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Ministerio fuera de la ley
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Por David Cufré La
Superintendencia de Riesgos del Trabajo merece un lugar en El Libro Guinnes de los
records. Es la dependencia encargada de fiscalizar que las empresas y el Estado
cumplan con la ley de higiene y seguridad laboral. Pero, curiosamente, como empleador
transgrede esa norma. Carece de un sistema adecuado de evacuación en caso de incendio,
los extintores son insuficientes, los espacios de circulación son demasiado estrechos y
el cableado de las computadoras está completamente suelto. Esas fueron las causas que
enumeró la ART Juncal, contratada por la Superintendencia, para reprobar sus medidas de
seguridad. Pero eso no es todo. Otra perlita del organismo es que, a pesar de depender del
Ministerio de Trabajo, tiene empleados bajo contrato que la legislación no acepta para
las relaciones laborales (ver recuadro).La Superintendencia ocupa los pisos 5, 10 y 11 de la Galería Jardín, en Florida 537. Desde allí impone sanciones a las empresas que violan la Ley de Accidentes del Trabajo. Sin embargo, cuando el organismo, como todo empleador, tuvo que someterse a la auditoría de una ART para que lo calificara, obtuvo un reprobado. Existen cuatro niveles para determinar quién cumple o incumple la ley. Los establecimientos que presentan condiciones de seguridad por debajo de los requisitos mínimos fijados por la norma reciben como nota un 1. El segundo nivel, nota 2, es para empleadores que acatan la ley sólo parcialmente. En ambos casos deben adecuar sus instalaciones en un plazo que, de acuerdo con lo determinado por la Superintendencia, vence el último día de este año. Con 3 se califica a quien se encuadra dentro de "todas las obligaciones legales en materia de seguridad e higiene", según puntualiza, la reglamentación de la ley. Finalmente, merecen un 4 los empleadores que "alcanzaron niveles de cumplimiento superiores a las exigencias legales". Aunque era de esperar que la Superintendencia obtuviera la nota máxima, pues se trata del organismo fiscalizador, o al menos aquella que lo pusiera en un nivel de cumplimiento básico, sólo consiguió un 2. Es decir que debe someterse a un plan de mejoramiento de sus instalaciones. Cuando arrancó el sistema, a mediados de 1996, el 97 por ciento de las empresas fueron calificadas con 1 y 2. Por lo tanto, la Superintendencia otorgó una prórroga hasta el 31 de diciembre próximo para que los empleadores dispongan las mejoras necesarias de los lugares de trabajo, a fin de cumplir con lo que marca la legislación. No obstante, fuentes de la Superintendencia consultadas por Página/12 admitieron que "difícilmente" el organismo pueda aprobar la próxima auditoría de la ART. En la misma situación estaría el 78 por ciento de las empresas, según reconoció el ex titular del organismo, Reinaldo Castro, antes de ser reemplazado hace dos meses por Jorge Lorenzo. El dato refleja las paupérrimas condiciones de seguridad laboral que existen en el país. La consecuencia son los 368 mil accidentes de trabajo que se produjeron el año pasado, 6918 de ellos calificados de "graves" por la propia Superintendencia, y de los cuales 1329 fueron fatales. Esto significa que hubo 20 accidentes graves y cuatro muertes por día. A raíz de su propio incumplimiento y de que la inmensa mayoría de las empresas no podrá respetar la ley el 1º de enero próximo, la Superintendencia estaría por disponer una nueva prórroga. Una de las razones por la que debe autodisculparse queda expresada en el informe de la ART Juncal sobre las condiciones de seguridad en el organismo. "La carga de papeles y de expedientes en el piso 10, adonde funcionan las subgerencias de Prevención y Médica, está en el límite de lo que la loza puede soportar. Esa acumulación de papeles genera una carga de fuego (el potencial peligro de incendio) adonde no hay escapatoria, toda vez que hay una escalera externa de hierro oxidada sin ningún mantenimiento. No soportaría una evacuación masiva", advierte.
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Además de incumplir la ley de higiene y seguridad laboral que debe hacer respetar, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo tiene empleados bajo contratos fraguados. En la
dependencia trabajan 190 personas, pero 60 de ellas, aunque cumplen funciones que ameritan
su designación como personal de planta, están con contratos de "locación de
servicios". En consecuencia, esos trabajadores quedan al margen de la protección
legal que establece el derecho laboral, por lo que carecen de vacaciones pagas,
indemnización por despido y hasta de seguro contra accidentes de trabajo.