Mónica Flores Correa Irina Hauser y Diego Schurman
 Mientras la
Justicia pide investigarla por enriquecimiento ilícito, Página/12 obtuvo documentación
que confirma propiedades hasta ahora desconocidas de María Julia Alsogaray: su
declaración ante la Oficina de Etica Pública y el registro inmobiliario de Nueva York
revelan es dueña de un departamento doble frente al Central Park comprado mediante una
sociedad anónima con sede en el Caribe que la secretaria de Medio Ambiente controla en un
100 por ciento.
La documentación avala la información exclusiva publicada por este diario, según la que
María Julia se había presentado como copropietaria ante sus vecinos de la Essex House.
Se trata de un complejo que reúne una zona de apart y otra de hotelería en el flanco sur
del Central Park.
La operación tiene un costado curioso: no fue María Julia quien firmó la adquisición
del apartamento sino su hijo Francisco Luis Erize, de 23 años, que figuró como director
de la sociedad anónima, la Purple Cross Corporation, traducción al inglés de cruz
púrpura.
En uno de los contratos la “Purple Cross Corporation, a British Virgin Islands
Corporation” le compra a Texaco Inc. la unidad doble con los números 1160/1161 por
una suma de 400 mil dólares, 260 mil en hipoteca. Quien se hace acreedor es Francisco
Erize (h), que figura con domicilio en Junín 1435, la mansión en la que vive en Buenos
Aires con su madre.
Las Islas Vírgenes Británicas son uno de los paraísos fiscales predilectos en el mundo
de los negocios para concentrar fondos del exterior y armar sociedades que a su vez
deriven el dinero a otros destinos.
La escritura está fechada el 10 de mayo de 1997 (con el membrete norteamericano que dice
“Durable General Power of Attorney/New York Statutory Short Form”.
María Julia Alsogaray presentó su declaración de bienes a Luis Ferreira, el jefe de la
Oficina de Etica Pública, después de que investigaciones periodísticas revelasen que
los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia la acusaron por presunto enriquecimiento
ilícito. Según esta figura, contenida en el artículo 268 del Código Penal, los
funcionarios deben probar que se enriquecieron lícitamente. Si el juez Juan José Galeano
hace lugar a la acusación fiscal, María Julia deberá reunir elementos para demostrar
que compró con fondos de origen legal su propiedad en Nueva York.
Por el momento, se ha preocupado por que el apartamento no quedara solo en el terreno de
las informaciones periodísticas. Por eso lo incluyó en la declaración ante Ferreira y
le dio permiso a éste para que difundiera la declaración, un modo obvio de alentarlo a
que lo hiciera.
Un comunicado de la Oficina de Etica Pública dice que “la secretaria de Recursos
Humanos y Desarrollo Sustentable realizó ante esta oficina una presentación espontánea
(en negrita en el original) de su situación patrimonial abierta (así en el original) a
efectos de su conocimiento por parte del público en general. Es dable destacar que en la
actualidad no existe obligación legal en este sentido para los funcionarios de la
administración pública”. Efectivamente, el propio Presidente Carlos Menem no
accedió de manera espontánea a presentar su declaración de bienes a Ferreira con la
recomendación de que la difundiera.
La presentación de la secretaria de Medio Ambiente tiene sello de mesa de entradas de la
Oficina de Etica con fecha del 26 de noviembre.
Sobre la propiedad del Central Park dice textualmente en el capítulo
“Inversiones”: “Poseo el 100 por ciento de las acciones de la sociedad
Purple Cross Corp. La misma es propietaria de un departamento en la modalidad
Appart-hotel, ubicado en la ciudad de New York, del cual se ha abonado aproximadamente una
tercera parte de su valor, existiendo una deuda hipotecaria pro el resto, que se está
cancelando con la renta obtenida por el alquiler del mismo”.
Ninguno de estos datos figuraba en las declaraciones oficiales de la funcionaria que
fueron incorporadas en el expediente elaborado por losfiscales Mullen y Barbaccia quienes,
ahora, no sólo cuentan con novedades acerca de la fortuna de la secretaria de Estado sino
con nuevas pistas para el rastreo de cuentas bancarias de María Julia en el exterior, uno
de los mayores misterios que desvela a los fiscales según la versión de funcionarios
allegados a la pesquisa.
Página/12 informó que María Julia se presentó ante sus vecinos como dueña de cinco
departamentos pertenecientes a la Essex House, uno los exclusivos hoteles cinco estrellas
de Manhattan donde suelen alojarse personajes como Robert Redford y el periodista de
televisión Larry King. En ese suntuoso edificio, ubicado en una de las zonas más
cotizadas de la ciudad, las propiedades cuestan entre 400 mil y un millón de dólares. El
valor varía de acuerdo a la altura y la vista al maravilloso Central Park, aunque todos
comparten la proximidad con Petrossian, la tienda de venta de caviar más importante del
mundo.
Los fiscales creen que los bienes y el nivel de vida de la funcionaria no se corresponden
con sus ingresos. Como secretaria de Estado, María Julia percibe un sueldo de 3 mil pesos
mensuales. En ya 13 años de ejercicio de la función pública pasó por Entel y también
por la intervención de la acería Somisa. La fiscalía calcula que en los últimos diez
años Alsogaray incrementó su patrimonio por lo menos en dos millones de pesos. La
declaración presentada ante Ferreira no detalla los valores de los bienes inmuebles y los
dos automotores –el Mercedes C 180 modelo 1996 y el Fiat Uno modelo ‘92– ni
los números de las cuentas bancarias.
En la declaración de la ingeniera figuran en cambio sus inversiones en las sociedades
familiares Guandacay SA, Cadesym SA, Safip SA, Pincas SA, Gnomo SA y, también, Purple
Cross.
María Julia dice que todas esas sociedades “constan en mis declaraciones juradas
efectuadas ante el Fisco Nacional y la Escribanía General del Gobierno de la
Nación”.
El enriquecimiento ilícito está castigado con una pena de entre dos y seis años de
prisión, según establece el Código Penal.
La ex afiliada de la UCeDé que Carlos Menem convirtió en 1989 en funcionaria de su
gobierno no dispone de tiempo para viajar todos los meses a Nueva York. Pero durante 1998
ya visitó varias veces la Essex House. La última estadía fue en septiembre, aunque no
está claro todavía en qué lugar del complejo se alojó si tiene su departamento
alquilado.
La funcionaria tiene mejores
técnicos
Por I.H.
La declaración patrimonial que presentó la
semana pasada por iniciativa propia María Julia Alsogaray ante la Oficina de Etica
Pública de la Presidencia tiene dos páginas, membrete con su nombre y exhibe un sello
con fecha del 26 de noviembre (de 1998). Data de los mismos días en que la secretaria de
Recursos Naturales se decidía a cambiar a su abogado Carlos Fontán Balestra, quien
también fuera defensor del presidente Carlos Menem, por los doctores Oscar Rabinovich y
Roberto Eliosoff, también patrocinantes, entre otros, de Gustavo Beliz. “Parece que
María Julia optó por buscar mejores técnicos”, le dijo a Página/12 una fuente
allegada a la investigación. En la manifestación de bienes que le dio al titular de
Etica Pública, María Julia no incluyó algunas pertenencias que sí aparecieron en la
investigación de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia y otras reveladas por este
diario (un auto, dos inmuebles, dinero en efectivo, entre otras cosas). Obvió consignar,
además, el valor monetario de sus bienes. Un detalle que refuerza su empeño en dar
imagen de honestidad y transparencia es que María Julia redactó su inventario en primera
persona. Incluye, bajo este estilo, aclaraciones tales como: “La presente
enumeración corresponde a bienes adquiridos con ingresos personales y donaciones
recibidas de mis padres”; o “tengo cuentas corrientes y cajas de ahorro en los
bancos Francés y Boston. Asimismo poseo una cuenta corriente en el Banco Nación en el
Uruguay, la cual mantengo desde la época en que por funciones diplomáticas, viví en
dicho país”. |
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Pinzón, manos afuera
Por I.H
Los fiscales Eamon Mullen
y José Barbaccia están furiosos porque la Fiscalía de Investigaciones Administrativas,
que comanda Jorge Pinzón, aún no dio ninguna señal de intervención en la acción penal
que compromete a María Julia Alsogaray por presunto enriquecimiento ilícito.
Según contó a Página/12 un funcionario vinculado con la investigación judicial, los
fiscales esperaban la colaboración del organismo, pero por ahora –dicen– los ha
dejado cargar solos con la pesquisa. En nombre de Pinzón, un vocero señaló que para
intervenir necesitaría “que lo pida el juez Juan José Galeano”, a cargo de la
causa. “De todas maneras, no se descarta denunciarla para que se le inicie un
sumario”, agregó.
A Pinzón, quien en su cargo tiene por misión investigar a los funcionarios públicos, lo
afecta un pedido de juicio político que fue presentado en octubre de este año por la
diputada del Frepaso Nilda Garré porque el fiscal no radicó ni una sola denuncia contra
funcionarios en los últimos ocho años. Las fuentes allegadas a la fiscalía de Mullen y
Barbaccia sugirieron que la falta de intervención de la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas constituye un gesto de protección hacia el Gobierno.
En nombre de Pinzón, un funcionario de la repartición dijo a este diario: “Por la
ley de ministerio público este organismo ha quedado desafectado de las causas penales. El
ejercicio de la acción penal queda en manos de los fiscales naturales. Es decir, nosotros
sólo podemos hacer denuncias. Igualmente estamos tratando de conseguir volver a
intervenir en casos en los que participábamos como el de IBM-Banco Nación”.
Con respecto a la causa por enriquecimiento contra María Julia, la fuente sostuvo que
Pinzón ya encomendó a alguien que se pusiera al tanto del tema pero que, de todos modos,
para que se concrete la colaboración sería necesario “que lo pida el juez Juan
José Galeano”. Con todo, “para la fiscalía de investigaciones, en principio el
tema de IBM parece más importante”, puntualizó el funcionario. Y agregó que no
descartan denunciarla para la iniciación de un sumario disciplinario que podría
acarrearle desde una sanción hasta la remoción del cargo. Pero no es tan fácil llegar a
esa instancia, para sumariar a un secretario de Estado hace falta la firma de un decreto
de la Presidencia que permita hacerlo.
Según denunció en su momento la legisladora Garré, Pinzón tenía 149 expedientes para
tramitar y “no se ha formulado en los últimos ocho años una sola denuncia”. No
era por falta de infraestructura, dijo, porque la fiscalía cuenta con siete pisos en la
calle Perón al 2400, cuenta con un presupuesto anual de tres millones de pesos y 89
empleados.
Está por verse ahora qué avanza más rápido, si la colaboración de la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en la causa por enriquecimiento contra la ingeniera
Alsogaray o el pedido de juicio político contra Pinzón.
La preferida de Menem se quedó sin los
créditos
La secretaria de Recursos
Naturales no tendrá el privilegio de gastar 871 millones de pesos a cuenta del futuro
gobierno. La escasa convicción de los diputados oficialistas abortó la propuesta.
Humberto Roggero, jefe de la
bancada justicialista en Diputados.
Exigieron a Jorge Rodríguez la propuesta por escrito, y ni así la votaron. |
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Por Cledis Candelaresi
María Julia Alsogaray y
Jorge Rodríguez resultaron desairados con la votación del Proyecto de Presupuesto para
1999, al que Diputados le dio media sanción en la madrugada de ayer. Por resistencia de
la oposición y de algunos de sus propios hombres, el justicialismo no consiguió añadir
un artículo para permitirle a la Secretaría de Recursos Naturales contratar obras con
avales del Tesoro por 871 millones de pesos. Pero el frustrado intento no fue sólo
promovido por los diputados oficialistas. El jefe de Gabinete y su colaborador directo,
Miguel Solé, instruyeron por nota al Congreso para que otorgue aquel privilegio a una de
las dependencias más favorecidas de la administración nacional.
Entre los cambios que el oficialismo previó incluir en el proyecto de Presupuesto poco
antes de comenzar la maratónica sesión del miércoles, estuvo el del polémico
artículo. Este planteaba autorizar a Recursos Naturales a contratar obras llave en mano,
que serían costeadas por las constructoras pero con avales del Tesoro nacional.
Ese listado incluyó cuatro emprendimientos, algunos de los cuales ya están en marcha, a
pesar de que no están garantizados los recursos para pagarlos: el Sistema Interprovincial
Federal o Canal Federal (415 millones), el acueducto Chaco (150 millones), proyecto para
el desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo-Río Grande-Tarija (270 millones) y
desagües pluviales de acceso a Capital Federal (36 millones). Esas obras deberían ser
pagadas por el Estado en un lapso de 36 a 120 cuotas, previo período de gracia.
El artículo estaba incluido en el borrador que el miércoles por la noche llevaron al
recinto los legisladores oficialistas. Pero su redacción, incluyendo el detalle de las
obras, fue responsabilidad del jefe de Gabinete. En una nota enviada el 24 de noviembre a
Oscar Lamberto, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Rodríguez pidió hacer
esa incorporación para facilitar “los actos licitatorios en curso”.
“Como es de su conocimiento –justificó–, las obras enunciadas tienen una
alta repercusión en el desarrollo de las economías regionales y permitirán, a su vez,
resolver distintos problemas vinculados con la prevención contra las consecuencias de las
inundaciones, suministro de agua para consumo humano, riego para productores y energía
para la producción.” El 30 de noviembre, el secretario Solé reiteró el pedido,
añadiendo 22 millones para la plataforma satelital (Saocom I A) de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (Conae).
Como la primera instrucción de la Jefatura llegó por una vía informal, los legisladores
reclamaron a Rodríguez que la elevara por escrito. “Nosotros no íbamos a endeudar
al país por más de 800 millones sin cubrirnos las espaldas”, explicó ayer a
Página/12 uno de ellos.
La autorización para endeudarse es un eficaz recurso para permitirle a una dependencia
gastar más sin subir las erogaciones previstas en el Presupuesto. Pero, inevitablemente,
compromete las futuras gestiones de gobierno, que tendrán la responsabilidad de pagar las
deudas contraídas.
Tal vez por esto –y esperanzados de que en 1999 el justicialismo abandone la
Rosada–, los legisladores de la Alianza se opusieron terminantemente a convalidar ese
añadido. Sabiendo que resultaría un punto muy controvertido, los diputados del PJ
resolvieron dejarlo para el final de la votación. Cuando al amanecer plantearon votarlo,
los aliancistas amenazaron con irse del recinto, dejando sin quórum la sesión. Fue
entonces cuando el propio titular de la Cámara, el justicialista Alberto Pierri, propuso
abandonar el tema.
RODRIGUEZ NO PODRA DESVIAR PARTIDAS
Recortado e impedido
Por C.C.
Diputados limitó las
facultades del jefe de Gabinete para realizar cambios en el Presupuesto: Jorge Rodríguez
no podrá tocar los fondos específicos, millonaria masa de recursos con destino al
interior, ni podrá cubrir gastos corrientes (ejemplo: sueldos) con dinero que se
presupuestó para cubrir gastos de capital (ejemplo: obra pública). Uno de los objetivos
de esta última restricción es impedir que el Poder Ejecutivo “dibuje” una
serie de obras que, en realidad, nunca piensa ejecutar.
Diputados hizo algunos otros retoques al proyecto de Presupuesto Nacional que giró Roque
Fernández, que preveía un gasto total para 1999 de 49,3 miles de millones de pesos:
 Subió de 1 a 3
pesos por voto el importe tomado como base para financiar los partidos políticos. Si
prospera esta fórmula de cálculo, el Tesoro necesitaría unos 50 millones de dólares
por año para este fin.
Amplió la
lista de provincias que podrán promover proyectos agrícolas bajo el régimen de
diferimientos impositivos, subiendo de 5 a 12 millones el cupo para 1999.
El Ministerio
de Interior podrá endeudarse en 20 millones anuales durante cinco años para equipar a
las Fuerzas de Seguridad. Si bien el planteo vino de Economía, la Cámara dispuso cuánta
plata irá a cada fuerza y hasta detalló con llamativa precisión qué comprará cada
una.
Se asignaron
más recursos a varias áreas en detrimento de otras por un total de 269,9 millones de
pesos.
De este modo, se restituyó al Fonavi 105 millones que Economía quería destinar a la
secretaría de Desarrollo Social y se le asignaron a las universidades 100 millones, que
deberá resignar el Palacio Pizzurno. Según lo votado en el recinto, la ministra Susana
Decibe no podrá recortar un peso de tres programas que benefician al interior, cuyos
presupuestos suman 300 millones de dólares anuales.
Se asignaron 30 millones de pesos más al Congreso. Según Oscar Lamberto, la escasez
presupuestaria del Parlamento “impide pagar las dietas”.
Se destinaron
20 millones para programas de agua potable en el interior. Esos fondos serán restados del
subsidio que Economía había presupuestado para Metrovías.
Se suprimió el
artículo que imponía un tope de 2500 pesos mensuales a los haberes jubilatorios pagados
por el sistema de reparto.
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