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Por Horacio Cecchi  A las 7 de la
mañana de ayer, después de un fin de semana soleado y un lunes relativamente calmo, el
juzgado de menores número 1 de La Matanza, a cargo de Susana Elena Gordiola, retomó su
acostumbrada rutina, pero bajo la furia de un vendaval de críticas. Gordiola es la jueza
que el viernes pasado frustró un trasplante múltiple, al postergar hasta el lunes su
autorización para que se realizara la ablación de ocho órganos de una adolescente
fallecida de un balazo en la cabeza. Pero no sólo recibió críticas: ayer, el ministro
de Salud bonaerense, Juan José Mussi, decidió solicitar una investigación judicial a la
Procuraduría General de la Suprema Corte. El mismo procurador, Eduardo de la Cruz,
anticipándose al pedido del ministro, dispuso actuar de oficio y solicitó a Gordiola un
“exhaustivo informe sobre los pormenores de esta desgraciada cuestión”.El viernes pasado por la noche, la guardia del Cucaiba –Centro Unico de Coordinador de Ablación e Implante bonaerense– había recibido un aviso del Hospital Güemes, de Haedo, en el que se mencionaba a una chica agonizante que había recibido una bala en la cabeza y varios de cuyos órganos eran aptos para el trasplante. El Cucaiba inició entonces un operativo contrarreloj, alertando a equipos médicos de trasplante, buscando listas de pacientes en espera, solicitando la correspondiente autorización a los padres de la joven. En suma, siguiendo todos los pasos pautados en la Ley 24.193 que rige la donación de órganos. Como se trataba de una muerte violenta y de una menor, correspondía la actuación de un juzgado de menores que investigara el hecho y que autorizara la correspondiente ablación de órganos sin poner en riesgo las futuras pericias. Quiso el destino que el caso recayera en el Juzgado de Menores número 1 de La Matanza, a cargo de Gordiola, quien para sorpresa de pacientes, médicos, coordinadores y familiares de la fallecida, dispuso por boca de su secretario, Daniel Testti, pasar el trámite “para el lunes a primera hora”. Ni la ley, que contempla seis horas como límite para la decisión judicial, ni los órganos de la joven fallecida resistieron tanto. El sábado por la madrugada ya todo intento resultaba inútil. Después de que ayer el trasplante múltiple frustrado tomara estado público, la calma ya no retornó al Juzgado de Gordiola. “Siendo benévolo, en el mejor de los casos la jueza ignoraba de qué se trata un trasplante, pero en ningún caso es justificable”, dijo el presidente de Cucaiba, Carlos Sorati. “Nunca pudimos hablar con la jueza y el secretario bloqueó toda posibilidad de hacerlo. Es una situación muy grave para los pacientes, para el equipo que trabajó durante doce horas en el operativo, para los mismos padres de la chica fallecida. La actitud de la jueza es inexplicable.” Con términos similares, el ministro de Salud de la provincia, Juan José Mussi, decidió presentar un pedido de investigación ante la Procuraduría General de la Suprema Corte Bonaerense. “Como autoridad sanitaria no puedo dejarlo pasar –confesó Mussi a Página/12–, es la primera experiencia que tenemos de este tipo y espero que sea la última. Vamos a pedir que se establezcan las causas por las que la jueza no cumplió con el plazo de seis horas que exige la ley. No sabemos por qué no envió un perito para determinar qué órganos estaban en condiciones de ser trasplantados sin perjudicar las investigaciones por la muerte. Ni siquiera dispuso la prohibición del trasplante. Entre el jueves y el viernes vamos a presentar el pedido ante el procurador.” Pero ayer mismo, al mediodía, el procurador general Eduardo de la Cruz se interiorizó del caso y a las 14 ya había tomado la decisión de actuar de oficio. “Se le pedirá un exhaustivo informe de todos los pormenores que ha tenido esta desgraciada cuestión”, adelantó el funcionario. Fuentes judiciales consideraron “poco probable que todo derive en una acción civil o penal contra la jueza, porque parece difícil demostrar que haya habido delito, y hay muchos vericuetos legales que podrían protegerla”, pero existía la firme impresión de que Gordiola deberá responder por su responsabilidad administrativa en la cuestionada postergación que finalmente derivó en la imposibilidad de realizar el trasplante. Hoy, a primera hora, con sus actividades judiciales a pleno, la jueza Susana Elena Gordiola recibirá el pedido de informes del procurador general, y todo parece confirmar que, en este caso, el trámite no será postergado.
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