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Por Carlos Rodríguez  El cuerpo de
Ricardo Acuña –testigo clave en la investigación del crimen de las mochileras
ocurrido a principios de año en Bahía Blanca– apareció en las afueras de Santa
Rosa, La Pampa, colgado de un caldén, árbol típico de la zona. “En principio se
trataría de un acto voluntario de la persona fallecida, pero no se descarta ninguna
hipótesis”, declaró el juez Carlos Flores, que está investigando el hecho. En
febrero, cuando ocurrió el doble homicidio, Acuña trabajaba como camionero y su
testimonio fue vital para imputar al custodio Eduardo Fermín Eliçabe, único detenido en
la causa. Desde que hizo la denuncia, Acuña comenzó a recibir amenazas de muerte y se
quedó sin trabajo porque, según declaró a sus allegados: “Los empresarios tenían
miedo de que yo sufriera un atentado que les hiciera perder el camión o la
mercadería”. La causa está caratulada como “muerte dudosa”, a pesar de
que los primeros indicios indicarían que fue suicidio.“Por ser como fue se quedó sin trabajo y eso es lo que más le molestaba, porque desde que declaró (en la causa de las mochileras) nadie más lo llamó para trabajar.” Norma Mayer, la esposa de Acuña, empleada de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quedó a cargo de los dos hijos del matrimonio, de 13 y 15 años. A pesar del estado depresivo por el que atravesaba su esposo, duda que se haya suicidado porque tenían planes de irse de Santa Rosa, donde vivían, para tratar de rehacer su vida. Otro camionero fue el que encontró el cadáver de Acuña. Estaba colgado de un caldén y tenía en el cuello una cinta plástica de las que se utilizan para atar las encomiendas. El árbol está situado a unos cien metros de la ruta 35, a nueve kilómetros de Santa Rosa. Acuña había salido de su domicilio, en el barrio Río Atuel de la capital pampeana, a las 17.30 del jueves. El cuerpo fue hallado a las 6.30 de ayer. “En principio se trataría de un suicidio, pero hay algunos detalles que abren interrogantes”, declaró el juez Flores al ser consultado por Página/12. Uno de los puntos que se investigan es cómo llegó Acuña hasta el lugar. El hombre solía movilizarse en una bicicleta de su propiedad, que esta vez había quedado en su domicilio. “Hizo casi diez kilómetros, es posible que los haya hecho a pie, pero hay que averiguar si alguien lo vio caminando por la ruta o si alguien lo llevó hasta el lugar”, comentaron fuentes judiciales. La ruta nacional 35, que comunica con Bahía Blanca, es un camino muy transitado por los que van hacia el sur del país. Una versión policial señaló que el calzado de Acuña estaba mojado y sucio como si hubiera caminado los casi diez kilómetros que separan a Santa Rosa del paraje Bajo Giuliani. Sin embargo, fuentes judiciales dijeron que toda la ropa que vestía –un pantalón y una camisa liviana– estaban empapadas por el rocío y la lluvia caída durante la madrugada. Entre las ropas no encontraron nota alguna que anticipara su decisión de quitarse la vida. Tampoco la había en la casa de Acuña. El juez pidió que se busquen en las ropas del muerto indicios que determinen que trepó al caldén por sus propios medios. El magistrado recién daría a conocer la semana próxima el resultado de la autopsia realizada ayer para determinar las causas de la muerte. El 4 de abril pasado, el diario La Arena de Santa Rosa publicó un reportaje a Acuña, quien se manifestó abatido porque “éste sigue siendo el país del no te metás”. Su vida había cambiado desde que le relató a la Justicia que el custodio Eliçabe había levantado con su auto, en una ruta de Bahía Blanca, a las mochileras asesinadas Irina Montoya y María Sánchez. “Si no me hubiese metido estaría haciendo mi vida normal, seguiría en mi trabajo, no estaría pensando si mañana tengo un peso para mi familia”, dijo Acuña en la entrevista mencionada. El doble crimen ocurrió el 18 de febrero pasado. Acuña hizo su último viaje de trabajo, en un camión de la empresa Transportes Sierra, entre el 26 de enero y el 17 de febrero. La firma, propiedad del empresario Cuiton Ciabatinni, lo tenía a Acuña trabajando “en negro” y de buenas a primeralo dejó cesante. Sus allegados, entre ellos su mujer Norma, sabían que los empresarios no le daban un camión “porque temían un atentado”. En julio pasado, después de algunos contratiempos, Acuña cobró la recompensa de 10.000 pesos que había ofrecido el gobernador Eduardo Duhalde para el que diera información sobre el caso. La plata apenas le alcanzó para pagar las deudas que había contraído por la falta de trabajo.
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