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En busca de drogas, la policía hizo desnudar a nueve docentes

El polémico juez federal de Santa Fe Víctor Brusa autorizó una requisa en busca de drogas en una escuela carcelaria. La policía obligó a desnudarse incluso a dos maestras embarazadas.

La orden para el allanamiento a la escuela fue firmada por el juez federal de Santa Fe Víctor Brusa.
El procedimiento fue originado sólo en sospechas y en “fuentes reservadas” nunca aclaradas.

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Por Juan Carlos Tizziani desde Santa Fe

t.gif (67 bytes) El juez federal Víctor Brusa autorizó el allanamiento de una escuela primaria que funciona en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe, donde efectivos de la Brigada de Drogas Peligrosas obligaron a nueve docentes del establecimiento —entre ellas dos mujeres embarazadas y otra que ya ronda los 60 años— a sufrir una requisa individual al estilo del siglo pasado frente a policías y testigos. “Nos obligaron a bajarnos hasta la ropa interior, nos trataron como si fuéramos delincuentes. Nunca sufrimos una humillación semejante”, dijo ayer a Página/12 una de las maestras que pidió reserva de identidad para evitar represalias, mientras intentaba superar su malestar y la crisis de llanto. El hecho ocurrió el martes a la mañana, la escuela es la especial Nº 2104 de irregulares sociales, y la requisa fue padecida por la directora, la psicopedagoga, cinco maestras y los profesores de educación física y actividades prácticas. Ayer, la fiscal federal Griselda Tessio había pedido el comparendo del director de la cárcel de Las Flores, Luis Mécoli y el subalcaide y jefe del pabellón juvenil, Julio Romano, a quien pedirá explicaciones por el tenor de una denuncia que fundaron sólo en sospechas y en “fuentes reservadas”.
Fuentes responsables informaron que el juez Brusa firmó la orden de requisa de la escuela y de los docentes, por pedido de Drogas Peligrosas y de los funcionarios que están al frente de la cárcel de Las Flores, quienes incluso habrían entregado a la policía una lista de los nueve docentes del establecimiento: siete mujeres y dos hombres. Sin embargo, la fiscal federal recién fue notificada ayer, 24 horas después del operativo, por lo que pidió el inmediato comparendo de los jefes del penal para pedir explicaciones y abrir una investigación.
Según una de las docentes que accedió a conversar con este diario, la orden firmada por Brusa señalaba que el día 1º de diciembre —cuando se realizó el procedimiento— los docentes iban a entregar estupefacientes a los alumnos que no son otros que los internos alojados en el pabellón juvenil.
Al parecer, el hecho se encadena con una iniciativa de la terapista ocupacional de la cárcel, quien impulsó la organización de un campeonato de fútbol que se realizaría durante cinco miércoles consecutivos en una canchita que está justo en frente de la escuela, y en la que participarían los internos del pabellón juvenil y chicos de otras escuelas. Sin embargo, la escuela carcelaria no participó como institución de la propuesta, aunque sí lo hicieron sus alumnos-internos. El miércoles de la semana pasada, en la primera jornada, durante los partidos, la escuela permaneció cerrada para evitar todo contacto, aunque las maestras observaron que algunos de los internos estaban drogados. “Le erraban a la pelota, pero para nosotros no es algo nuevo verlos en ese estado”, dijo la docente consultada por este diario.
“Este martes tuvimos una reunión plenaria”, contó la maestra. “Pero cuando íbamos llegando nos esperaba gente del Servicio Penitenciario, pensábamos que había problemas con los internos, porque es algo común. Nos dicen entonces que eran una requisa individual a los docentes y luego al edificio. Y nos muestran una orden firmada por el juez Brusa.” “Empezaron con las mujeres. Había dos mujeres policías y dos testigos, una de ellas en crisis porque había salido a caminar y la interceptaron en la calle, le gritaron y la obligaron a ir hasta la cárcel para presenciar todo”, explicó. “Nos hicieron pasar una por una, así que en ningún momento pudimos tener contacto entre nosotras. Nos trataron como si fuéramos delincuentes, controlaron absolutamente todo lo que teníamos en los bolsos y tuvimos que sacarnos la ropa. Incluso hasta bajarnos la ropa interior... Fue muy humillante, nos hacían sacar la ropa y ellas (las mujeres policías) se fijaban si teníamos algo”, explicó. “Las embarazadas no se dejaron hacer tacto, pero no sabemos qué pasó conlas demás o con la señora de 60 años que aún hoy (por ayer) sufre una crisis de llanto. Esa maestra trabaja desde hace 12 años en escuelas carcelarias y nunca sufrió una cosa igual, las otras docentes tienen entre siete y ocho años de experiencia y tampoco sufrieron una vejación semejante”.

 

Los escándalos del juez

El juez federal Víctor Brusa, que firmó la orden de requisa de nueve docentes a quienes se obligó a desnudarse frente a testigos, es el mismo que protagonizó hechos resonantes en Santa Fe en los últimos meses. En noviembre de 1997, varios testigos lo identificaron como el hombre canoso que comandaba la lancha blanca —sin matrícula— que arrolló al nadador Miguel Pedernera, en la laguna Setúbal. El aspirante a guardavidas tuvo que ser rescatado dos metros bajo el agua, con una fractura de varios centímetros en el cráneo y un brazo desgarrado. El caso fue investigado por el juez federal ad hoc Danilo Kilibarda, quien pidió el juicio político de Brusa para imputarlo por el supuesto delito de “lesiones graves culposas”. Sin embargo, la Cámara Federal de Santa Fe declaró la incompetencia del fuero federal, por lo que el expediente quedó en manos del juez Correccional de la 7ª nominación, Raúl Candioti, quien también se declaró incompetente. Ahora, deberá decidir la Corte Suprema de la Nación.
El mes pasado, Brusa se convirtió en imputado-querellado en la causa que tramita en España el juez Baltasar Garzón por “genocidio, terrorismo y torturas” y poco después organismos de derechos humanos organizaron un escrache frente al domicilio del magistrado. Al día siguiente, el hermano de juez —y su defensor—, Horacio Brusa, anunció un paquete de querellas contra una víctima de la dictadura que lo denunció en España y el propio Garzón.

 

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