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Por Cledis Candelaresi  Si Eduardo
Eurnekián y Roque Fernández hubiesen presenciado el diálogo que Página/12 mantuvo con
el brigadier Enrique Dutra en su oficina del edificio Cóndor se hubieran sentido como
mínimo incómodos. El titular del Comando de Regiones Aéreas descalificó al plan
maestro presentado por Aeropuertos Argentina 2000 para remodelar Ezeiza –la apuesta
más fuerte del consorcio– y aseguró que el grupo liderado por la Corporación
América no podrá colocar un sólo ladrillo si no cuenta con el consentimiento de la
Aviación. Aunque con un discurso prudente, el militar también habló de las angustias
económicas de su dependencia, encargada de controlar la seguridad de los vuelos: a raíz
de la privatización de las estaciones, su presupuesto se redujo a la mitad. Para evitar
un nuevo recorte, los aviadores hicieron fuerte lobby sobre Diputados, que esta semana
intentará dar sanción al proyecto de Presupuesto para 1999. El controvertido Plan de
Radarización y la posibilidad de que el Gobierno privatice el control aéreo también
fueron repasados durante la entrevista. –Ustedes se quejaron ante los legisladores por la falta de recursos... –En realidad, lo que nosotros hicimos fue pedirle a los Diputados que no recorten nada de los 70 millones que Economía presupuestó para 1999. Porque si recortan en algo este presupuesto, entonces sí estaremos en problemas. En realidad, del tema ya hablamos con el presidente de la Comisión de Transporte, Telmo Pérez (PJ), en abril. Ahora insistimos, detallando todos los gastos en ejecución. –¿Cuál era el presupuesto anterior? –Siempre fue de 150 millones aunque en 1998 bajó a 116 millones, ya que varios aeropuertos se transfirieron al concesionario. –Entonces, hubo un recorte drástico de gastos o no tienen cómo cubrirlos... –Yo no soy un mago. Es cierto que nuestros ingresos se redujeron, ya que la única tasa que cobramos después de la privatización es la de protección del vuelo en ruta y sólo una pequeña parte de la de aterrizaje y seguridad (el resto de las tasas ahora las cobra Aeropuertos Argentina 2000). Pero también es cierto que tenemos menores gastos: a medida que los aeropuertos se transfieren, no tenemos que ocuparnos del balizamiento, la limpieza ni el corte de pasto de las estaciones. Pero el Comando de Regiones Aéreas sigue pagando los sueldos del personal y enfrenta el reequipamiento necesario para seguir los aviones desde que despegan hasta que aterrizan en cualquier punto del territorio argentino. El detalle de estos gastos, junto al reclamo de mayores fondos, fueron presentados por Dutra no sólo ante el Congreso sino también ante los funcionarios de Defensa, Economía y el órgano regulador a principios de mes, durante un cónclave que se denominó “comité de crisis”. –Algunos diputados aseguran que ustedes plantearon una queja fuerte por haber sufrido recortes importantes en el presupuesto... –En los últimos tres ejercicios nos disminuyeron los recursos por el equivalente a un presupuesto entero, es decir, a razón de un tercio por año... –¿La falta de recursos pone en peligro la seguridad de los vuelos? –Yo diría que no. Con el presupuesto que tenemos ya pusimos en marcha un programa para mejorar el seguimiento de los aviones a través de radares que están funcionando en Ezeiza, Paraná, Córdoba y Mendoza. Además, estamos negociando con las telefónicas la conexión por fibra óptica de esos radares. De este modo, podremos controlar el 85 por ciento de los vuelos del país. Y el rastrillaje será aún mayor, porque también empezamos a contactarnos con Uruguay para barrer todo su territorio. También instalamos un radar meteorológico para la zona de Baires (Buenos Aires), que permitirá aterrizar por radar, solucionando cualquier problema por mal tiempo. Claro que el control óptimo se logrará cuando esté funcionando a pleno el plan nacional de radarización. –Pero ustedes ya parecen haber encontrado una alternativa para controlar todo el espacio sin necesidad de que se ejecute ese programa... –Ese es un tema del Ministerio de Defensa, que lo maneja directamente Jorge Domínguez. Pero le aclaro que, cuando termine esa licitación, pasarán no menos de 26 meses hasta que los nuevos radares estén en funcionamiento. El nuestro es un programa de transición. Los gastos asociados a ese “programa de transición” en 1998 le demandaron al Comando 4 millones de pesos, según detallan ellos mismos. Esta cifra es muy magra en relación a los 185 millones de pesos que costará, sólo en su primera etapa, el Plan Nacional impulsado por la cartera castrense, y objetado judicialmente por las empresas concursantes, que denunciaron varias irregularidades en el proceso licitatorio. Tan urticante como este tema es el reciente informe de los aviadores cuestionando el programa que Eduardo Eurnekián presentó para remodelar Ezeiza y trasladar allí el aeroparque metropolitano. Ese trabajo subraya desde la insuficiente extensión de las pistas, hasta la inexistencia de un estudio sobre el impacto ambiental de la obra. Días después de que Página/12 publicara dicho informe, el propio Eurnekián defendió con ahínco su propuesta y aseguró ante este diario que ya elevó “cualquier cantidad de planos y papeles” ante el ente regulador. –Fuerza Aérea objetó la propuesta que el concesionario presentó para remodelar Ezeiza, trasladando allí el Aeroparque metropolitano. –Fuerza Aérea, y no un sector, opinó técnicamente sobre cada uno de los puntos de la propuesta que insinuó el concesionario. Pero Eurnekián sólo presentó un esquicio. Apenas un esbozo, pero ningún plan. El órgano regulador le dio un nuevo plazo. Esperemos que entonces presente algo. –¿Qué pasa si el concesionario sigue adelante con sus planes a pesar de las objeciones que planteó la Fuerza? –No podría hacerlo. Por el contrato de concesión nosotros tenemos la facultad de intervenir en el rediseño de las estaciones. El concesionario no puede hacer lo que quiere sin contar con nuestro aval técnico. Nosotros seguimos siendo responsables de la seguridad en los vuelos. –Hay rumores de que piensan recortarle funciones al Comando, tal vez privatizando el control del tráfico aéreo. –Lo único que conozco es un proyecto del diputado Dámaso Larraburu (PJ) para crear una Oficina de Control Civil, que dependería de la Secretaría de Transporte y a la que nosotros deberíamos reportarnos. Pero privatizar el control aéreo es imposible. Podrían quitarnos esa función, pero ésta quedaría en manos del Estado, como ocurre en todos los países del mundo. De cualquier modo, estamos tranquilos: el propio ministro de Defensa nos aseguró que no ocurrirá nada de esto.
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