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 El Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 9 condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso a un
matrimonio que mantenía atado y encadenado a una silla y otras estructuras metálicas a
su hijo de 11 años, quien tenía problemas de conducta desde pequeño. Durante la
audiencia el padre explicó que lo castigaba de ese modo para evitar que se fugara de la
casa y se fuera a jugar a los videojuegos, por los que sentía una atracción compulsiva.
Las condiciones humillantes a las que era sometido el menor fueron denunciadas y relatadas
en el juicio por un vendedor ambulante amigo del chico, quien se convirtió en una pieza
clave para develar la historia, a pesar de que la defensa intentó descalificarlo por el
“sesgo marginal” de su personalidad. Ahora la Justicia civil deberá resolver si
les quita a los padres la patria potestad sobre el menor, tal como solicitó el fiscal. La habitación no tenía luz y había varias camas. Acostado en una de ellas y cubierto con una frazada, a pesar del calor sofocante que hacía ese 24 de enero de 1997, estaba I.G., de 11 años. El subcomisario que allanó la casa lo destapó y descubrió al niño encadenado de uno de sus tobillos a una estructura formada por el armazón de metal de una silla y un par de canastos de metal para botellas. Del tobillo derecho sangraban las lastimaduras y tenía pequeñas equimosis. En el juicio recordó que la cadena estaba sujeta a ambos lados por candados y que los padres dijeron que no sabían dónde estaban las llaves. Pero al rato encontraron un manojo de llaves escondido en un hueco de la pared, con el que abrieron uno de los dos candados. El otro fue cortado con una sierra en la comisaría. La sorpresa para la Policía fue aún mayor cuando el chico le contó al subcomisario que no era la primera vez que lo ataban. Estaba así hacía cinco días, durante los cuales fue obligado a trasladarse por la casa arrastrando esa pesada estructura para desplazarse. Los hechos ocurrieron entre marzo de 1996 y enero de 1997 en la casa en que vivía I.G. con sus padres y hermanos. Al principio sus padres lo ataban a una silla, pero luego agregaron los canastos metálicos para que la estructura inmovilizante fuera más pesada. Durante el juicio, el matrimonio intentó justificar su brutal actitud afirmando que no podían controlar a su hijo, quien se fugó varias veces de su casa y de los institutos de menores en los que estuvo internado (ver recuadro). Pero los camaristas Luis García, Fernando Ramírez y Luis Cabral consideraron que ese acto “no es idóneo para educar, formar y proteger, y se reduce a un mero sometimiento físico y psíquico”, por lo que aceptaron la imputación que hizo el fiscal Diego Nicholson por los delitos de “privación ilegal de la libertad calificada reiterada en concurso real con lesiones leves calificadas”. Desestimaron, en cambio, “un estado de necesidad que habría justificado la conducta”, como pidió la defensora oficial Stella Maris Martínez, si bien atenuaron la pena por considerar que el matrimonio tiene “importantes trastornos de personalidad” y un registro intelectual “inferior al término medio”. El chico tenía problemas de conducta desde mucho tiempo atrás. Su mamá, de 56 años, y su papá, de 64, no sabían cómo manejar la difícil relación que mantenían con su hijo. Lo describieron como rebelde e incontenible y dijeron que preferían que estuviera internado en un instituto de menores antes que en la casa. El padre, identificado como J.L.G., declaró que “se portaba mal y se fugaba de la casa para ir a los videojuegos, estaba hipnotizado por las maquinitas”. Según consideró, fue esa “adicción” la que lo llevó a escaparse varias veces de la casa y el colegio, de donde se ausentaba por varios días. Su madre, M.R.P., dio un testimonio similar y dijo que sólo intentaba poner en riesgo la salud física de su hijo, quien la tenía amenazada con escaparse por la ventana. Unos días antes de ser encontrado encadenado, I.G. se había fugado del “Hogar de Niños Evangelina”, en Quilmes. Allí estuvo dos semanas y luego volvió, como siempre, a los videojuegos de Constitución. En ese lugar, un tiempo antes, había conocido a un vendedor ambulante, Carlos Merino, dequien se hizo amigo. Le daba plata para ir a los jueguitos, lo alimentaba y refugiaba en su casa cada vez que I.G. huía de la suya. Sólo a él le confiaba los “maltratos” que recibía, y por eso decidió denunciarlo a la Policía. Durante el juicio la defensa intentó desestimar a Merino aludiendo al “sesgo marginal” de su personalidad, pero los jueces consideraron su testimonio como clave porque conocía en detalle cada uno de los encadenamientos que soportó su amigo, y que luego relató ante el Tribunal. También contó que al chico lo castigaban con golpes de cinturón, zapatos, cables y puñetazos. Fue su intervención la que posibilitó que la sórdida historia quedara al descubierto.
UNA CHICA DE 14 AÑOS MATO A SU PADRE
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