confrontación mayor que la actual, ojalá las aguas se
serenen”. La pelota está en el campo de Londres.
| Italia contra la corriente El canciller italiano, Lamberto Dini, manifestó ayer estar
“turbado” porque “la voluntad de los países europeos va en dirección
contraria a la del gobierno democrático chileno”, en referencia a la posición de
muchos países europeos a favor de la revocación de la inmunidad de Augusto Pinochet. La
actitud de Dini es extraña: Italia está gobernada por una coalición de centroizquierda
y su premier, Massimo D’Alema, es de extracción comunista. D’Alema compartió
ayer una conferencia de prensa con su colega español, José María Aznar, en donde
afirmaron que es el Tribunal Penal Internacional (TPI), todavía sin funcionar, el que
debe juzgar este tipo de crímenes. Quizás el gobierno italiano quiera ser prudente
cuando aún no se decidió el destino final de una querella contra Pinochet presentada en
Milán. O quizás se trate de un rechazo implícito a los reclamos de Turquía por la
extradición del líder kurdo Abdullah “Apo” Ocalan, detenido hace dos semanas
en Roma. De hecho, la prensa turca celebró la decisión de los lores y señaló que
Italia debería seguir el ejemplo. |
JACK STRAW, MINISTRO Y EX MILITANTE, ENFRENTA
UN DILEMA
Londres quiere postergar la decisión
Por Marcelo Justo desde Londres
Un Jack Straw cada vez
más enfrentado a un dilema hamletiano pidió ayer a la Corte de Extradición de Bow
Street que le conceda siete días adicionales para decidir si da curso a la extradición a
España del ex dictador Augusto Pinochet o si lo perdona por “razones
humanitarias” y permite su regreso a Chile. El ministro del Interior británico, en
cuyas manos recae la decisión, reclamó a los magistrados una extensión del plazo para
expedirse del 2 al 9 de noviembre. Esto abarca también a Pinochet, que debía presentarse
ante los tribunales de extradición el 2 de noviembre pero ahora recién debería hacerlo
el 9. En diversos medios se coincidía que la decisión de los Lores había tomado por
sorpresa a todos y que el principal desconcertado era Straw.
“¿Cómo va a darle Straw la libertad a Pinochet si estuvo conmigo en la lucha de
solidaridad por el pueblo chileno?” Presente en la manifestación de anteayer
enfrente del Parlamento británico, con una sonrisa desbordante tras el anuncio de los
lores, Ernesto Leal, exiliado en Gran Bretaña durante 21 años, recordó al joven Jack
Straw, un militante de pelo largo que se solidarizaba con la lucha contra la dictadura
chilena en los años ‘70. Ese Jack Straw, de gafas a lo John Lennon e ideas
incendiarias, provenía de la universidad de derecho donde en los ‘60 había
alcanzado la presidencia de la Unión Nacional de Estudiantes. La fecha es clave. Los
‘60, es decir la época de mayor radicalismo estudiantil en los países del primer
mundo, cuando la guerra de Vietnam era un punto de convergencia para la lucha callejera.
Nacido al final de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de agosto de 1946, Jack Straw respiró
la política desde la cuna. Su madre fue concejal laborista y su padre, un objetor de
conciencia durante la Segunda Guerra. Ambos ejercieron su influencia. A los 12 años Straw
participó en su primera marcha política en favor del desarme unilateral británico y a
los 13 dio su primer discurso político. En 1971, a los 25 años, después de su pasaje
por el activismo estudiantil, se convirtió en concejal por el laborismo, y en 1979 en
diputado.
Pero el Straw que tendrá que decidir sobre el proceso de extradición a Pinochet es una
versión “aggiornata” que ha seguido los desplazamientos del laborismo hacia el
centro del espectro político y que no ha dudado en situarse a la derecha partidaria en
muchos temas. Como ministro del Interior en la sombra en 1994, Straw siguió a la letra el
mensaje que catapultó a la fama a Tony Blair: “Duro con los delincuentes y duro con
las causas de la delincuencia”. Este mensaje puso fin a la tradicional posición
laborista, que era atribuir la delincuencia a causas sociales y descartar como solución
toda medida represiva, y les birló a los conservadores el título de guardianes de la paz
y seguridad de los ingleses.
Como ministro del interior en el gobierno, Straw siguió impulsando estas políticas
duras, que los representantes de los derechos civiles han calificado como represivas. Uno
de los más claros ejemplos de este endurecimiento es la política de “Tolerancia
Cero” hacia la delincuencia plasmada en algunos casos polémicos como el toque de
queda para adolescentes en ciertas zonas de alto nivel delictivo. Sus aliados citan su
política abierta en el espinoso tema de las cárceles en Gran Bretaña, como prueba de
que sus viejos instintos siguen en pie. No cabe duda que el caso Pinochet pondrá a prueba
cuánto de aquél idealista militante por la solidaridad con Chile que recuerda Ernesto
Leal sobrevive en el serio yresponsable padre de familia que hoy está a cargo del
ministerio del interior de Gran Bretaña.
“Este es un mensaje a todos los
dictadores”
Isabel Allende, diputada
socialista e hija del presidente depuesto por Pinochet, no cree que haya una amenaza a la
transición.
“La democracia se fortalece
con la verdad y la justicia”.
“He pensado mucho en mi papá y en sus últimas palabras”. |
|
Por Ramón Lobo
“Fue histórico. Un
triunfo de la justicia y de los derechos humanos. Han sido 25 años muy duros, llenos de
humillaciones, de desprecios, de frases injuriosas. Al final, lo que quiere decir esta
sentencia es que la justicia puede tardar, pero llega”. Quien habla así es diputada
del Partido Socialista de Chile, socióloga de profesión, de 53 años. No es una persona
cualquiera, es Isabel Allende, hija del presidente constitucional derrocado por Pinochet
en 1973.
Viste traje de chaqueta, tiene el pelo suelto y unos ojos negros muy vivos y hermosos.
Parece feliz. “Hoy he pensado mucho en mi papá”, admite. “He recordado
algunas de sus últimas palabras en La Moneda... cuando hablaba del castigo moral a la
traición y a la felonía... Este es un gran día para todos nosotros, para las familias
de los desaparecidos que tanto han padecido. Han pasado 25 años en los que no hubo una
sola palabra de arrepentimiento por parte de Pinochet... Esta sentencia es, ante todo, un
mensaje de esperanza: la justicia llega, tarde, pero llega. Esta es una sentencia que
habla de principios.”
Isabel Allende, que concedió esta entrevista en la sede del PSOE en la calle Ferraz de
Madrid, sostiene que una eventual extradición de Pinochet a España no pone en peligro la
transición chilena. “Estoy absolutamente convencida de ello... Al contrario, todas
las democracias se fortalecen cuando están basadas en principios sólidos como son la
verdad y la justicia. ¿Cómo puede debilitarse una democracia cuando se demuestra que
nadie está por encima de la ley? Esto es absurdo.”
La hija de Allende también considera que este proceso legal contra el ex dictador no pone
en peligro las relaciones entre Chile y España “que se basan en vínculos muy
sólidos y profundos”. Pero acusa a la derecha pinochetista de haber creado un clima
de enfrentamiento y crispación. “Ese tipo de acciones, como la quema de banderas o
los llamados al boicot, son amenazantes e inaceptables; demuestran una dosis de
desquiciamiento que puede ser el cultivo de alguna reacción individual”
extemporánea.
La parlamentaria rechaza que esta sentencia británica o un eventual juicio a Pinochet en
España pueda ser considerado un ataque frontal a la soberanía chilena. “Ese es el
discurso patriotero de la derecha que ha asociado la soberanía con Pinochet... Yo no
siento hoy mi soberanía afectada, lo que sí me produce una profunda indignación
personal es saber que el exterminio fue una política de Estado en mi país”. Isabel
Allende sostiene que la decisión adoptada por los lores británicos “va más allá
del caso Pinochet”, que es, en realidad, “un mensaje a todos los dictadores del
mundo y a los que puedan serlo en el futuro... Los crímenes contra la humanidad son
delitos que nos afectan a todos como ciudadanos del mundo”. Allende asegura que si
este principio hubiera estado asentado hace 25 años, cuando el golpe de Estado del 11 de
setiembre de 1973, “se habrían evitado tal vez muchos muertos”.
Y espera que Pinochet pueda ser juzgado. “No es una cuestión de venganza, no; es
sólo una cuestión de principios, de que se haga justicia. Yo hubiera preferido que se le
juzgara en Chile, pero ahí no es posible, existe una ley de amnistía dictada por la
dictadura y unos jueces militares que lo impiden... Esta es una excelente oportunidad para
esa derecha, que tanto ha declarado estos días que el general podía ser juzgado en
Chile, lo demuestre permitiendo la reforma de la actual Constitución”.
Allende no cree que este caso ponga en peligro la estabilidad del gobierno de la
Concertación. “Tenemos diferencias entre nosotros, eso estáclaro, pero nosotros
hemos preferido destacar las diferencias que nos separan con los partidarios del ex
dictador”. La hija de Allende sostiene que estas últimas semanas han servido para
poner a la sociedad chilena delante del espejo. “Ahora somos más sinceros con
nosotros mismos, ya no se habla de excesos, sino de asesinatos. Ya no se habla de gobierno
militar, sino de dictadura. Es algo esencial, aprender a reconocer lo que pasó; es el
único camino hacia la reconciliación.”
Tampoco cree que si Pinochet regresara a Chile, expulsado por el gobierno británico por
razones humanitarias, pueda decirse que su figura sale indemne. “Llegaría humillado
por sus propias decisiones y por sus errores.”
AMENAZAS DE BOMBA Y 116 DETENIDOS EN SANTIAGO
En las calles se respira violencia
El día
después en Chile amaneció con 116 detenidos por las manifestaciones a favor y en contra
del fallo que revoca la inmunidad de Augusto Pinochet y siguió con distintas amenazas de
bomba en el Congreso y en la sede de la Fundación Salvador Allende. El canciller chileno
José Miguel Insulza viajó a Londres para pedir por la liberación del ex dictador y el
presidente Eduardo Frei, luego del encuentro de anteayer del Consejo de Seguridad Nacional
(Cosena, dominado por las fuerzas armadas), convocó al Consejo de Gobierno para analizar
los caminos a seguir en la defensa a Pinochet. Según fuentes castrenses, los militares
están “irritados” e “indignados”, pero en el Cosena manifestaron su
“respaldo irrestricto” a las gestiones del gobierno.
“Yo no defiendo al dictador de los años 70 y 80. Defiendo al país”, dijo ayer
Insulza respondiendo a las críticas que caen sobre él tanto de su Partido Socialista
como de la derecha, que reclama una reacción más enérgica por parte del gobierno. Los
socialistas, que están en el gobierno, no apoyaron la gestión oficial en defensa de
Pinochet. Y la derecha esperaba que Frei mandara “una comisión de alto nivel”
que hiciera lobby antes de la decisión de los lores.
Desde la detención de Pinochet, el gobierno chileno defendió los principios de
territorialidad (de los delitos de la dictadura) y de inmunidad del ex dictador, pero Frei
advirtió ayer que no aceptará “presiones de grupos”. De hecho, el presidente
chileno rechazó ayer a una delegación de partidos de derecha, y el senador Mario Ríos,
de Renovación Nacional, fue ayer a La Moneda en una gestión personal para mejorar las
relaciones con el gobierno.
Esta actitud de Frei se repite respecto de los militares. En la reunión anterior del
Cosena, realizada luego de que el gobierno español enviara a Londres el pedido de
extradición contra Pinochet, el jefe del Ejército general Ricardo Izurieta le había
pedido al presidente que rompiera relaciones diplomáticas con España y Gran Bretaña.
Frei se negó terminantemente y ayer, antes de un nuevo encuentro del organismo, confirmó
que el vínculo no se iba a alterar. Ayer, el embajador chileno en Madrid, Sergio Pizarro,
volvió a la capital española luego de haber sido llamado a Chile como “signo de
molestia” ante la extradición. El general Izurieta se reunió ayer con la
guarnición militar de Santiago.
Mientras tanto, en las calles sigue habiendo violencia. Los carabineros informaron que
casi 120 personas fueron detenidas anteayer por desórdenes en los actos a favor y en
contra de Pinochet, y ayer la sede del Congreso en Valparaíso y la oficina del senador
democristiano Andrés Zaldívar recibieron advertencias de bomba. La policía revisó un
paquete sospechoso, encontrado en la céntrica estación de subte de Universidad de Chile,
y un maletín ubicado en el frente de la Fundación Salvador Allende. Aunque ninguna de
estas amenazas derivaron en estallidos, en el barrio de Las Condes –de extracción
derechista–, una bomba de escaso poder estalló en la noche del miércoles.
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