Por Adriana Meyer
 La decisión sobre
el arresto domiciliario de Emilio Massera está por ahora en manos del fiscal de la causa
por la cual el dictador está preso en Campo de Mayo. Sin embargo Página/12 pudo saber
que esta decisión que se conocerá hoy no se referirá a la cuestión de fondo, sino que
le dirá a la jueza María Servini de Cubría que primero tome todas las medidas que
establece la Ley para decidir sobre la cuestión. Una vez cumplido esto, el fiscal
rechazaría el pedido. Para obtener ese beneficio Massera debería ser sometido a
exámenes médicos, psicológicos y sociales. Su abogado aduce que tiene hipertensión y
problemas cardíacos, pero ayer lo vieron trotando por el bosque que rodea su lugar de
detención.
Servini de Cubría le pidió ayer al fiscal Luis Comparatore que se expida sobre la
solicitud del abogado Miguel Arce Aggeo. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que
el fiscal considera que Massera está más tranquilo en Campo de Mayo, tanto para él como
para la sociedad. Comparatore se basará en la Ley de Ejecución Penal (24.660) para
resolver, pero también tendrá en cuenta la conmoción social que ha producido el caso.
Otros funcionarios judiciales opinaron que, en caso de concederle el beneficio, habría
que tener mucho cuidado sobre el lugar elegido. “Si lo ponés cerca del río, se
puede tomar el buque. Si lo dejás en un piso alto, quizás le agarra la tentación de
tirarse”, bromeaban en los pasillos de Comodoro Py.
Si Massera tuviera menos de 70 y hubiese que utilizar el parámetro de su salud, tampoco
se iría a su casa. Fuentes de Gendarmería citadas por la agencia DyN consignaron que el
dictador ayer a la mañana “hizo ejercicio y trotó por el lugar”. Pero su
abogado presentó un informe médico a la jueza que dice que el ex almirante padece
“hipertensión arterial y estenosis aórtica con bloqueo de la aurícula ventricular
de primer grado”, por lo cual solicitó que lo trasladen a un lugar más accesible
para los médicos. Según la agencia Télam, a una casa del Tigre. Arce Aggeo afirmó a
Página/12 que ahora Massera se encuentra en un sector de “máxima seguridad, lo cual
es beneficioso también para él”.
La Justicia se basa en la edad que tiene el dictador podría permitir que vuelva a su
departamento de la avenida Libertador. Pero el artículo 33 de la Ley dice que el
beneficio es para los condenados. Massera está procesado, pero aquí puede abrirse la
polémica. Fuentes judiciales opinaron que el beneficio se aplica “por
extensión” a los procesados. Sin embargo, la realidad indica que a algunos
procesados se les permite plegarse al régimen del condenado, pero esto sólo redunda en
beneficios para el movimiento del preso dentro de la cárcel. No tiene nada que ver con la
obtención de una semi-libertad, como puede ser el arresto domiciliario. Según la
Consultoría para el Abordaje de la Problemática Penal, en la cárcel de Caseros hay un
creciente malestar por el privilegio del que goza Videla y que podría también tocarle a
Massera. En el piso catorce hay dos detenidos de 77 y 79 años a los cuales no se les ha
otorgado la posibilidad de purgar sus condenas en sus casas. Uno de ellos está allí por
un delito menor.
| Competencia de los jueces En los juzgados de Adolfo Bagnasco y María Servini de Cubría prefirieron
ignorar por ahora un posible conflicto de competencia que podría producirse en las causas
que investigan distintas responsabilidades en el delito de apropiación de los hijos de
los desaparecidos durante la dictadura. “Esta cuestión será definida por la Cámara
Federal en su momento”, fue la frase que se escuchó. Fuentes judiciales coincidieron
en afirmar que los dos jueces investigan casos distintos, y la modalidad del delito es
diferente. Bagnasco analiza la autoría mediata de quienes “proporcionaron, a través
de su acción gubernamental, el andamiaje político-administrativo para el éxito y la
impunidad”, según las palabras del fiscal Eduardo Freiler. Servini –en
cambio– estudia los casos concretos de niños nacidos en cautiverio. Pero el abogado
de Emilio Massera no piensa lo mismo, y está preparando un escrito por el que pedirá que
todas las causas similares queden en manos de Servini, tal como había adelantado en un
reportaje publicado en este diario. |
DOCUMENTACION SOBRE DESAPARECIDOS BOLIVIANOS
Garzón también va por Hugo Banzer
El juez
español Baltasar Garzón recibió ayer una importante documentación y testimonios que
refuerzan las pruebas existentes sobre la coordinación y cooperación entre los
regímenes dictatoriales de Bolivia, Argentina y Chile en la década del 70. Entre los
papeles aportados por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires
por la Liberación Nacional (ASOFAMD) de Bolivia figuran las directivas del Consejo
Nacional de Seguridad, firmadas por el actual presidente boliviano, Hugo Banzer.
Las directivas se refieren a la represión y “aniquilamiento” de los
“extranjeros ligados a la subversión y de los castrocomunistas que retornen del
exilio”. Además, le fue entregado a Garzón un cablerradiograma rotulado como
“Sistema Cóndor”, sobre el intercambio de información en el caso del joven
boliviano Walter Oviedo, producida en Argentina.
Loyola Guzmán y José Luis Sáenz, miembros de ASOFAMD, testimoniaron sobre la
desaparición de más de veinte bolivianos en Argentina y la detención de seis argentinos
y cinco chilenos en Bolivia, que luego fueron trasladados a sus respectivos países.
También declaró ayer el periodista argentino Martín Sivak, autor del libro El asesinato
de Juan José Torres, quien aportó cintas grabadas y documentos sobre la participación
de la dictadura de Banzer en la operación Cóndor. El dictador, ahora presidente
constitucional, sólo tuvo que afrontar un juicio –que quedó inconcluso– por su
responsabilidad en la represión ilegal en Bolivia. Pero, según afirmó Guzmán, “a
partir del encarcelamiento de Augusto Pinochet, en Bolivia muchos piden que se enjuicie a
Banzer”.
OPINION
No banalizar a los nazis
Por Daniel A. Stragá * |
Un
partido nazi se cierne sobre la democracia argentina. Su nombre: “Nuevo Orden”,
idéntico al título de la prensa del Partido Nacionalsocialista Obrero alemán (prohibido
en Alemania). Se define como “nacionalrevolucionario”, igualito a sus primos
hermanos de la Vanguardia Nacional Revolucionaria, nazis hispanos. Tampoco puede
sorprender que se reúnan en torno de librerías. El nazi español Pedro Varela (condenado
a 5 años de prisión por apología del Holocausto) difundía su “plaga” a
través de una librería en Barcelona. Pertenezco a la subhumanidad criminal judeo
marxista. Así definieron los PNOSP por Internet a la Correpi. La terminología clásica
del hitlerismo caracterizaba al enemigo como un ser biológicamente inferior. Después de
una profanación de cementerios judíos, el ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja,
sostuvo que existían “nidos de nazis que se enmascaran en distintos nombres”.
Efectivamente no usan el apelativo nacionalsocialista y sí el eufemístico de
“social-patrióticos”. Se abstienen de calificar a la comunidad judía para no
consumar un delito. ¿Qué hace el Estado para detener a la plaga? El secretario Toma
creó una burocrática oficina de seguimiento de las actividades de los grupos neonazis.
Pero Toma adoptó similares posiciones xenófobas cuando dijo que era necesario
“deportar inmigrantes ilegales que son el pasto de la delincuencia”. Los
profetas del odio, los apologistas del antisemitismo, los que detestan a los judíos,
bolivianos, chilenos y coreanos, que aborrecen a las Madres, que amenazaron con defender a
los “escrachados” de HIJOS, que denostan a la Correpi en cada una de sus
publicaciones, hacen actos públicos y hasta quieren participar en elecciones. No es un
grupúsculo de mamarrachos. Son nazis. Hace unos años pintaron loas a Rosas firmando
“Grupo de Tareas”. Y el 24 de marzo de 1996 hicieron una parada militar en
homenaje a Videla. Ahora acaban de hacerle el aguante a Massera. No se puede trivializar
su existencia. La escritora judía Hannah Arendt llamó a su libro sobre el nazismo La
banalidad del mal. No se puede banalizar a aquellos que son nazis. Identificarse como
nazi, en la Argentina, es un delito pues se violan las disposiciones de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y
obviamente la ley 23.592. Es inaudito que los nazis nucleados en ese partido hoy tengan
aspiraciones electorales junto a declarados golpistas. La democracia argentina no puede
permitirse semejante indolencia.
* Abogado. Coordinadora Contra la Represión Policial Institucional (Correpi) |
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