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Pasado y presente Una vez más, el Poder Ejecutivo avala la
solicitud de ascenso planteada por el Ejército para un oficial acusado por una de las
masacres paradigmáticas de la guerra sucia. En este caso la de Margarita Belén, de la
que esta semana se cumplirán 22 años. Entre los asesores de la Comisión de Acuerdos que
deben considerar el pliego hay otro acusado por el mismo hecho. Como un claro símbolo de
las contradicciones de este tiempo, simultáneamente fue citado a declaración indagatoria
y podrá ser detenido el jefe de ambos en aquel momento, Cristino Nicolaides. Otro
propuesto para el ascenso también fue mencionado por la Conadep. |
Por Horacio Verbitsky Uno de los
oficiales cuyo ascenso a coronel solicitó el gobierno nacional al Congreso
fue acusado de participar en la denominada masacre de Margarita Belén, de la que la
semana próxima se cumplirán 22 años, en la cual entre trece y veintiún presos
políticos fueron asesinados pretextando un intento de fuga. Se trata del teniente coronel
Aldo Héctor Martínez Segón, quien fue señalado como uno de los partícipes en el
asesinato múltiple por un parapolicial que declaró ante la Conadep del Chaco. Según el
informe de los organismos de derechos Humanos, "Culpables para la sociedad impunes
por la ley", Martínez Segón había sido procesado pero fue beneficiado por la ley
de obediencia debida. La imputación en su contra provino de la comisión de derechos
humanos de la Cámara de Diputados del Chaco.La Comisión de Acuerdos del Senado que debe decidir sobre esos pliegos tiene como asesor a otro de los acusados por su participación en Margarita Belén, el coronel (R) Amado Hornos. Tanto Martínez Segón como Hornos dependían del entonces comandante de la Brigada 7 y luego jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, quien firmó la orden de traslado de los presos. La semana pasada, el juez federal Adolfo Bagnasco decidió procesar a Nicolaides, no por aquel crimen sino por encubrimiento en la sustracción de hijos de personas desaparecidas nacidos en cautiverio. Mientras en Estados Unidos la secretaria de Estado Madeleine Albright formuló una autocrítica pública acerca del rol de la Escuela de las Américas en la formación de los militares que luego participarían en gobiernos dictatoriales en el continente, el Ejército pidió al Senado la promoción de un número significativo de cursantes en aquella institución. Es decir que mientras se afirma dentro del país y en el mundo una revisión crítica de aquellas décadas de salvajismo y algunos de sus responsables son castigados, otros gozan de libertad y tienen la vía expedita para la promoción a las más altas jerarquías. En la misma nómina de ascensos solicitada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ejército figuran dos oficiales que participaron en los alzamientos carapintada de Aldo Rico, uno que fue imputado (aunque luego desafectado de la causa) en la investigación por el estallido de la Fábrica Militar de Río III y otro cuyo apellido figura en las investigaciones de la Conadep.
Ley de fugas En la madrugada del 13 de diciembre de 1976 un grupo de detenidos políticos fueron extraídos de la Unidad Penitenciaria 7 de Resistencia, y trasladados a la cárcel de máxima peligrosidad de Formosa, por orden del jefe de la Brigada de Infantería 7 y la Subzona 23, el entonces Coronel Cristino Nicolaides. Algunos de ellos habían sido detenidos luego del ataque de Montoneros al Regimiento 29 de Infantería de Monte de Misiones, a fines de 1975. Distintos testimonios de otros presos que sobrevivieron y de sus familiares que habían podido visitarlos coinciden en que todos ellos fueron torturados. El día en que se decidió el traslado primero se ordenó cavar fosas en el cementerio de Resistencia. El ex diputado radical Víctor Marchesini, que estuvo preso junto con ellos, declaró que a uno lo crucificaron durante 48 horas. Según Marchesini los colocaron en la alcaidía entre una doble fila de policías que los apalearon hasta dejarlos sin sentido. Luego los subieron a los vehículos para ser rematados. Según el testimonio de un ex oficial ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, intervinieron en el bárbaro procedimiento un grupo de militares del Destacamento de Inteligencia 124 del Ejército al mando de su jefe, el entonces teniente coronel Hornos, y agentes de investigaciones de la policía chaqueña. En dos camiones militares a los que acompañaba un patrullero de la policía del Chaco fueron conducidos hasta un descampado en el que se los ejecutó alegando un intento de fuga durante el traslado. La esposa de Carlos Zamudio lo había visitado pocos días antes. Por el castigo recibido, el presunto fugado no podía caminar sin arrastrar los pies. A su familia le transmitieron sucesivamente tres versiones distintas sobre la fecha y lugar de su muerte. Un comunicado firmado por el coronel Aurelio Baguear sostuvo que había ocurrido el 13 de diciembre en Margarita Belén; la partida de defunción menciona el 17 de diciembre en Misiones; y un nuevo comunicado emitido en 1977 afirma que el enfrentamiento ocurrió el 16 de diciembre en Campo Grande, Misiones. La familia recibió un cajón cerrado, con prohibición de abrirlo, pero la autopsia del médico Guillermo Mendoza revela que no murió de bala sino de politraumatismo. Mirta Clara de Salas, que también estaba detenida, supo que su esposo había sido herido de un bayonetazo durante un interrogatorio. Nicolaides emitió un comunicado alegando que la columna que trasladaba a los presos había sido atacada en la ruta 11, cerca de Margarita Belén, y que se generalizó un combate en el que tres "Delincuentes Subversivos" fueron abatidos y los restantes huyeron. Varios fueron ubicados y muertos después, añadía. Sin embargo, cuando se presentó a reclamar la esposa de Fernando Piérola, que era uno de los presuntos prófugos, un oficial del Ejército firmó un certificado de viaje en el que anotó "viuda de Pierola". Luego explicó que se había tratado de "un error de máquina". El horrendo episodio constituyó el caso 678 en la causa 13, por el que la Cámara Federal de la Capital declaró responsable de homicidio agravado por alevosía al ex dictador Jorge Videla y lo condenó a prisión perpetua, de la que el presidente Carlos Menem lo rescató con el indulto. La Cámara dijo que la versión oficial no era verosímil y que los detenidos "fueron muertos por las fuerzas encargadas de su traslado y no por elementos subversivos como oficialmente se anunciara". Pese al supuesto traslado, el director de la cárcel a la que debían presuntamente llegar los detenidos declaró que nunca se habían recibido instrucciones tendientes a prepararles alojamiento. La justicia estableció que fueron ejecutados por personal militar durante el simulacro de fuga los detenidos Piérola, Zamudio, Manuel Parodi Ocampo, José Luis Barco, Alberto Duarte, Julio Pereyra, Reynaldo Soñaz, Omar Fransen, Roberto Yedro, Mario Cuevas, Patricio Tierno, Luis Alberto Díaz y Néstor Salas. Por el mismo caso, las Cámaras Federales de Rosario y Paraná habían citado a prestar declaración indagatoria a Nicolaides, al ex Comandante del Cuerpo de Ejército II, Leopoldo Fortunato Galtieri y al jefe de policía de Santa Fe, comisario general Wenceslao Ceniquel. Todos ellos también fueron indultados por Menem en 1989.
La confesión Durante la audiencia del 5 de agosto de 1985 del juicio a los ex Comandantes, el ex miembro de la Conadep Edwin Tissembaum transmitió a los jueces los detalles de la confesión brindada en su lecho de muerte por el parapolicial Eduardo Pío Ruiz Villasuso, quien había sido herido por un oficial de la policía del Chaco. Tissembaum grabó su testimonio en la sala de terapia intensiva, ante un médico y un escribano que certificaron su lucidez. Antes de convertirse en colaborador policial y contrabandista, Ruiz Villasuso había sido militante peronista, detenido y procesado por asociación ilícita luego del golpe militar de 1955. Según su relato los muertos a golpes fueron diecisiete hombres y cuatro mujeres. Entre los participantes en la masacre mencionó a los entonces capitanes Bianchi y Rampulla, tenientes primeros Pateta y Chancaca Martínez Segón, subteniente Simoni y auxiliares de Inteligencia Valussi y Edgardo Eugenio Vicente, todos del Destacamento de Inteligencia 124, que estaba a cargo del coronel Hornos, al comisario general Carlos Alcides Thomas y a los sargentos Gabino Manader y Cardozo. Ruiz Villasuso también nombró entre los responsables al ex interventor militar en El Chaco, general Facundo Serrano. La hija del ex interventor, María Inés Serrano, es la esposa del actual jefe del Ejército, teniente general Martín Antonio Balza. La masacre de Margarita Belén fue uno de los primeros homicidios colectivos que se conocieron al concluir la dictadura militar. Todavía en 1983 se realizó una caravana hacia esa localidad para conmemorar los fusilamientos, organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste. Los estudiantes también impulsaron la instalación de un mural recordatorio en el aula magna de la Universidad, que fue pintado por Amanda Mayor de Pierola, la madre de uno de los estudiantes de esa casa asesinados. Pero como en el mural asiste a la sesión de tortura un sacerdote, el juez federal de Resistencia Norberto Giménez ordenó borrarlo. El Consejo Superior aceptó la resolución, pese a que previamente había aprobado el boceto de la obra, pero no consiguió ningún artista dispuesto a la mutilación, que finalmente se hizo con brocha gorda. El juez intervino a raíz de un recurso de amparo presentado por los entonces obispos de Corrientes y Resistencia, Antonio Rossi y Juan José Iriarte. La Iglesia sostuvo que no hubo ningun sacerdote vinculado con la masacre de Margarita Belén ni asistente a sesión alguna de tortura. La artista lo admitió y ofreció aclararlo al pie del mural, que consideraba simbólico de una situación nacional y no descriptivo de un hecho en particular. Por eso se tituló "Argentina, dolor y esperanza" e incluía otras representaciones ajenas a Margarita Belén, como la pirámide y las madres de Plaza de Mayo. El secretario del juzgado que ordenó borrar al sacerdote del mural, Carlos Flores Leyes, ya ocupaba ese cargo durante la dictadura militar. Durante el juicio a los ex Comandantes, las testigos María Graciela de la Rosa y Mirta Clara de Salas lo acusaron de haber protegido a los militares y policías que las torturaron en Resistencia. En 1994 Menem lo designó juez federal de Resistencia. Los esposos de las dos mujeres, Patricio Tierno y Néstor Carlos Salas, estuvieron entre los asesinados en Margarita Belén. La nómina de ascensos enviada por el Poder Ejecutivo al Senado también incluye al Teniente Coronel Julio César Navone. Una persona del mismo apellido, pero cuyo nombre no se consigna, figura en el legajo 3623 de la Conadep. Ese entonces teniente Navone actuó según la denuncia en el campo de concentración que operaba el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101, de Ciudadela.
Carapintadas y estrago Entre los propuestos para el ascenso a coronel también figuran dos oficiales que participaron en los alzamientos carapintadas de la década del 80. Uno de ellos, Horacio Losito, fue indultado por Menem en octubre de 1989. El otro, Enrique Guillermo Rivas, fue uno de los 46 oficiales que declararon ante la justicia por su participación en la toma de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo por Aldo Rico en la Semana Santa de 1987. A diferencia de otros oficiales que luego acompañaron las sublevaciones del coronel Mohamed Ali Seineldín, Losito y Rivas prosiguieron su carrera sin volver a involucrarse en actos de rebeldía armada. La lista también incluye al teniente coronel Oscar Nicolás Quiroga, quien era subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero y estaba a su cargo en el momento del estallido. Su esposa y un grupo de misioneras debían visitar la fábrica con una imagen de la virgen de Shoenstat a las nueve de la mañana de aquel 3 de noviembre de 1995. Pero el riojano Quiroga la llamó por teléfono poco antes para desaconsejar la visita. Las explosiones se iniciaron a las nueve y diez. El juez federal de Río Cuarto, Luis Rodolfo Martínez, procesó a Quiroga por estrago culposo calificado, aduciendo que la explosión no fue accidental sino producto de "una grave cadena de negligencias". Esa calificación fue luego revocada. Una vez sobreseído, Quiroga declaró como testigo que "siempre tuvo la convicción" de que no hubo accidente, sino un hecho provocado y dijo que la semana posterior a la explosión se esperaba la llegada de compradores de armas desde Sudáfrica, por lo que se estaban acomodando municiones. Según las declaraciones del director de la fábrica, la suma de materiales que estallaron equivalía a 25.000 kilos de explosivos, pero los peritos cuestionan esa afirmación, sostienen que de ser así no hubieran quedado rastros de Río Tercero y consideran que el estallido no puede haber consumido más de 2.000 kilos. Del mero cotejo contable entre los ingresos y egresos documentados de munición se detectó un faltante de 31.000 proyectiles. De ellos 27.000 corresponden a proyectiles de 105 y 155 milímetros. Ese es el tipo de munición del que constaban los embarques clandestinos a Croacia. Esta semana un peritaje de la Gendarmería estableció que la capacidad de almacenamiento de la fábrica de Río Tercero era inferior al volumen de proyectiles consignado en los inventarios de Fabricaciones Militares.
La autocrítica Esta semana, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, en respuesta a una pregunta sobre el funcionamiento de la Escuela de las Américas, donde recibieron entrenamiento muchos futuros dictadores y torturadores de distintos países, hizo una autocrítica por lo que denominó "serios errores" cometidos en la política latinoamericana de su país. Albright habló en el Centro Carter por los Derechos Humanos de la Universidad de Emory, en Atlanta. Luego del retiro de Panamá, la Escuela de las Americas se mudó a otra ciudad del estado de Georgia, Fort Benning. Albright agregó que como demostración de un cambio de política, su gobierno estaba publicando una serie de documentos secretos sobre aquellos años, entre ellos los que conciernen al golpe de Augusto Pinochet en Chile. El ministro de Defensa William Cohen había dicho dos días antes que su país era el más dispuesto a la autocrítica, al concluir una conferencia interamericana de ministros de defensa en Colombia, en la que se acordaron medidas de coordinación para la lucha contra el terrorismo. La nómina de ascensos del Ejército que el Poder Ejecutivo envió al Senado comprende a nada menos 27 tenientes coroneles que a principios de la década del 70 realizaron cursos en la Escuela de las Américas, cuando funcionaba en la zona del Canal de Panamá: Miguel Alberto Cáceres Monié, Guillermo Armando Lucero, Jorge López Parravicini, Carlos Hugo Trentadue, Gustavo Bohn, Ricardo Grisolía, Horacio Guglielmone, Diego van de Loo, Vicente Belsito, Jorge Eduardo Nader, Jorge Eduardo Pavan, Alejandro José Rubio, Ricardo Guillermo Reyes, Alberto Omar Etchegorry Castro, Jorge Oscar Tellería, Ignacio Javier Osacar, Héctor Omar Scala, Oscar Luis Konig, Juan Carlos Antuña, Demetrio Juan Schunck, Carlos Adolfo Benedetti, Mario Ernesto Ramón Robledo, Néstor Oscar Messina, Héctor Ismael Gauna, Luis Miguel Pereira, Rubén Domingo Guzmán, Omar Alejandro Poch. Uno de sus compañeros de promoción, Ernesto Facundo Urien, a quien la dictadura militar pasó a retiro en 1981, declaró como testigo durante el juicio a los ex comandantes que el viaje a Panamá había sido encabezado por el entonces coronel y futuro dictador Roberto Viola. En 1963 el secretario de Defensa del Presidente Kennedy, Robert Mc Namara, explicó a la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes que "esos estudiantes son seleccionados por sus países para desempeñarse como instructores al regresar. Son los futuros líderes, los hombres que dominarán las técnicas y las transmitirán a sus fuerzas". Entre 1950 y 1975, según datos oficiales del gobierno norteamericano, recibieron los denominados "Cursos Especiales" de la Escuela de las Américas 69 militares argentinos. Más de la mitad de ellos aprendieron las habilidades norteamericanas en Contrainsurgencia, Policía Militar, Inteligencia Militar, e Interrogatorios de Inteligencia. El Ejército norteamericano informa que otros siete argentinos siguieron los cursos de la Escuela de las Américas, entre 1976 y 1980: cuatro en Inteligencia.
Hall de la fama La Escuela de las Américas tiene un Hall de la Fama, para honrar a sus mejores graduados. Los candidatos a integrarlo fueron investigados para descartar que hubieran intervenido en violaciones a los derechos humanos o tráfico de drogas. Luego de tan severo escrutinio, decantó una primera lista de nueve militares latinoamericanos, aquellos que la Escuela exalta como soldados modelo. El más prominente fue invitado a hablar en la ceremonia inaugural, la década pasada. Es el ex y actual presidente boliviano Hugo Banzer Suárez, quien presidió una férrea dictadura entre 1971 y 1978, protector del criminal de guerra alemán Klaus Barbie y responsable de una campaña de hostigamiento contra la Iglesia Católica, que incluyó la expulsión de centenares de sacerdotes extranjeros que se habían solidarizado con mineros en huelga. Lo sigue en la lista el ex dictador de Honduras, general Policarpo Paz García. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, declaró culpable a su gobierno por la desaparición del dirigente estudiantil Manfredo Velázquez Rodríguez, y sostuvo que entre 1981 y 1984 se habían producido de 100 a 150 casos similares. En su libro "Vecinos violentos" el periodista del New York Times Tom Buckley narra que luego de su derrocamiento en enero de 1982, Paz García fue encerrado por sus camaradas de armas en el dormitorio del palacio presidencial, del que escapó descolgándose por una sábana anudada, una de las habilidades más simples impartidas en la Escuela de las Américas. Otro de los integrantes del cuadro de honor es el sucesor de Paz García al mando de las tropas hondureñas, el general Humberto Regalado Hernández, sospechoso de proteger a narcotraficantes colombianos durante su escala hondureña, según una investigación publicada por el diario Los Angeles Times. Su medio hermano, el teniente coronel Rigoberto Regalado Lara, embajador de Honduras en Panamá, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras trataba de introducir 12 kilos de cocaína. Sin prejuzgar en contra de ninguno de los integrantes de la lista, lo menos que podría hacer la Comisión de Acuerdos del Senado es citarlos para escuchar su versión de los hechos antes de franquearles el paso hacia las más altas jerarquías militares y, en el caso de Martínez Segón, invitar también a los familiares de las personas indefensas ejecutadas en Margarita Belén.
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