Por Adriana Meyer
 Massera ya puede
irse a su casa. La jueza María Servini de Cubría decidió concederle al dictador el
arresto domiciliario. Cuando sea dado de alta en el Hospital Naval el Almirante Cero
podrá volver a su departamento de la avenida Libertador y San Martín de Tours, para
cumplir allí la detención que le impuso la magistrada el martes 24 de noviembre cuando
lo procesó como partícipe necesario de la apropiación del hijo del matrimonio
ViñasPenino. Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers se habían pronunciado en el
mismo sentido que la jueza por considerar que Massera cumple los requisitos legales para
obtener este beneficio. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto
aseguró a Página/12 que se siente indignada y decepcionada porque consideró que
“es una barbaridad. La jueza lo encarceló con pruebas más que suficientes y ahora
lo deja ir a su casa sin argumentos. La ley no la obligaba a hacerlo”.
Según Carlotto “los argumentos humanitarios que inspiraron esa norma no deberían
beneficiar a un asesino como Massera”. Uno de los hijos del represor, Eduardo
Massera, asumió ante la jueza el compromiso de garantizar que el ex almirante, de 73
años, acatará toda orden judicial. Servini consideró “positivo” el informe
ambiental del departamento de Massera y descartó que el arresto se cumpla en una quinta
de General Pacheco que la familia había preparado porque “por el estado de salud de
Massera necesita estar cerca del centro asistencial donde se lo atiende”. Los
fiscales pusieron especial énfasis en las medidas de seguridad que tendrá la morada
céntrica del ex almirante.
La magistrada tuvo en cuenta el antecedente de la Cámara Federal de San Martín que
benefició al dictador Jorge Videla permitiéndole permanecer en su casa mientras cumple
la detención que le había dictado el juez Roberto Marquevich en una causa similar a la
de Massera. Recordó que el fiscal Pablo Quiroga denunció al juez por no conceder el
beneficio al ex presidente de facto, con el argumento de que la ley que lo contempla es
aplicable también a los procesados.
Fuentes profesionales consultadas por este diario afirmaron que ésta es una
interpretación errónea de los artículos 33 y 11 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal
para beneficiar a los ex comandantes. La directora de la Consultoría para el Abordaje de
la Problemática Penal, licenciada Alejandra Vallespir, destacó que “a Videla se lo
había exceptuado de los tres informes que marca la ley”. En un comunicado Vallespir
aseguró que “sería excelente que se tomara este precedente para todos los demás
detenidos (condenados y procesados) que se encuentren en igual situación” a Videla y
Massera.
El abogado del ex almirante, Miguel Arce Aggeo señaló que “los nuevos informes
médicos indican que Massera padece de arritmia cardíaca y esto podría complicar su
presencia ante el juez Adolfo Bagnasco, prevista para el lunes. El juez tendría que
instalar el juzgado en el Hospital Naval”, comentó el letrado. Bagnasco lo citó
para el próximo lunes a las 9 a declarar como imputado en la causa que investiga la
implementación de un plan sistemático de apropiación de los hijos de los desaparecidos,
nacidos en los centros clandestinos que funcionaron durante la dictadura.
Según la ley, cuando vuelva a su departamento de Palermo Chico Massera no podrá salir.
Seguirá custodiado por la Gendarmería en las puertas del piso 12 y de acceso al edificio
en forma permanente. Podrá recibir visitas, pero estas deberán ser requisadas. Si tiene
que ir al médico su salida deberá estar autorizada por la jueza Servini. La violación
de estas exigencias implica la pérdida del beneficio y se le puede abrir una nueva causa
por intento de fuga.
Merry Christmas, general (in England, of
course)
Pinochet deberá pasar Navidad en
Inglaterra, por las apelaciones que habrá ante cualquier decisión que tome Jack Straw. Y
su estadía resulta cada vez más cara.
Entrada al exclusivo country en
que está el ex dictador.
Para Navidad, sus gastos desbordarán el millón de libras. |
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Por Marcelo Justo desde Londres
En medio de la creciente
especulación sobre la decisión que tomará el ministro del Interior británico Jack
Straw, una cosa parece segura: el general Pinochet pasará las navidades en Inglaterra.
Sea que el 11 de diciembre Straw se incline por la extradición a España o la libertad
por razones humanitarias, la decisión será apelada y la apelación tomará como mínimo
semanas. “El ministro del Interior tiene que avisar con 48 horas de anticipación a
la fiscalía sobre la decisión que tome. El objetivo de este preaviso es que los abogados
puedan apelar en caso de que no estén de acuerdo”, indicó a Página/12 el encargado
de temas legales de Amnistía Internacional, Andy Mc Etel. En términos similares pero a
la inversa se pronunció el exclusivísimo estudio de abogados del general Pinochet, el
Kingsley Napley. “Apelaremos hasta el final”, indicaron a la prensa.
Mientras tanto, las presiones siguen creciendo sobre el ministro del Interior, Jack Straw.
El senador del derechista Partido de Renovación Nacional Ignacio Pérez Walker se
convirtió en el último de una larga lista de políticos chilenos que llegan a Londres a
pedir la libertad del general. En declaraciones a la prensa, Pérez Walker no ahorró
advertencias apocalípticas al detallar las amenazas que se cernirían sobre Chile si se
produce la extradición de Pinochet a España. “Desafortunadamente en Chile hay
muchos locos y terroristas que recurrirán a la violencia. Y también hay oficiales
retirados del Ejército que aprovecharán esta situación para intentar destruir la
democracia. No descarto que haya asesinatos de políticos”, alertó el senador.
Pérez Walker le recordó al gobierno laborista que en marzo pasado denegó la
extradición a Alemania de la norirlandesa Roisin McAliskey acusada por la Justicia
germana de un atentado terrorista aduciendo “razones de salud”. “En
realidad Jack Straw no la extraditó porque el laborismo no quería comprometer el proceso
de paz en Irlanda del Norte. Le pedimos ahora que haga lo mismo por Chile. Si no creen en
nuestra Justicia que al menos crean en nuestra paz”. En dirección contraria al
senador, presiona el recientemente formado Comité contra la Impunidad, una organización
del exilio chileno que cuenta con fuerte apoyo de británicos, que lanzó esta semana una
campaña de recogida de firmas exigiéndole a Straw que extraditara al general.
Aprovechando que la temporada navideña hace rato que se siente en las calles londinenses,
la organización espera conseguir decenas de miles de firmas en los próximos días.
Por su parte, el general se encuentra embarcado en otro tipo de colecta. Según publicó
ayer el matutino británico The Independent, el proceso legal iniciado con su arresto el
16 de octubre pasado le está costando una fortuna. Tan sólo el revés el miércoles de
la semana pasada en la Cámara de los Lores le agregó de un plumazo 400 mil libras (600
mil dólares) a su cuenta, ya que al revocar el fallo del Real Tribunal Superior de
Londres, los lores también revirtieron el dictamen que eximía al general de pagar los
costos del caso. Y los costos son altos. Los abogados de la Kingsley Napley cotizan a unas
12.000 libras diarias (18.000 dólares). Un panorama desmenuzado de esta suma lo dan los
honorarios de Clare Montgomery, una de los dos abogados a cargo de la defensa. La tarifa
de su cerebro legal se cotizó a 350 libras por hora, que a un promedio de seis horas y
media por día de cada una de las seis audiencias de los lores dio una cuenta totalde más
de 50 mil libras. Por encima de ella se sitúa otro abogado, Clive Nicols (500 libras la
hora), y por debajo, cada uno del equipo de asesores (150 por hora per cápita). A este
paso, para Navidad, los gastos del paseo que Pinochet inició en Londres hace más de dos
meses superarán el millón de libras.
Aunque lejos de debatirse en la pobreza digna de los próceres del siglo XIX, el general
Pinochet tampoco es Ferdinando Marcos y si a estas cuentas se les añaden las de las
clínicas (unos 550 dólares por noche) y las 10.000 libras por mes que paga de alquiler
en la exclusiva mansión que desde el martes ocupa en Surrey, se ve que precisa ayuda
financiera. Entre las fuentes de fondos de Pinochet citadas por el The Independent, se
halla el presidente de la subsidiaria de la British American Tobacco, Carlos Cáceres, del
embajador en Londres en los 70, Miguel Schweitzer, del empresario Hernán Felipe Errazuris
y, por parte británica, una serie de millonarios vinculados hoy o ayer con la ex primera
ministra británica Margaret Thatcher, entre los que se encuentra el magnate griego Taki
Theodoracopulos.
| Garzón enfrenta al Cóndor El abogado paraguayo que descubrió los archivos secretos de la Operación
Cóndor, Martín Almada, de 61 años, solicitó ayer al juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, el procesamiento del ex dictador de su país, Alfredo Stroessner, y de
otros generales implicados en el Cóndor –Banzer (Bolivia), Videla (Argentina) y
Alvarez (Uruguay)– para solicitar su extradición a España. En Paraguay, un 60 por
ciento de los encuestados por el diario El Día estuvo de acuerdo con que Stroessner sufra
la misma suerte que Pinochet, contra un 16 por ciento que no y un 24 por ciento de
indecisos. Poco antes, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel declaró ante
Garzón, a quien entregó nuevos documentos sobre la Operación Cóndor y sobre la
implicación del general Benjamín Menéndez en la red de desaparición de niños.
Esquivel aseguró que la estrategia del gobierno chileno está asentada en una falsedad:
“Pinochet nunca será juzgado en Chile”. Y pidió que los documentos secretos de
EE.UU. permitan conocer toda la verdad. |
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miércoles 9: Héctor Febres