FINAL
Con excepción de los proyectos de ley mordaza, los
funcionarios oficialistas se han cuidado de dejar documentadas las amenazas a la libertad
de expresión. Rafael Bielsa se convirtió esta semana en el primero que quebró esa
norma. Lo hizo en su renuncia como director de un programa de apoyo a la reforma del
sistema de Justicia, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La carta
dirigida por Bielsa al ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, es la respuesta a una
comunicación anterior del defensor general de la Nación, el riojano Miguel A. Romero,
quien había intimado a Granillo a "proceder al reemplazo" de Bielsa, aduciendo
una columna periodística en la que escribió que el pedido de que la causa de las armas
pasara del juzgado federal de Jorge Urso al de Marcelo Aguinsky era parte de un impiadoso
"final de época". En su renuncia, Bielsa ratifica "lo que escribí,
publiqué y reitero" y sostiene que la de Romero es una "intolerable
exteriorización de intolerancia, un intento de ejercer censura preventiva, un avance
sobre mis libertades de pensamiento y de expresión y un desconocimiento de principios
constitucionales y democráticos básicos, tal el de la libertad de prensa". En tales
casos, agrega, "el hartazgo, el rechazo y el apartamiento son la fuerza de los
circunstancialmente débiles".
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