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Nunca en viernes a la noche El Cucaiba denunció que por la falta de premura
de una jueza, cuatro pacientes perdieron la oportunidad del trasplante. |
Por Cristian Alarcón Era viernes por
la noche. En la guardia del Cucaiba --Centro Unico de Ablación e Implante bonaerense--
recibieron el aviso del Hospital Güemes, de Haedo: la muerte de una chica con una bala en
la cabeza y la posibilidad de varios órganos para trasplante. Había que correr. El
habitual "operativo de procuración de órganos" comenzó con éxito. El
diagnóstico de muerte neurológica era correcto. La familia de la donante estuvo de
acuerdo. Todo se detuvo cerca de la medianoche. A través de su secretario, la jueza de
menores de turno, Susana Elena Gordiola, se negó a dar la autorización para que se
realice la ablación. La jefa de Guardia del Cucaiba, Zulema Martínez, a la que jamás se
le entregó el teléfono de la magistrada, intentó que se entendiera la premura. En pocas
horas, de nada serviría la firma de la jueza, quien mandó a decir que "se
solicitara el trámite el lunes por la mañana", según relató Martínez a Página/12.
Cuando llega el aviso de la posibilidad de una donación, un equipo interdisciplinario del Cucaiba va al hospital de donde se lo convoca y realiza un diagnóstico. Una vez confirmado que la persona está clínicamente muerta, el coordinador del operativo de procuración se entrevista con los familiares, quienes en este caso dieron su consentimiento. Como ocurre en muchos de los casos de donantes, se trataba de alguien que se había disparado un tiro en la cabeza. Y según lo estipula la ley 24.193, cuando se trata de muertes violentas, un juez debe autorizar la ablación. Según los registros oficiales, en más del 50 por ciento de los casos de donación, las personas que brindan sus órganos fallecen por traumatismos de cráneo, por ello, los órganos torácicos están en perfectas condiciones. Ayer, durante el día hubo dos informaciones acerca de la actitud que el Cucaiba asumiría respecto de la magistrada. En un primer cable informativo de la agencia Télam se sostenía que habría una denuncia judicial en contra de Gordiola por "presunta inoperancia". Más tarde, la misma agencia informó que el Cucaiba desistió de denunciar penalmente a la magistrada. El director del organismo, Carlos Soratti, le dijo a este diario: "Estos operativos ocurren con mucha frecuencia. En el curso del año '98 ha habido cerca de 500 operativos de este tipo y es realmente excepcional que un juez no entienda que los tiempos son muy cortos. Es inexplicable. No puedo calificarlo y nosotros no vamos a hacer una denuncia porque no nos corresponde, pero en todo caso, si hubo violación de la ley, la Justicia actuará de oficio". Este diario intentó obtener la versión de la jueza, pero desde el Juzgado no se respondieron los mensajes de solicitud de la entrevista. Soratti admitió que hay una larga lista de perjudicados por la decisión de Gordiola. Entre ellos están el propio equipo del Cucaiba, los médicos del Güemes que trabajaron en el operativo, la familia de la donante y por supuesto, quienes iban a recibir los órganos. Cuatro potenciales receptores habían sido convocados a través de la lista de espera nacional. Hugo Luján estuvo durante ocho años en ese lugar, el del que espera. Hace siete meses fue convocado para su trasplante de riñón. Imagina la angustia de la persona que avisada de la posibilidad de un donante corrió al hospital para practicar la diálisis y a la medianoche, después de los reiterados intentos del Cucaiba, supo de la intransigencia de la jueza. Para Luján, no hay explicación coherente a la negativa de Gordiola. "Hace años teníamos muchas decisiones así, pero eran jueces que no estaban informados. Hemos hecho muchos encuentros con jueces y el personal de las fuerzas de seguridad para la toma de conciencia. A veces, cuando alguien no está compenetrado con la necesidad de quien está en lista de espera, pasa esto." La jefa de Guardia que tuvo que lidiar con el secretario del juzgado de Menores 1, Daniel Testti, quien fue encomendado por la jueza para hablar con el Cucaiba, explicó ayer que no hay excusa para la decisión. En el caso de que haya sido necesaria una autopsia para determinar el origen de la muerte debería haber enviado a un forense para determinar si era posible la ablación sin perjuicio de obtener luego las pruebas necesarias. La jueza puso en marcha los recursos que tenía. Lamentablemente parecía que el argumento de mayor peso que transmitía el secretario era el día y la hora. Era viernes por la noche.
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