Página/12

"Soy el comisario. Se acabó todo. Se tienen que ir", intimó una voz marcial desde la puerta del edificio. Amanecía, y ya habían cortado la luz y el teléfono. Sin dar tiempo a que los "centinelas" alertaran al resto, los efectivos irrumpieron en un espectacular operativo. "Fue horrible despertar y ver que estaba lleno de policías", cuenta Estefanía, una estudiante. Y Tamara apunta: "Caían de los techos y buscaban como desesperados por todos lados. Esperaban que hubiera mucha más gente". La mayoría de los chicos se agrupó en el hall central. Estaban tomados de las manos. "Tuvimos mucho miedo. Parecía un operativo de SWAT. Estaban armados hasta las bolas, como si fuéramos delincuentes", constata Esteban. Bastaron dos de los cinco carros de asalto que aguardaban en la vereda para desalojar a todos los estudiantes.

"Ingresaron con violencia y rompieron las puertas como en la mejor época del proceso militar", se indignó Manuel Alsina, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y Rafael Veljanovich, ombudsman adjunto porteño, protestó: "El operativo fue desproporcionado e intimidatorio. Vamos a pedir informes a la Justicia". La orden de desalojo "por ocupación ilegal y usurpación de bien público" fue dictada por el juez Liporace, después de las tres semanas que aguantaron los estudiantes. Querían sostener la toma "hasta que volvieran las viejas autoridades y se analizara un plan de estudios alternativo". Pero el singular operativo quebró la resistencia. "Los estudiantes impedían ejercer su libertad de trabajo al personal del IUNA. Incluso, los empleados estaban sin cobrar", dijo Liporace a Página/12, antes de aclarar que no se violó la autonomía universitaria porque "la denuncia fue realizada por el propio rector". Moneta, nervioso, justificó la intervención policial: "Se había cortado el diálogo. Unos cuantos alumnos hicieron una toma violenta, agredieron a docentes y robaron objetos personales y públicos. En mí vida vi algo así". No obstante, el propio juez señaló que "no se habrían encontrado daños".

"No era necesaria la violencia. Pero como el rector nunca se acercó a dialogar... El único interlocutor fue la Policía", afirmó Aroldo Lewy, vicepresidente de la asociación de docentes del IUNA, que apoyó la protesta estudiantil. Sin embargo, Liporace aseguró que tanto él como Moneta agotaron las instancias de negociación. Los alumnos lo negaron. "Moneta nunca se acercó. Ojalá hubiera venido", dijo Estefanía, después de haber sido fotografiada e identificada junto con sus compañeros en la comisaría. "Se los trasladó para establecer su identidad. No están procesados", alegó el subcomisario Jorge Silveyra.

El conflicto nació con un proyecto de reforma curricular presentado por el IUNA ante el Ministerio y se agudizó cuando, después de la renuncia del anterior rector de la Pueyrredón, Moneta nombró a las nuevas autoridades. "Fue un golpe de Estado", alegaron docentes y alumnos. Desde entonces, armados de pinceles y cinceles, los estudiantes se atrincheraron en el rectorado exigiendo la destitución de los "interventores", mientras los docentes apoyaban el reclamo dictando clases públicas en al calle.

Después de todo, en diálogo con Página/12, Moneta se mostró dispuesto a revisar la situación. "En marzo vamos a convocar elecciones de autoridades para que la comunidad de la Pueyrredón elabore el proyecto educativo que quiera", aseguró. Y advirtió: "Yo soy artista. Nadie quiere crear ni la carrera de Publicidad, ni destruir el arte". No obstante, docentes y estudiantes realizaban anoche una asamblea para decidir cómo sostendrán su reclamo.

Dentro de siete días, la Argentina festejará el aniversario Nº 15 del regreso de la democracia. Como anticipo de celebraciones y debates, mañana comenzarán las jornadas "15 años de Democracia. Perspectivas, escenarios y desafíos", organizadas por la carrera de Ciencia Política de la UBA. Raúl Alfonsín, Antonio Cafiero, Carlos "Chacho" Alvarez, Natalio Botana, Atilio Borón y muchos otros académicos participarán del encuentro que culminará el sábado.

"Después de tres lustros, desde la Universidad ya estamos en condiciones de hacer una reflexión crítica --explicó Franco Castiglioni, director de la carrera organizadora--. Tenemos que celebrar una fecha clave de la historia pero, como académicos, nuestra función no es ser complacientes. Esperamos que los políticos tampoco lo sean y puedan repensar los errores que hoy se están pagando."

Las actividades, abiertas al público, comenzarán mañana, a las 10, en el Museo Roca (Vicente López 2220). A las 11, Alfonsín, Alvarez, Cafiero y Juan Carlos Portantiero se dispondrán a "Repensar la transición" y, a las 15, Botana dictará una conferencia magistral. Media hora más tarde, comenzarán diversos debates simultáneos. La jornada empezará a cerrarse, desde las 18.30, con una pregunta: "¿Hacia dónde va la democracia argentina?".

El sábado, todo continuará en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales (Ramos Mejía 841), a partir de las 11. Habrá más debates, una mesa de ponencias y, desde las 18, las conclusiones del encuentro, a cargo de Atilio Borón e Isidoro Cheresky.

CUANDO SE REPRIME LOS CLAUSTROS

"Ilegítimo y poco ético"

Adriana Puiggrós (Diputada. Doctora en Pedagogía): "Esto me procura la idea que genera la película Brasil, donde la represión ingresa a los golpes para llevarse gente. Estamos en condiciones de construir la idea de un país llamado Argentina, donde la policía entra con un comando armado como para la guerra a llevarse adolescentes y al mismo tiempo el Poder Ejecutivo veta una ley para aumentarles el salario a los docentes, ambas cuestiones emparentadas en al misma concepción. Aún siendo debido a la orden de allanamiento de un juez, esto puede que sea legal pero es definitivamente ilegítimo, antipedagógico, poco ético, de una mentalidad represiva. Esto es construir una sociedad donde se elige, en lugar de educar, reprimir".

"Sólo usan represión"

Andrés Delich (Diputado. Integrante de la Comision de Educación): "Este allanamiento significa que hay una nueva tendencia a resolver los problemas que se plantean con los jóvenes usando sólo la represión policial. El Instituto tiene las prerrogativas universitarias de cualquier otra universidad, con lo cual hay una elemental violación de la autonomía. En este caso el Ministerio de Educación ha manipulado y controlado la normalización de una nueva estructura que no genera mecanismos de participación reales ni para profesores ni para estudiantes. Esto los llevó a reestructuraciones amañadas. Debe ser un llamado de alerta".

"Un clima intimidatorio"

Rafael Veljanovich (Ombudsman adjunto de la Ciudad de Buenos Aires):

"Esto exige una respuesta del Ministerio de Educación. El edificio quedó abandonado por las autoridades. El rector había decidido como política no acceder a discutir con los estudiantes. La Defensoría del Pueblo va a analizar la causa y en el caso de que sea necesario vamos a representar a los chicos que sean imputados. Acá se lee la necesidad de imponer un mensaje represivo para morigerar las protestas y para generar un clima intimidatorio entre los estudiantes. Los anteriores ingresos las universidades en La Plata y en Ciencias Sociales de la UBA no son hechos aislados, es un retroceso. Son métodos que no coinciden con la situación de estado de derecho en que vivimos".