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El ex marino puede ir a juicio oral Astiz en caída libre

La Cámara Federal confirmó el procesamiento contra el ex represor por apología del delito  en la causa por sus dichos en una entrevista.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alfredo Astiz.
“El imputado sabía que era una entrevista para ser publicada.”

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Por Victoria Ginzberg

t.gif (67 bytes) “El imputado ha elogiado un proceder delictivo, que incluso justificó sobre la base de la ineficiencia o imposibilidad de que la Justicia pudiera probar y sancionar las conductas delictivas que las víctimas habrían cometido.” Con estas palabras, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Alfredo Astiz por apología del delito en la causa iniciada a raíz de la entrevista al ex marino publicada por la revista trespuntos. “El Cuervo” será juzgado por decir, entre otras cosas, que es “el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista” pero la Cámara rechazó que también sea procesado por lo que hizo, tal como lo había solicitado el hijo de un desaparecido.
Los jueces Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo consideraron que la periodista Gabriela Cerruti realizó una “entrevista periodística destinada a ser publicada” y que “el imputado lo sabía”. De esta manera confirmaron el procesamiento del ex marino que el juez Claudio Bonadío dictó en mayo. La defensora oficial de Astiz, Perla Martínez de Buck, argumentó en su apelación que Cerruti y Astiz habían tenido una “charla informal y privada” y que su defendido no sabía que lo que conversaron iba a ser publicado. Por estas razones, Martínez de Buck aseguró que las palabras de Astiz no constituían apología, ya que para que exista este delito las declaraciones del acusado deben ser públicas.
Los camaristas no creyeron en la ingenuidad del “ángel rubio” y consideraron que el hecho de que “Astiz sabía que su interlocutora era una periodista” y “la multiplicidad de contactos que tuvieron en un período corto” da cuenta de “que se propiciaba una entrevista que se insertaba en el particular interés público que en ese momento existía en el país a raíz de la discusión acerca de la proyectada demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada”. El mismo Aurelio “Zaza” Martínez, quien funcionó como contacto entre Astiz y la periodista, admitió haberle dicho a su compañero que “aceptara la entrevista y aprovechara para blanquear su imagen”. Los jueces también consideraron que Cerruti no tuvo intención de mentir ya que esto hubiera “perjudicado, a corto o largo plazo, su fama profesional”.
El testimonio de la periodista ante Bonadío fue una “prueba fundamental” para que los magistrados concluyeran que Astiz debe continuar procesado. En el momento de dictar su resolución, el juez manifestó que “después de haber escuchado a Astiz y Cerruti durante el careo de ambos, la impresión general que me dejaron fue la mayor seguridad de la periodista en cuanto a recordar con más puntillosidad los detalles de la entrevista frente a la forma más dubitativa y confusa de responder de Astiz”.
“Soy el hombre mejor preparado técnicamente para matar a un político o a un periodista.” “¿Sabés por qué mata un milico? Por un montón de cosas: por amor a la patria, por orgullo, por machismo, por obediencia”, le dijo el ex marino a Cerruti en enero. Sus declaraciones provocaron más de diez denuncias por amenazas y apología del delito y le costaron al “ángel rubio” su grado y su salario. Federico Gómez Miranda, hijo del desaparecido abogado mendocino Conrado Gómez, fue aceptado por Bonadío como parte querellante y solicitó que el ex marino fuera procesado no sólo por lo que dijo durante el reportaje sino por lo que hizo durante la última dictadura militar. La Cámara rechazó su pedido, y además lo apartó de la causa. Lo mismo hizo con la Asociación de Abogacía Preventiva, que también era parte querellante. Para justificar su solicitud, Gómez presentó pruebas idénticas a las que le sirvieron al juez español Baltasar Garzón para ordenar la captura internacional del ex almirante Emilio Massera y otros oficiales de la ESMA. “Si alguien confiesa un delito el juez debe investigarlo. Y Astiz lo hizo, por eso pedimos que se lo procese por genocidio”, aseguró el abogado Eduardo Barcesat.
Luego de que el fiscal Carlos Cearras presente la acusación, la causa será elevada a juicio oral, a menos que la defensa pida la suspensión delproceso y solicite “probation”, es decir, el cumplimiento de ciertas pautas de conducta. De cualquier manera, la pena máxima por apología del delito es de un año, por lo tanto Astiz no irá a prisión. Pero deberá mantener su boca cerrada.

 


 

La Noche de los Lápices en la Cámara platense

En el último testimonio del juicio para saber el destino de los desaparecidos, Pablo Díaz  nombró a los responsables por su secuestro.

Un sobreviviente de la Noche de los Lápices declaró en la Cámara Federal de La Plata.
Pablo Díaz narró detalles sobre su cautiverio en dos centros clandestinos de detención.

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t.gif (862 bytes) Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, narró ayer en la Cámara Federal de La Plata los detalles sobre su cautiverio en dos centros clandestinos de detención durante la dictadura militar. En la última audiencia del año en el juicio que intenta develar cuál fue el destino de más de dos mil desaparecidos, Díaz dio nombres de militares, civiles y religiosos responsables de su secuestro y de la desaparición de otros estudiantes, relató que vio embarazadas y que llegó a escuchar el llanto de un bebé que le fue sustraído a su madre.
El 21 de setiembre de 1976 a las cuatro de la mañana, un grupo de tareas integrado por efectivos del Ejército y de la policía bonaerense irrumpió en la casa de Pablo Díaz. Aunque estaba durmiendo, comprendió de inmediato cuál era el fin del procedimiento, ya que desde hacía días, varios adolescentes de La Plata que participaban de los centros de estudiantes de los colegios secundarios estaban siendo secuestrados por fuerzas de seguridad. De todas las personas que intervinieron en el procedimiento, sólo reconoció al comisario Héctor Bides, que actuó a cara descubierta. Díaz fue llevado al centro clandestino de detención de Arana y luego de seis días fue trasladado al Pozo de Banfield, donde tomó contacto con otros estudiantes. El abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, Jaime Glüzmann, aseguró a Página/12 que “según se desprende de esta declaración existieron dos centros ‘Arana’, el llamado ‘Pozo de Arana’ o ‘Cuatrerismo’ que era una dependencia de la policía provincial y otro –donde estuvo Díaz– que estaba en una vieja estancia del Ejército”.
El médico Jorge Bergés, el arzobispo de La Plata, monseñor Antonio Plaza, el ex titular del primer cuerpo Carlos Suárez Mason, el ex comisario Héctor “Lobo” Vides, Carlos “el Indio” Castillo y el ex director de Investigaciones de la policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz fueron algunos de los señalados como responsables de la desaparición de estudiantes. Al último, Díaz le imputó haber solicitado al comisario Alfredo Fernández un memorándum sobre las actividades de los jóvenes y ser quien decidió sobre el destino final de los estudiantes desaparecidos.
Díaz relató que fue sometido a torturas y detalló que fue víctima de un intento de violación y un simulacro de fusilamiento. Entre las embarazadas que vio recordó a Cristina Narvaja de Santucho. También contó que fue testigo del trabajo de preparto de Gabriela Carriquiriborde y que alcanzó a escuchar “el llanto del bebé que finalmente le fue sustraído a la madre”. Este testimonio se produjo a raíz del caso de Claudia Falcone, secuestrada el 16 de setiembre de 1976. Díaz aseguró que antes que lo pasaran a Unidad Penitenciaria Número 9 de La Plata mantuvo una conversación con la joven quien le confesó que “había sido golpeada y maltratada”. Ante una pregunta de los abogados de la APDH, el testigo manifestó que en Arana “hubo entierros” pero que como el cementerio se encontraba cerca los cuerpos pudieron haber sido depositados allí. A raíz de la declaración de otra testigo, Adelina de Alaye, hoy se realizará una inspección ocular en el cementerio de La Plata, donde se presume que hay cientos de cuerpos NN que pertenecen a desaparecidos.

 


 

SOBRE LOS MENORES SECUESTRADOS
Un pedido de información

t.gif (862 bytes) Los representantes de seis Abuelas de Plaza de Mayo en la causa que investiga si hubo un plan para apropiarse de sus nietos durante la dictadura pidieron al juez Adolfo Bagnasco que haga un “llamamiento público para que todo aquel que posea o conozca alguna información sobre menores que pudieron haber sido víctimas de sustracción lo haga saber a ese juzgado por el medio confiable que estime necesario”.
Los abogados Alberto Pedroncini y David Baigún solicitaron que el juez convoque a una conferencia de prensa a tal efecto. Los letrados basaron su petición en la desaparición de expedientes y otros documentos bajo el estado de derecho. Valioso material para este proceso se extravió o fue sustraído del Ministerio del Interior, de Defensa, de las Fuerzas Armadas, de un juzgado federal, otro de primera instancia y la Cámara Federal. “Las fuentes de información de que normalmente disponen los miembros de toda comunidad civilizada se encuentran virtualmente suprimidas por la clandestinidad del sistema descripto en la sentencia dictada en el juicio a las Juntas Militares de 1985, y por la destrucción sistemática de documentación producida en aquel régimen”, dice el escrito.
Pedroncini y Baigún consideran que “nuestra Justicia mostraría un valioso enriquecimiento de las posibilidades del Derecho, si un juez con jurisdicción plena (como la que ejerce Bagnasco en este proceso) añadiese una forma de búsqueda humanitaria de la verdad, dirigiéndose para ello al pueblo argentino”.

 


 

PEDIRA PAPELES SOBRE PINOCHET
De Servini a Garzón

t.gif (862 bytes) La jueza federal María Servini de Cubría solicitará al juez español Baltasar Garzón toda la documentación que posea sobre el Plan Cóndor. A la magistrada le interesa especialmente lo referido a Chile, para incorporarlo a la causa en la que investiga el asesinato del general chileno Carlos Prats. El pedido lo hizo el fiscal Felipe Di Lello, pero Página/12 pudo saber que Servini lo hará suyo. Di Lello también pidió que la jueza le tome declaración indagatoria al dictador Augusto Pinochet, pero antes de tomar esa decisión Servini espera recibir desde el país trasandino la llamada “causa del Melocotón” –la única abierta en su contra– para determinar si el caso Prats está prescripto. Apenas se conoció la noticia de la detención de Pinochet en Londres, Servini había manifestado a este diario su interés en escuchar al dictador chileno.

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