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Por Adrián H. Mouján  La posibilidad de
que tribunales extranjeros enjuicien a ex dictadores argentinos no es precisamente el
mejor de los panoramas que Carlos Menem pudiera desear. Quizás motivado por eso, el
Presidente reiteró su respaldo al gobierno de Eduardo Frei en contra de la decisión de
la Cámara de los Lores británica de no conceder la inmunidad diplomática a Augusto
Pinochet. Curiosamente, los senadores oficialistas igual suscribieron una declaración de
condena al dictador chileno refrendada por toda la Cámara.Horas después de concretar una operación en conjunto mediante el cual logró birlarle dos bancas a la oposición, la Casa Rosada y la bancada oficialista en la Cámara alta exhibieron posiciones encontradas respecto de la figura de Pinochet. Mientras el Gobierno volvió a respaldar al presidente chileno Eduardo Frei en sus cuestionamientos a la decisión británica, los senadores aprobaron por unanimidad una declaración repudiando al senador vitalicio detenido en Londres. “Nuestra solidaridad es total con el gobierno chileno, con el que coincidimos en los principios jurídicos genéricos y específicos sobre el caso Pinochet”, fue la frase con la que en la Casa Rosada dejaron en claro su apoyo al reclamo del gobierno chileno para que Gran Bretaña respete “el principio de territorialidad”. La reacción de la Cámara de Senadores se situó en la vereda opuesta: emitió una declaración en la que consideró a Pinochet como “un traidor a la causa latinoamericana”. Con la derrota que le asestaron los grupos defensores de los derechos humanos al conseguir el arresto de los ex represores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, sumado a la posibilidad de que esta situación se extienda al ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y al tucumano Antonio Domingo Bussi, el Gobierno utiliza el caso de Pinochet para adelantar los argumentos que podría esgrimir si algún represor argentino es reclamado desde el exterior. “La defensa de la territorialidad, la irretroactividad y la figura de la cosa juzgada”, son los tres pilares en los que se apoya la estrategia oficial luego de que los jueces españoles Baltasar Garzón y Manuel García Castellón iniciaran la caza de ex dictadores latinoamericanos. En su declaración, la Cámara alta hizo hincapié en “la irrestricta defensa de los derechos humanos y en el repudio a todos los que los han violado, entre ellos el general Pinochet”. Los senadores del oficialismo, que apoyaron la iniciativa, chocaron con la posición que marca la Casa Rosada y que acató otro legislador, el titular del bloque de diputados justicialistas, Humberto Roggero, quien señaló que “si se acepta el principio de extraterritorialidad se sentaría un mal precedente”. El diputado por el PJ cordobés rechazó el hecho de que Pinochet pueda ser juzgado en España al señalar que “es la Justicia chilena la que debe actuar, así como lo hizo la argentina cuando los magistrados decidieron detener a Jorge Rafael Videla y Emilio Massera”, aunque olvidó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, además del posterior indulto decretado por Menem, que les permitió a los represores recuperar su libertad hasta que los jueces argentinos sacaron a relucir las causas por apropiaciones de bebés, un delito expresamente dejado de lado en las sucesivas leyes de perdón. “Lo que hace el juez Garzón, jurídica, política y moralmente es correcto. No hay otro lugar en donde pueda estar Pinochet que no sea la cárcel. En el caso de violaciones a los derechos humanos no se puede hablar de territorio o jurisdicción, los genocidas tienen que estar en la cárcel”, afirmó el riojano Jorge Yoma, fijando a la vez su posición y defendiendo lo actuado por la Cámara. Otros miembros del bloque oficialista explicaron que “una cosa son los partidos y los legisladores, y otra cosa es el Estado. El gobierno del presidente Menem, que en estos momento representa al Estado, ha decididopor una cuestión política y geoestratégica apoyar a Chile en su reclamo por el tema de la territorialidad, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que pensar igual”. Los senadores justicialistas explicaron que “esa declaración no es más que una forma de congratularnos por lo que le está sucediendo a Pinochet y a otros dictadores o represores”. Yoma aseguró que “el espíritu y la letra de la declaración la compartimos todos los miembros del bloque. Aunque algunos colegas abrieron el paraguas sobre el tema de la territorialidad”. “La pregunta es si los países del Tercer Mundo podremos juzgar en algún momento a algún genocida francés, británico o norteamericano que haya violado los derechos humanos en la guerra de la ex Yugoslavia o en Ruanda, por ejemplo”, dijeron los legisladores. La iniciativa la presentó el radical riojano Raúl Galván antes del viaje de Menem a Gran Bretaña pero acordó con el justicialismo “dormirla” hasta el regreso del Presidente. En ese lapso, Galván arregló con sus pares justicialistas endurecer el párrafo en el que se repudiaba a Pinochet por las violaciones a los derechos humanos. Es que en sus primeras líneas, la declaración repudia “las acciones desplegadas por el ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, en apoyo a las acciones armadas de Gran Bretaña en la guerra de 1982 por las islas Malvinas”. Por esa razón el Senado consideró a Pinochet “un traidor a la causa latinoamericana”. Con la clara intención de amortiguar el impacto de su respaldo a Pinochet, a quien Menem dijo “respetar”, el Gobierno utilizó la pantalla de su “entusiasta apoyo” a la creación de la Corte Internacional que comenzará a trabajar con la imposibilidad de revisar muchos casos del pasado, excepto los casos de la ex Yugoslavia, ya que algunos países europeos tienen pensado que el primer criminal que se siente en el banquillo de los acusados sea el serbio Radovan Karadzic.
Mingo no quiere preso al dictador
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En 1988 cuando en Chile se realizaba el plebiscito para resolver la continuidad de
Pinochet en el gobierno, Menem, entonces candidato presidencial del PJ, le envió un
telegrama de felicitación al dictador y otro a la Concertación, que luego llevó a la
presidencia a Patricio Aylwin.