Por Maximiliano Montenegro
 Los técnicos del
FMI evalúan que, por la crisis, el Gobierno recaudará menos de lo que figura en el
Presupuesto ‘99. Y, por eso, reclaman un nuevo ajuste en el gasto público de 700 a
1000 millones de pesos. El equipo de Roque Fernández insistirá en que tal medida es
innecesaria y buscará convencer a los burócratas de Washington que “la economía
crecerá por lo menos un 4 por ciento”, el doble de lo que estiman en el Fondo. Ayer,
José Luis Machinea, preocupado porque el ajuste recaiga en el próximo gobierno, le
reclamó a Roque que renegocie las metas fiscales con el FMI. En tanto, Ricardo López
Murphy dijo que en el futuro “hará falta una gran disciplina fiscal”. El juego
ya tiene nombre: ¿quién se hará cargo del próximo ajuste?
Los funcionarios del FMI que ya están en Buenos Aires consideran que, tras la recesión
inducida por la crisis internacional, la economía argentina crecerá el año próximo de
2 a 2,5 por ciento. Es decir, la mitad de lo previsto por el Gobierno (4,8 por ciento),
base sobre la cual están elaboradas todas las proyecciones de ingresos fiscales del
Presupuesto ‘99. Según los cálculos oficiales, cada punto menos de aumento del PBI
representa 350 millones de recaudación menos que ingresa al Tesoro, descontados los
recursos destinados a las provincias. Así, el Fondo teme que el déficit fiscal sea entre
700 y 1000 millones superior al previsto en el Presupuesto, y exigiría un recorte
adicional del gasto público de esa magnitud. La meta de déficit fiscal comprometida para
el ‘99 en el acuerdo con el FMI es de 2650 millones de pesos, frente a los 3500
millones convenido este año.
Una nueva poda del gasto público tendría un impacto político enorme, dado que el
proyecto de Presupuesto que se encuentra en el Congreso ya contempla extender al año
próximo el recorte de mil millones en el gasto público efectuado este año, 60 por
ciento del cual recae en las áreas sociales.
Ayer, el subsecretario de Programación Macroeconómica, Julio Nogués, se reunió con el
chileno Tomás Reichman, encargado en el FMI del caso argentino. Durante el encuentro,
Nogués intentó demostrar, desplegando variables financieras y reales, que la economía
se está recuperando de la recesión provocada por la crisis internacional. “No vemos
que haga falta ningún nuevo ajuste, porque los vamos a convencer de que la economía va a
crecer por lo menos al 4 por ciento en el ‘99”, dijo a Página/12 Rogelio
Frigerio, secretario de Programación Económica.
El lunes próximo empezará a dirimirse el asunto, cuando Roque Fernández, a su regreso
de Japón, se reúna con Teresa Ter Minassian, subdirectora del FMI para el Hemisferio
Occidental.
Ayer José Luis Machinea, quien también se reunirá con los funcionarios del Fondo,
planteó sin vueltas que Fernández debería “sentarse con el Fondo y renegociar las
metas” fiscales. El referente económico de la Alianza teme que el ajuste deba
aplicarlo, multiplicado, Fernando de la Rúa, en su eventual primer año de gestión.
“Tengo miedo de que intenten traer todos los impuestos del 2000 a 1999 y pedalear
gastos para el 2000” con el objetivo de cumplir con el FMI, confesó. Roque ya apeló
a este mecanismo, al adelantar el cobro de anticipos de Ganancias y Bienes Personales y
posponer el pago de aguinaldos y reembolsos a los exportadores.
El segundo tema con el FMI es si será necesario pedir un waiver (perdón) al organismo
por las metas del ‘98. Aunque no se definirá en los próximos días, éste sería el
camino para conservar el aval de Washington. Machinea prefiere que Roque sincere cuanto
antes los números fiscales, solicitando un perdón, a que siga con la “cosmética
contable”, trasladando el muerto al gobierno entrante.
En ese sentido, el subsecretario de Política Tributaria, Rodríguez Usé, reconoció ayer
que “la recaudación de noviembre estará 200 millones pordebajo de los 4100 millones
logrados en igual mes del año pasado”. De confirmarse el dato, el aplicado alumno
Fernández pasará el fin de año poco feliz: con la incertidumbre de tener que gestionar
el “perdón” y la amargura de explicarle a Carlos Menem que ni siquiera en el
último año de su gobierno podrá evitar la palabra ajuste.
| Roque vs. Cavallo “No me siento afectado”, señaló ayer Roque Fernández en
referencia a la despectiva afirmación de Domingo Cavallo acerca de que “es un
ministro de cuarta”. Con tono monocorde, la respuesta más fuerte que Roque tuvo ante
la agresión de su antecesor en Economía fue que “Cavallo tiene momentos de
desequilibrio que le hacen decir esas cosas, pero ese es un problema de él”. Y
agregó, en una muestra de su espíritu combativo, que “no vale la pena contestarle.
Habría que preguntarle a Cavallo los motivos de su actitud”. Por otro lado,
Fernández, que está acompañando a Carlos Menem en su gira por Japón, destacó que
“nunca tuve dudas del respaldo del Presidente” en relación al veto parcial que
había pedido para la ley de financiamiento docente. |
EL GOBIERNO BUSCA BANDERAS DE LA OPOSICION
Controlar a las privatizadas
El
Gobierno decidió mostrarse interesado en mejorar los controles a las empresas de
servicios públicos privatizados. En respuesta a las críticas de la oposición, que
cuestiona la falta de decisión política del Poder Ejecutivo para ajustar la regulación
sobre las empresas, la Jefatura de Gabinete organizó un seminario al que convocó a todas
las partes interesadas en el tema. Estuvieron las asociaciones defensoras de los derechos
de los usuarios, las compañías que prestan servicios y los entes reguladores.
“El Estado debe regular, fijando las nuevas reglas de juego que promuevan la
competencia y mejores servicios para los usuarios, y debe controlar que se cumplan,
asegurando su transparencia”, afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez,
apropiándose del discurso de la oposición. La privatizadora de Entel, María Julia
Alsogaray, sentada a su lado en la apertura del seminario, asintió con entusiasmo.
A su turno, Carlos Montero, a cargo de la repartición de la Auditoría General de la
Nación encargada de controlar a los entes reguladores, se quejó porque “a cuatro
años de la reforma de la Constitución, todavía no se reglamentó el artículo que
promueve el funcionamiento de las asociaciones de usuarios”. “No existe una
cultura del reclamo, el público desconoce sus derechos y no existen campañas oficiales
que lo hagan”, puntualizó Montero.
Uno de los temas tratados en el seminario, que concluirá hoy, fue la creación de un
superente, que estaría por encima de los actuales organismos reguladores. “Habría
una superposición de funciones que llevaría las cosas a un pandemonium”, aseguró
Ana María Luro, titular de la Asociación Acción del Consumidor (Adelco). La opinión
estuvo en línea con la expresada por las empresas prestadoras de los servicios de agua,
luz, gas y teléfonos.
En cambio, Montero sostuvo que “se ha descalificado una propuesta que puede ser
interesante. Es claro que debe mejorar la legislación para controlar a las
compañías”. Finalmente, Sandra González, de la liga de consumidores Adecua, dijo
que “el público desconoce la existencia de los entes reguladores, y éstos deben
estar integrados por técnicos, y no por personas que sólo surjan de internas
políticas”.
BUNGE & BORN AVANZA EN LA LIQUIDACION DE
EMPRESAS
Los dólares se siguen juntando
Bunge
& Born sigue desprendiéndose de sus negocios alimentarios. Ayer vendió su
subsidiaria Grandes Molinos de Venezuela (Gramoven) a la multinacional norteamericana
Cargill. A seis meses del anuncio sobre la puesta en venta de su división alimentos, a
B&B sólo le queda por colocar la argentina Molinos y la brasileña Santista. La
definición de ambas operaciones se concretaría antes de fin de año. Por Molinos, el
Grupo Exxel pagaría cerca de 1000 millones de dólares, un precio récord para una
empresa argentina. En tanto, Exxel ya se anotó otra empresa a su cartera, al cerrar ayer
la compra de Heladería Freddo (ver página 17).
La venta de Gramoven se hizo en un monto cercano a los 120 millones de dólares, según
comentó a Página/12 una fuente del holding, que se suman a los 276 millones que B&B
embolsó por el traspaso de la mitad de Bunge Australia al grupo australiano Goodman
Fielder. Con los fondos que recaude, B&B los invertirá en sus negocios agrícolas.
No es la primera vez que Gramoven –cuya facturación anual asciende a 164
millones– es noticia en la Argentina. También lo fue hace nueve años, cuando un
juez venezolano procesó y pidió la captura de Néstor Rapanelli, el segundo ministro de
Economía de Carlos Menem. Como hombre de B&B, Rapanelli había ocupado el cargo de
director general de Gramoven. A fines de mayo del ‘89, la justicia venezolana
procesó al entonces ministro y a otros directores de la firma por presunta estafa al
Estado en operaciones de comercio exterior. Hoy, Rapanelli se dedica a pasear su perro
doberman por la plaza de Cavia y Castex.
“Todavía no hay una fecha precisa para la venta de Molinos y Santista. Puede ser que
se concrete en las próximas tres semanas. O, a lo sumo, durante los primeros días de
1999”, señaló a este diario Catia Ianone, de la oficina de prensa de B&B en San
Pablo. El Exxel Group es el principal candidato a quedarse con Molinos, por la que
pagaría casi mil millones de dólares, según pudo saber Página/12 de fuentes de la
city. “Es un precio 40 por ciento superior al valor de mercado de la compañía. Si
el Exxel paga ese premio es porque ya tiene planes concretos para recuperar con creces ese
dinero”, apuntó un analista de un banco norteamericano. Entre las opciones que
estudian en el fondo inversor manejado por Juan Navarro figura el desmembramiento de
Molinos. De esta manera, quedarían separados sus negocios de fideos, harinas, carnes y
arroz. La movida apuntaría a potenciar al máximo cada actividad de la alimentaria para
poder revender a un precio superior cada unidad de negocio dentro de unos años.
Incluso, en el mercado se baraja la posibilidad de que sea también el Exxel quien se
quede con la brasileña Santista, cuyas ventas anuales rondan los 1200 millones de
dólares. En este caso, el fondo compite con las ofertas presentadas al Crédit Suisse
First Boston, el banco encargado de ambas operaciones, por Hicks, Muse, Tate & Furst,
la norteamericana ConAgra y un pool de empresas alimentarias brasileñas.
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