Por Fernando Almirón
 En apenas 24 horas,
gracias al férreo respaldo de la Cámara de Senadores, los servicios de inteligencia
fueron beneficiados al cambiarse el sentido de dos proyectos de ley que ingenuamente
pretendían limitar la voracidad de los organismos estatales dedicados a espionaje. Por un
lado la iniciativa destinada a penalizar las “pinchaduras” a los teléfonos de
políticos, periodistas y dirigentes sin distinción partidaria terminó convertida en una
norma que limita a las claras la libertad de prensa. La Ley de Hábeas Data, que aprobó
ayer la Cámara alta, también fue sometida a un pase malabarista que cerró su acto con
la desaparición de su sentido. Así, lo que se exhibía como un nuevo derecho civil, que
habilitaba el acceso a los archivos secretos que la Inteligencia del Estado tenía de los
ciudadanos, terminó por dotar de marco legal a las dependencias de espionaje, quienes de
ahora en más tendrán licencia para transmitir su banco de datos a sus pares de otras
latitudes del mundo. La globalización de la inteligencia.
En los primeros minutos de ayer, sorpresivamente, la Cámara de Senadores aprobó en
general y particular el proyecto de ley que penaliza las escuchas telefónicas ilegales,
la grabación de diálogos entre personas sin consentimiento mutuo, la obtención de
imágenes obtenidas clandestinamente, y la difusión de las mismas. El dictamen que
posibilitó la sanción de la norma en el recinto fue aprobado tanto por la mayoría
justicialista, el bloque de la Alianza y los representantes de partidos provinciales
generalmente alineados a los deseos oficialistas. Todos ellos estamparon su firma al pie
del proyecto elaborado por el correntino Angel Pardo (PJ), hace ya más de un mes atrás.
Fue un jugada de última hora, después de la jura de dos senadores cuyos diplomas fueron
denunciados como ilegítimos por la oposición radical: los peronistas Hugo Saguer del
Chaco, y Rubén Pruyas de Corrientes. Al filo del mismo día se incorporó en el temario
el tratamiento del proyecto de ley sobre las escuchas ilegales y las cámaras ocultas, que
estaba pendiente de resolución desde la anteúltima sesión de la cuerpo. La UCR, salvo
Antonio Berhongaray y un par de senadores radicales más, ya habían abandonado sus bancas
antes del anochecer de un día oscuro. Y se quedaron para votar en contra de un proyecto
que en realidad apoyaban. Al menos así lo manifestó a este diario el senador radical
Jorge Villaverde, quien le aseguró a Página/12 que la norma que pasó a la Cámara de
Diputados para su sanción definitiva, “de ninguna manera permite una interpretación
que atente contra la libertad de prensa”.
El legislador opinó que la nueva norma separa claramente “los actos que corresponden
a la intimidad de la personas de aquellos considerados como públicos”, y que la
legislación aprobada “de ninguna manera limita la investigación legítima del
periodismo, siempre y cuando su difusión sea considerada de interés público”. El
representante por Catamarca negó de plano que la ley beneficie el accionar de los
servicios de Inteligencia estatales. De todos modos no señaló entre los artículos de la
norma cuáles están específicamente destinados a controlar a los organismos de
inteligencia.
La ley, que pasará a la Cámara de Diputados para lograr su sanción definitiva, fue
objeto de modificaciones por iniciativa del peronista Jorge Yoma. Sus disidencias,
finalmente aprobadas, buscaron atenuar los efectos “mordaza” dirigidos a los
medios. También reparó absurdos como el derecho de un amenazado a grabar a su amenazador
sin tener que pedirle su consentimiento, tal como lo establecía el proyecto original. De
todos modos, la libertad de prensa, de sancionarse definitivamente la norma, pasará a ser
objeto de interpretación judicial, es decir, cuál es la frontera entre lo privado y lo
público de los funcionarios y representantes parlamentarios, y qué cosa es el
“interés público” que separa uno y otro lado de las rejas a la tarea
periodística.
La doctrina de seguridad
Por F.A.
Los servicios de inteligencia están de fiesta.
En menos de una semana el sentido de dos proyectos de ley que pretendían limitar su
actividad terminó como un guante dado vuelta que encaja justo en la mano que mece la cuna
de un nuevo nacimiento: la doctrina de la seguridad regional. La nueva política
continental auspiciada por el Departamento de Estado norteamericano fue anunciada el lunes
pasado por el ministro del Interior, Carlos Corach, ante los responsables de la seguridad
de 34 países durante la II Conferencia Interamericana sobre Terrorismo, auspiciada por la
OEA.
Y no se trata de un hecho aislado. Después de dos días de deliberaciones los
participantes aprobaron un compromiso, denominado “acuerdo de Mar del Plata”, en
el que se propone crear un comité antiterrorista en el marco de la OEA para la
prevención y eliminación de sus acciones. Entre las primeras medidas figura la creación
de un banco de datos internacional que contenga los antecedentes de todas aquellas
personas u organizaciones sospechadas de vínculos terroristas.
En este sentido, la tarea de inteligencia cobró un inesperado protagonismo en el
firmamento donde brillan las estrellas de la bandera estadounidense. Y la Argentina, quien
lideró la creación del nuevo comité, no podía dejarse doblegar por un par de
legislaciones elucubradas en un instante de fervor democrático. Así, la ley de habeas
data se convirtió en un marco legal que legitima el funcionamiento de los servicios de
inteligencia, y entre otros beneficios los habilita para transmitir sin consulta previa su
banco de datos a gobiernos extranjeros. También se pueden negar a abrir sus archivos,
pueden llevar a cabo tareas de espionaje argumentando razones de Estado y trasladar a la
prensa las culpas por difundir la información sobre funcionarios corruptos. |
LA INFORMACION DE LOS CIUDADANOS
Datos en manos ajenas
El Senado
aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley que regula el derecho constitucional de
hábeas data, el que supuestamente debería permitirle a los ciudadanos acceder a todos
los bancos de datos y archivos que contengan información sobre su persona, ya sean
estatales o privados. Sin embargo el bloque justicialista, embriagado por una secuencia
exitosa de consumaciones políticas, aprovechó una vez más su mayoría en el recinto
para votar a favor de aquellos artículos que le aseguran inmunidad operativa a los
servicios de inteligencia.
El Hábeas Data fue incorporado como un nuevo derecho en el artículo 43 de la
Constitución reformada en 1994. Recién ahora se logró consensuar su reglamentación.
Sin embargo, y pese a que el proyecto de ley fue votado por unanimidad por todos los
bloques, la oposición considera que los artículos de la nueva norma desvirtúa por
completo el sentido de la ley.
El espíritu de la legislación apuntaba a evitar la formación o conservación de base de
datos o archivos sin el previo consentimiento de las personas registradas. Establecía
penas para aquellos que utilizaban esos datos para beneficio propio. Tenía por objeto
“proteger integralmente los datos de carácter personal asentados en archivos,
registros, bancos de datos (...) para garantizar el honor y la intimidad de las
personas”. Se esperaba que sirviera para regular la actividad de los servicios de
inteligencia del Estado que someten a espionaje a buena parte de la población. Se
suponía que un ciudadano podría reclamar ante estos organismos una copia del contenido
de los archivos abiertos a su nombre. Sin embargo no será así.
La Ley de Hábeas Data aprobada ayer por los senadores habilita a los organismos del
Estado a llevar archivos de personas sin su consentimiento previo. También, estos
organismos, pueden negarse sincerar la información que tienen en su poder ante el
requerimiento de un ciudadano, y aún más: estaría legislativamente habilitada para
intercambiar su base de datos con otros organismos de inteligencia, tanto nacionales como
internacionales, tal como fue acordado en la Conferencia Interamericana sobre Terrorismo,
donde se decidió globalizar la Inteligencia continental.
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