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Para The Economist, el próximo gobierno tendrá también desempleo de dos dígitos y la deuda externa crecería hasta 180 mil millones.
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Por Maximiliano Montenegro
Un reciente estudio de Economist Intelligence Unit (EIU), la rama de consultoría de la revista inglesa, analiza las perspectivas de la economía argentina en la próxima década. El trabajo ("Argentina hacia el 2010: de la reforma estructural al crecimiento sostenido", dirigido por el argentino Roberto Bouzas) supone un escenario en el que la crisis internacional amaina y no colapsa el Plan Real en Brasil. Sobre esa base, la mejor posible, considera que tanto un gobierno de la Alianza como de Duhalde cuidará la estabilidad y, por ende, defenderá la Convertibilidad a toda costa. Además, considera que tanto De la Rúa como Duhalde cumplirán con las siguientes promesas: "mayor transparencia en la administración"; "mayor eficiencia en el gasto público, en especial en la áreas sociales, de educación y salud"; "mejora en la calidad de las instituciones"; "menor evasión fiscal"; "más control sobre los servicios públicos monopólicos". En este contexto, después de un '99 recesivo, EIU dice que la economía crecería en los cuatro años siguientes entre 3,5 y 4,5 por ciento. En tanto, el ingreso per cápita de los argentinos, de los 9500 dólares de hoy, alcanzaría al final del período 12.247 dólares. Según el Banco Mundial, ese es un nivel de ingresos similar al de Grecia, Corea o Portugal en la actualidad. Pero el estrecho margen de maniobra para la política económica no logrará revertir el atraso cambiario de la Convertibilidad. Y, en consecuencia, persistirán los desequilibrios de los últimos años: exportaciones insuficientes, un rojo comercial importante sumado a servicios de la deuda crecientes, tasa de desocupación de dos dígitos y salarios planchados en pesos (o dólares), condición necesaria para que la producción nacional gane competitividad. En agosto, la Alianza difundió un documento, elaborado por el equipo de José Luis Machinea, que prometía un crecimiento promedio del 6 por ciento para los cuatro años de un futuro gobierno aliancista y una tasa de desocupación al final del mandato de sólo el 6 por ciento. El mejor escenario posible, sin crisis a la vista, que imagina EIU es bastante menos optimista. Así sería la economía del próximo gobierno:
* Desocupación: tras saltar al 15 por ciento el año que viene (lo que representa 2.132.000 desempleados) bajaría al 11 por ciento recién a fines del 2003. Entonces, el número de desocupados sería similar al de este año: 1,7 millones de individuos.
* Salario real: caerá el año próximo, y a lo sumo aumentaría alrededor del 4 por ciento durante todo el período. De otro modo: el poder adquisitivo salarial de un obrero industrial no recuperará durante la próxima administración ni siquiera los niveles previos a la crisis del Tequila, de 1995.
* Ingreso per cápita: en promedio se incrementará a tasas de entre 5 y 6 por ciento acumulativo anual. Dado el virtual congelamiento de los salarios, el resultado sería un reparto del ingreso aún más desigual que en los últimos años. * Exportaciones: si bien crecerían a una tasa de entre 6 y 7 por ciento anual, llegando a los 45 mil millones en el año 2003, serían insuficientes para aminorar la dependencia del ingreso de capitales. Hasta hace poco, en la UIA soñaba con alcanzar los 50 mil millones en el año 2000.
* Déficit comercial: rondará los 7 mil millones de dólares durante el período. Pero, con los intereses a pagar de la deuda externa, el rojo de la cuenta corriente del balance de pagos superará los 14 mil millones de dólares (alrededor del 3,5 por ciento del PBI). Así, para moverse la economía seguirá dependiendo del combustible del ingreso de capitales. Y persistirá el riesgo de ceder paso a la recesión ante cualquier crisis en el mercado internacional.
* Deuda externa: suponiendo tasas de interés internacional de corto plazo algo superiores a las actuales (4,75 por ciento anual), la deuda externa crecería de 127 mil millones de dólares a fines del '99 a 174 mil millones al concluir el próximo período presidencial. Es decir, un aumento de 50 mil millones en sólo cuatro años. A tal resultado se llega mediante un simple cálculo actuarial que supone el pago anual de los intereses y la refinanciación del capital adeudado.
* Gasto público: se estima que se cumplen las metas fiscales acordadas con el FMI. En consecuencia, en términos del producto, el gasto público disminuye y el déficit fiscal baja por lo menos un 40 por ciento en relación al de este año. Así, la chance de aplicar políticas activas (para estimular a la industria, exportaciones o proyectos sociales) quedaría acotada a las ganancias de recursos provenientes de una mayor eficiencia en el gasto y/o menor corrupción.
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