Por Susana Viau y Eduardo Tagliaferro
 El fiscal federal
Carlos Stornelli solicitó la declaración indagatoria del canciller Guido Di Tella por el
cargo de ocultamiento de pruebas en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y
Croacia y por haber puesto en peligro tanto a la Nación, como a los intereses de los
ciudadanos argentinos en el exterior. El juez federal Jorge Urso deberá resolver el
pedido de citación antes de febrero del año próximo, fecha en la que prescribiría el
delito imputado a Di Tella; antes de autorizar la medida, Urso debería decidir la
situación procesal del jefe del Ejército, general Martín Balza, a quien el fiscal acusa
de ser miembro de la asociación ilícita que permitió la venta del material bélico.
La situación procesal de Di Tella se complicó cuando el ex embajador en Perú, Arturo
Ossorio Arana, reconoció que cuatro días antes de producirse los vuelos de la empresa
Fine Air con destino a Ecuador, había avisado al Ministerio de Relaciones Exteriores que
“fuentes de inteligencia peruana tenían información sobre un supuesto desvío de
armas argentinas hacia Ecuador”.
En el momento en que el cable con la firma de Ossorio Arana tomó estado público, la
Cancillería derivó al Ejército sus responsabilidades ya que, sostuvo, éste no había
tomado medidas que impidieran el desvío de las armas. “Chequeamos la información
con el agregado militar en Perú y la desmintió, por eso cerramos el caso”, habían
señalado fuentes de la Cancillería. El ministro Di Tella se encuentra acompañando a
Carlos Menem, en la gira presidencial por el Japón. Sin embargo, ayer un vocero de su
cartera señaló que no hubo ocultamiento de pruebas “ya que el cable existió y
está en manos de la Justicia”.
Precisamente, no haber evitado el desvío de las armas es el fundamento de la acusación
de Stornelli contra Di Tella ya que el hecho y las posibles represalias colocaban en
peligro a la Nación y a los ciudadanos argentinos en el exterior, como lo contempla el
artículo 219 del Código Penal. Bajo esta figura legal, el 15 de marzo de 1995, el
abogado Ricardo Monner Sans, había solicitado sin éxito el procesamiento del ex ministro
de Defensa Oscar Camilión. “Es la primera vez que el fiscal acepta encuadrar el
accionar de los funcionarios en la violación del artículo 219. Por esto no descarto que
se puedan revisar los cargos que se les imputan a otros funcionarios y ex ministros, como
el mismo Camilión”, comentó Monner Sans a Página/12.
La acusación del fiscal Carlos Stornelli podría evitar la prescripción de los delitos
imputados al canciller Di Tella. Si Urso no ordena la citación, éstos quedarían fuera
del alcance de la Justicia en febrero del año próximo. Fuentes judiciales reconocieron
que la acusación del fiscal no sólo enfrenta a Urso con la decisión de convocar al
ministro; también acelera los tiempos para que el magistrado se pronuncie acerca del
pedido de declaración indagatoria al jefe del Ejército, general Martín Balza.
Para que Di Tella declare ante los estrados judiciales el juez debería solicitar,
primero, su desafuero a la Cámara de Diputados, iniciando el mismo mecanismo que fue
trabado por el bloque justicialista en el caso del actual ministro de Trabajo, Erman
González. González había sido acusado de falsedad ideológica por haber refrendado, en
su carácter de titular de Defensa, la firma de los decretos presidenciales que
autorizaron la venta del material bélico.
Uno de los hombres que desde el Parlamento sigue con mayor atención el desarrollo de la
causa que compromete a relevantes figuras del entorno menemista, el frepasista Horacio
Viqueira, señaló ayer a este diario que “lamentablemente, a pesar del tiempo
transcurrido, el juez Jorge Urso demora la resolución de los pedidos de indagatoria
presentados por el fiscal contra la cúpula de Fabricaciones Militares, del Ejército y
funcionarios del gobierno nacional, por el cargo de asociación ilícita”. En
círculos próximos a los juzgados federales de Comodoro Py se especula que sería
inminente el procesamiento del ex subsecretario de Producción para la Defensa, Carlos
Carballo, acusado, igual que Erman González, de falsedad ideológica. Carballo, el ex
vicecanciller y actual diputado Juan Carlos Olima y el ex viceministro de Economía,
Carlos Sánchez, formaban parte de la comisión interministerial tripartita que debía
supervisar las compras y ventas de material de guerra y en esa calidad dio vía libre a la
firma de los decretos presidenciales. Los decretos, con la calificación de secretos,
posibilitaron la venta del armamento que tuvo a Ecuador y Croacia como destino final.
Elogios de Cohen a Domínguez para
devolver los favores recibidos
Terminó la cumbre de Cartagena y
EE.UU. busca una base en el área para combatir el terrorismo. Cruce de datos y venta de
armas.
Domínguez estaba exultante por
los elogios de Cohen.
Dos horas después, la venta de armas produjo otro capítulo. |
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Por Nora Veiras desde Cartagena de
Indias
“Quiero resaltar la
ayuda extraordinaria de Argentina como país garante del proceso de paz entre Ecuador y
Perú”, dijo sonriente el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen. Su
par argentino Jorge Domínguez disfrutaba complacido del trato privilegiado desarrollado a
partir de las relaciones carnales. Apenas dos horas más tarde se conocía en Buenos Aires
el pedido del fiscal Carlos Stornelli al juez Jorge Urso para que cite a declaración
indagatoria por el tráfico de armas al canciller Guido Di Tella (ver página 7). Cohen ya
había abandonado la cumbre de ministros de Defensa.
Antes de participar en la ceremonia de clausura de la III Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas, Cohen y Domínguez intercambiaron elogios en una rueda de
prensa. “Mi buen amigo representa el papel protagónico de Argentina como fuerza de
paz y estabilidad en el mundo”, dijo Cohen. El representante de Estados Unidos optó
por eludir una respuesta directa cuando se le preguntó si la investigación por la venta
ilegal de armas a Ecuador afectó el rol de Argentina como garante de la paz con Perú.
“Estos encuentros sirven para después poder levantar el teléfono y conocer al que
está del otro lado”, dicen los funcionarios al explicar los beneficios de la
Conferencia. Si ese fuera el objetivo, el despliegue aparece como desmesurado: Estados
Unidos llegó a esta ciudad con una comitiva de 140 delegados. Detrás de estas
declaraciones se encuentra la decisión de Estados Unidos de alinear a todo el hemisferio
en un nuevo rol para las fuerzas armadas. El enemigo se centra ahora en la lucha contra
las diversas formas de terrorismo, el narcotráfico y la redefinición de las fuerzas
armadas como agentes de ayuda ante “las tragedias naturales”.
–¿El intercambio de información de inteligencia para luchar contra el narcotráfico
y el terrorismo no implica que las fuerzas armadas realicen inteligencia interior, una
función que está prohibida por la ley argentina? –le preguntó Página/12 a Cohen.
–Cada país tiene sus garantías constitucionales que establecen cómo sus organismos
realizarán inteligencia. El narcotráfico trasciende las fronteras y afecta la región.
Nuestro gobierno es especialmente sensible a la forma en la que se recopila la
información. La información se reserva, se cuida, no sólo por interés nacional sino
por la protección de la vida.
El documento final de la Conferencia, “La Declaración de Cartagena”, establece
“la necesidad de estimular la educación y capacitación en derechos humanos y en
Derecho Internacional Humanitario de los miembros de las fuerzas militares y de
defensa”, reconoce “el derecho de cada nación de mantener fuerzas militares
para cumplir con las responsabilidades consagradas en su Constitución” y condena
“todas las formas de terrorismo, un crimen que amenaza la democracia en el
hemisferio”.
El texto consensuado no dejo constancia de un propósito más concreto de Estados Unidos:
la instalación de una central antinarcóticos en algún país de América latina. Cohen
explicó que después de fracasar la idea de establecerlo en Panamá, están buscando
dónde levantar ese lugar de detección de aeronaves que sean utilizadas para el tráfico
de drogas. En la anterior cumbre de Bariloche, la propuesta fue rechazada por la mayoría
de los países. Por ahora Estados Unidos se conforma con el avance en los mecanismos de
intercambio de información de inteligencia. El próximo encuentro será en Brasil en el
2000.
El “New York
Times” alerta
Por N. V.
El apoyo directo de Estados Unidos a la lucha
contra el narcotráfico en Colombia provoca reparos en la sociedad norteamericana. El New
York Times alertó sobre el riesgo de que por ese camino Estados Unidos termine
involucrado en la lucha contra la guerrilla y participando, de hecho, en los asuntos
internos del país latinoamericano.
La presencia de Estados Unidos no es una novedad para los colombianos, que reciben una
ayuda directa de 280 millones de dólares anuales para combatir el narcotráfico. La
administración de Clinton monitorea de cerca la evolución de la violencia en un país
donde los enfrentamientos cruzados de Fuerzas Armadas, guerrilla y paramilitares
desencadena 5000 muertes anuales. “Nuestro Ejército es el mejor entrenado de
América: tenemos combates todos los días”, comentó con ironía el ministro de
Defensa colombiano, Rodrigo Lloreda Caicedo.
El inicio del diálogo de paz en Colombia no significa la disminución de la violencia y
ni el gobierno ni las Fuerzas Armadas parecen demasiado optimistas sobre la evolución de
las conversaciones. La guerrilla domina casi la mitad del territorio selvático. |
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