Las estrategias de la derecha

Con un ojo en Londres y otro en los comicios de 1999, los pinochetistas confían en formar un "gobierno de unidad nacional" con la DC.

  "¡El general Izurieta, a la calle las tanquetas!", claman en Santiago los activistas de la ultraderecha, exhortando al comandante en jefe del Ejército a repetir los movimientos militares que se hicieron costumbre en Chile, cada vez que se cierne la amenaza de la Justicia sobre el ex dictador Augusto Pinochet. Pero esta vez la contraparte del pinochetismo chileno no es un gobierno cautivo de los aquí llamados "poderes fácticos", sino una comunidad internacional que no acepta componendas. Y la derecha dura ya lo sabe. Por eso los legisladores más conservadores se negaron a la condición del Partido Socialista de suscribir un acuerdo de compromisos democratizadores, como requisito para enviar una comisión multipartidista del Senado a interceder por Pinochet en Europa.

Si por un momento los demócratas chilenos pensaron que la adversidad de Pinochet en Londres permitiría canjear su repatriación por una mayor justicia en Chile, se estrellaron de boca contra las verdaderas intenciones de la derecha más dura. Ellos prefieren preservar el legado del régimen militar, antes que salvar al octogenario senador vitalicio de la extraterritorial condena a sus crímenes; prefieren verlo librar su última batalla como soldado, antes que desmantelar "su obra". Más aún, con el pretexto de la "indignante vulneración a nuestra soberanía", como han reclamado las fuerzas armadas y los partidos de derecha, les es posible generar un cuadro de desestabilización política interna que bloquee el promisorio tranco a La Moneda del candidato del ala izquierda de la coalición gobernante, Ricardo Lagos.

La derecha está intentando fraguar un "gobierno de unidad nacional" para salir al paso del 40 por ciento de adhesión que todavía conserva Lagos en las encuestas de opinión frente a las elecciones presidenciales de 1999. La alianza de la derecha opositora con la gobernante Democracia Cristiana (DC) tiene el precedente histórico del llamado Comando Democrático (CODE) que los aglutinó en 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Un cuarto de siglo después esa alianza política ha vuelto a plantearse en Chile como fórmula "para detener al socialismo" y excluir del actual o el futuro gobierno al sector "laguista" del Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS). La idea dejó de parecer un disparate cuando ayer la DC suspendió la cita de coordinación semanal que todos los lunes sostienen los dirigentes de la Concertación por la Democracia, a la espera de que el PS y el PPD "aclaren su posición ambigua frente a Pinochet".

El candidato presidencial de la DC y presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se manifestó molesto por las condiciones que le pusieron sus aliados de izquierda para viajar a Londres a respaldar la gestión del canciller José Miguel Insulza. Y su malestar se transformó en verdadera ira cuando supo que los diputados "laguistas" habían enviado una carta a Straw, asegurándole que en Chile no existen condiciones para hacer justicia.

Sin embargo, el presidente Eduardo Frei se ha jugado por mantener unida a la coalición de gobierno. Un estudio interno de opinión pública realizado en La Moneda, le indica que el 70 por ciento de los chilenos con posición frente a la crisis apoya la línea de defensa de Pinochet desplegada por el Ejecutivo pero, además, el mismo porcentaje desea hacer justicia en territorio nacional.

A ese dato se añadieron declaraciones de oficiales de Ejército en retiro que el pasado fin de semana se declararon dispuestos a comparecer ante el juez chileno Juan Guzmán, quien instruye 16 querellas contra Pinochet. El resultado de ambas novedades fue la apertura anunciada ayer por el gobierno a la posibilidad de hacerse parte en el juicio contra Pinochet y así reclamar su extradición a Chile, donde habría mejores condiciones que en España para un "debido proceso".

Ante la improbable compasión de Straw, la extradición a Chile surge como la más efectiva salida jurídica para Pinochet. Pero ese trámite judicial requiere imputar previamente al ex dictador y despojarlo del fuero parlamentario que le brinda su condición de senador vitalicio.

Y los escépticos de la izquierda recuerdan que por mucho menos, en 1996, Frei invocó "razones de Estado" para pedirle a la Justicia que cerrara un juicio contra el hijo de Pinochet, acusado de defraudación fiscal. Advierten que si el Ejecutivo se hace parte en el juicio, le brindará una buena excusa a quienes desean agudizar la polarización política para desestabilizar la endeble democracia chilena. Y aunque el clamor derechista de sacar las tanquetas a la calle de nada sirve a Pinochet, sería útil para los defensores de su obra, que ya optaron por sacrificar a su líder para evitar un gobierno de la izquierda.

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