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Estados Unidos y España hacen cada vez más claro que quieren ver a Pinochet de vuelta en Chile, una costosa decisión política sobre la que sólo puede resolver el gobierno de Gran Bretaña.
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 Pocos los
dicen con todas las letras, pero lo político gravita cada vez más sobre el caso
Pinochet. Después que la secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright expresara
el lunes la oposición más explícita de Estados Unidos hasta el momento a la
extradición del ex dictador a España, el Departamento de Estado anunció ayer que el
gobierno va a publicar documentación referida a las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante su dictadura. Mientras tanto, el canciller chileno José Miguel Insulza
culminó ayer en Madrid una misión difícil: tratar de persuadir a España contra la
extradición del general. En realidad, estaba operando ante una interlocutores amistosos
pero que poco pueden hacer: el diario El País citó ayer a fuentes oficiales que
“admiten que nada desearía más el gobierno español que ahorrarse la celebración
de un juicio a Pinochet en España”, pero, desde el primer ministro José María
Aznar para abajo, todos coincidieron en decirle lo mismo a Insulza: que ahora todo está
en manos de Jack Straw, el ministro del Interior británico, el único que puede rechazar
la extradición aprobada la semana pasada por los Lores.Anteayer, Estados Unidos rompió su silencio oficial sobre el caso al afirmar por boca de Albright que la posición del gobierno chileno –partidario de la liberación del ex dictador– “merece un significativo respeto. En Chile, los ciudadanos de un Estado democrático están luchando con un problema muy difícil; cómo equilibrar la necesidad de justicia con las necesidades de reconciliación”. Albright aclaró que Washington “está comprometido con los principios de responsabilidad y justicia, tal como lo demuestra nuestro fuerte respaldo al Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y Ruanda”. También dijo que “EE.UU. también está comprometido en favor de la democracia y el respaldo a la ley en Chile”. Una ley, por supuesto, que vuelve prácticamente imposible juzgar al octogenario senador vitalicio de 83 años. Por lo cual la declaración de Albright, jefa de una diplomacia que hasta ahora se había limitado a considerar el caso como una cuestión estrictamente jurídica entre Gran Bretaña, España y Chile, podía considerarse como el comienzo de la presión norteamericana para que el gobierno de Tony Blair devuelva la libertad a Pinochet, una presión que Londres difícilmente podrá obviar, considerando que Gran Bretaña es el aliado europeo más estrecho de Washington. Las declaraciones de Albright fueron recibidas con estudiada neutralidad en Londres. Un portavoz de 10 Downing Street dijo que “no consideramos que sea inadecuado que las personas expresen públicamente sus puntos de vista”. El portavoz añadió que cree que Albright ha hablado telefónicamente con el canciller Robin Cook sobre el tema, y que Cook le habría explicado el proceso legal que se está desarrollando. Otro vocero, esta vez del Foreign Office, manifestó que “hemos tomado nota” de la postura expresada por Albright y agregó que es comprensible que los estadounidenses “estén haciendo lobby por el regreso de Pinochet a Chile”. La decisión final va a recaer en Straw, quien tiene hasta el día 11 para decidir sobre un dilema delicado: si falla contra Pinochet, colocará a Londres en una inédita confrontación con Estados Unidos; si falla a favor, el costo político para sus ambiciones dentro del laborismo será altísimo. Y no sólo dentro del laborismo: una encuesta publicada ayer por el vespertino Evening Standard mostró que un 51 por ciento de los británicos está a favor de extraditar a Pinochet a España, contra un 32 por ciento que piensa que debería ser enviado a Chile y un 17 sin opinión. De todos modos, pocos dudan que la decisión va a ser consultada con Tony Blair y con el Foreign Office, pese a las escandalizadas desmentidas al contrario por parte de los principales involucrados. En este contexto, James Rubin, vocero del Departamento de Estado, anunció la publicación de los documentos sobre la dictadura de Pinochet, pero declinó decir si el ex dictador debería ser llevado a juicio. “Dado el interés del caso, el gobierno (estadounidense) está revisando los documentos en su poder que puedan aclarar las violaciones de los derechoshumanos en la era de Pinochet”, dijo Rubin, que no dijo una fecha para la liberación de los documentos. Sin embargo, agregó que su país no está “listo aún para exponer” su punto de vista “sobre los aspectos legales de la decisión de los Lores”, que dictaminaron la semana pasada que Pinochet no tiene inmunidad diplomática y que puede ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Pero repitió la línea esbozada por su jefa anteayer, al decir que cada país debe encontrar su propio balance entre justicia y reconciliación, sin sacrificar el principio de rendición de cuentas, al emerger de una experiencia de autoritarismo y conflicto. Esta ambivalencia puso de manifiesto la posición incómoda de Estados Unidos sobre la detención de Pinochet, cuya llegada al poder en 1973 fue respaldada por Washington. Una larga serie de documentos desclasificados por Estados Unidos confirman que tan pronto el presidente socialista chileno Salvador Allende tomó posesión, en 1970, el presidente Richard Nixon dio personalmente a Richard Helms, entonces jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la orden de derrocarlo mediante un golpe de estado. El derrocamiento fue dirigido por Pinochet tres años después, en lo que fue reportado con entusiasmo por un agregado militar de la embajada de Estados Unidos en Chile como “un golpe casi perfecto”.
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