Por Sergio Moreno y Adriana Meyer
 La Fuerza Aérea
admitió haber efectuado tareas de espionaje sobre diez periodistas y una organización de
mujeres. “Hubo una reunión de coordinadores en la cual se analizó la preocupación
sobre una campaña que podría afectar a la defensa nacional. Queríamos obtener datos
sobre quienes escriben las notas para determinar si tienen intereses ajenos a nuestro
país”, blanqueó Jorge Alberto López, jefe del Departamento III de Inteligencia II
de la Fuerza Aérea. Sin embargo, el hecho de haber reconocido una violación a la Ley de
Defensa Nacional –que prohíbe taxativamente las tareas de inteligencia interna–
sólo se tradujo en leves sanciones para cuatro militares y un civil y, en cambio, se
dejó libre de cargo y culpa al resto del arma.
López admitió haber cometido el ilícito ante un superior, que lo interrogó en el marco
de una investigación interna. Página/12 tuvo acceso exclusivo al expediente de esa
investigación interna que la Fuerza Aérea presentó ante la justicia a modo de
autodenuncia. Allí se señala que los documentos que reflejaron el resultado del
seguimiento a periodistas fueron destruidos.
Sin embargo, un alto oficial que pidió reserva de su nombre dijo que “no va a haber
ningún tipo de inconveniente” para tener acceso a las tareas de inteligencia que la
fuerza realizó ilegalmente sobre periodistas de este diario (ver aparte).
Página/12 reveló que la Fuerza Aérea realizó espionaje interno sobre el Movimiento de
Mujeres en Lucha y diez redactores y editores de Clarín, La Nación, El Cronista y este
diario, publicando los facsímiles de los partes de inteligencia con las órdenes
impartidas por López y su jefe inmediato, el jefe II brigadier José Vanden Panhuysen.
Sin admitir públicamente el ilícito, el titular de la Fuerza Aérea, Rubén Montenegro,
dispuso entonces separar de sus cargos a los involucrados y realizar un sumario interno
para determinar las responsabilidades. El sumario fue la base de la presentación que hizo
la fuerza el pasado lunes 30 ante el juzgado federal de Jorge Urso.
Además de los interrogatorios realizados por oficiales superiores a los involucrados, se
consignan las sanciones que recibió cada uno de los jefes que participaron del hecho, las
cuales hacen inferir el grado de responsabilidad que para la Fuerza Aérea tiene cada uno
de los militares involucrados. De los mismos testimonios se desprende, además, que el
arma, como institución, nada tuvo que ver con las tareas de espionaje que prohíbe una
ley votada por justicialista y radicales en 1988.
Los militares investigados son cuatro altos oficiales y un agente civil que trabaja para
la inteligencia aeronáutica. El resultado de la pesquisa fue la sanción con
suspensiones:
 Brigadier José
Vanden Panhuysen, jefe II de Inteligencia: 20 días.
Comodoro Jorge
Alberto López, jefe del Departamento III de Inteligencia II: 30 días.
Vicecomodoro
Salvador Ozan, jefe de Inteligencia de Capital Federal: 20 días.
Capitán Jesús
Horacio Guasti: 8 días.
Si bien López declaró que “se destruyó la documentación” que contenía el
resultado del monitoreo ilegal “porque los datos recogidos no resultaron de
interés”, en el expediente aparece bajo el título de “confidencial” una
detallado análisis de los medios, los periodistas y las notas que escribieron sobre los
temas que preocupan tanto a los aviadores militares. El comodoro López aseguró además
que la orden escrita para concretar estas actividades “no fue aprobada” por el
Jefe II de Inteligencia (Panhuysen), por lo cual se limitó a hacer “sondeos
propios”. Cuando este militar se refiere a periodistas que tenían “intereses
ajenos a nuestro país” es posible que estuviera pensando en el reportaje que para
este diario hizo Carlos Rodríguez –otro de los investigados–, al presidente de
la Federación Internacional de Pilotos, Robert Mc Innis, quien había manifestado que
“para encontrar aeropuertos más inseguros de los argentinos había que buscar en
Africa o Asia”.
En un momento del interrogatorio le preguntaron qué entiende por “explotación de
prensa”, tal como la había denominado, a lo que López contestó que es simplemente
“lectura” de prensa.
En cuanto a quién era jefe de Inteligencia de la fuerza hasta la publicación de
Página/12, según su interrogador el brigadier Vanden Panhuysen se contradijo porque
primero manifestó desconocer los facsímiles publicados por este diario y luego intentó
justificarse diciendo que “de haber existido, todo se ajustó siempre a las leyes y
no tuvo la finalidad que se le atribuye”.
El resto de los inculpados relataron lo siguiente:
El agente civil
Gustavo Cid reconoció ante los uniformados que el documento surgió del Departamento III
de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea y que el borrador se lo dio López.
El capitán
Jesús Guasti admitió que las partes manuscritas de la orden de pedido de información
(OPI) con los nombres de los periodistas son de su puño y letra, pero responsabilizó por
la iniciativa a su jefe, el comodoro López.
El vicecomodoro
Ozan declaró que “no se hizo seguimiento ilegal”. Según su versión, en cuanto
a las mujeres “sólo asistieron a un acto público” (por el Día Internacional
de la Mujer), mientras que en relación a los periodistas realizaron un “estudio
minucioso de los medios”. Cuando le preguntaron si esto era algo habitual, respondió
que no.
La conclusión del sumario es que la mayoría de los involucrados reconoce la existencia
de esa OPI, y los que dicen desconocerla no niegan que pueda haber existido. No aparece
ninguna explicación sobre la finalidad del espionaje, reconocen haberlo hecho sobre el
Movimiento de Mujeres en Lucha, pero no lo admiten respecto de los periodistas. Además de
las sanciones internas, ahora es el turno de la justicia federal, a pedido de los propios
aviadores. Pero ellos mismos afirman que toda la documentación de este
“affaire” fue destruida, por lo cual a los investigadores judiciales no les
queda más que las declaraciones de Panhuysen, López y sus subordinados. O tomar alguna
enérgica y rápida medida.
ASI LO AFIRMO UN ALTO OFICIAL
Las pruebas existen
Por S.M.
En la investigación
interna que realizó la Fuerza Aérea sobre el espionaje ilegal realizado por ese arma a
diez periodistas, el comodoro Jorge Alberto López declara que todo el material producido
en esas tareas de inteligencia fue destruida “porque los datos recogidos no
resultaron de interés”. Luego de publicar las pruebas de las tareas prohibidas que
efectuaron los aviadores, Página/12 se comunicó con la Fuerza Aérea para pedir el
resultado de los seguimientos. Un alto oficial de la fuerza –que aclaró que nada
tenía que ver con el episodio y que el sumario interno no era su área de acción–
dijo que no habría inconveniente para que este diario accediese al material requerido. A
continuación el diálogo:
–Buenas tardes
–Cómo le va.
–Bueno, recibí la carta y la publicamos. Quiero pedirle si puedo tener acceso al
seguimiento que me hicieron.
–(Silencio) Bueno, mire. Le cuento cómo están las cosas. Todavía estamos en la
etapa de investigación. Voy a plantear la inquietud. No le puedo decir que sí ahora,
pero puedo suponer que no va a haber ningún tipo de inconveniente en esto.
–¿Esto lo define Montenegro?
–No, lo vamos a ver en la secretaría general. Le aclaro una cosa. Por lo poco que
sé del tema, porque hay una investigación a la que uno no tiene acceso, pero creo que
para esto no va a haber ningún tipo de inconveniente. Le voy a hacer todos los trámites
necesarios para esto.
–¿Cuándo podrá ser?
–Yo calculo que los primeros días de la semana que viene está todo terminado esto.
¿Le viene bien la semana que viene?
–Cuanto más rápido sea, mejor. Si hay una carpeta que dice “Sergio
Moreno” quisiera tener acceso a esa carpeta. Si hay grabaciones, fotos...
–¿Grabaciones de qué?
–Qué sé yo. Si hacen inteligencia, hacen inteligencia. Yo no sé hasta dónde
llegó.
–Yo toco de oído, pero voy a tramitarlo y creo que no hay muchas cosas que no se
puedan ver. Mire, no hay nada que no se pueda ver. Ya voy a ver, pero no quiero hacerme
cargo de algo que...
–No, está bien.
–Yo me comprometo a tramitárselo. No lo voy a dejar. Llámeme el lunes a la mañana.
–Está bien.
–Le mando un abrazo
–Hasta luego.
El Gobierno denunciará a Alfonsín
por la venta ilegal de armas
Menem busca diluir las
responsabilidades de sus hombres en el affaire. Para los radicales se trata de
“una maniobra torpe”.
Luego de amenazar durante meses,
Carlos Menem se decidió a denunciar a Raúl Alfonsín.
Lo hará en momentos en que Di Tella sería citado a prestar declaración
indagatoria. |
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Seguidor de aquella vieja regla futbolera de que no hay mejor defensa que un buen ataque,
el presidente Carlos Menem ordenó a sus colaboradores que esta semana el Gobierno se
presente en la Justicia para denunciar a la gestión de Raúl Alfonsín por la venta
ilegal de armas. La movida se realizará en uno de los peores momentos del Gobierno en la
causa judicial por la venta de armas a Ecuador y a Croacia, cuando el ministro Guido Di
Tella podría ser citado a declaración indagatoria y la Cancillería fue requisada por el
fiscal federal Carlos Stornelli. En el alfonsinismo, calificaron a la decisión de Menem
“una maniobra muy torpe” y anticiparon que podrían responderle a la Rosada con
una causa por falsa denuncia.
Bajó de la escalerilla del Tango 01 que lo traía de Japón y no perdió un segundo. En
el mismo aeropuerto de Ezeiza, Menem organizó una minirreunión de gabinete y, entre
otras cosas, resolvió que se hiciera la denuncia contra la administración radical que
podría ingresar hoy mismo por la mesa de entradas de Tribunales. Según explicaron
fuentes oficiales, aún no está determinado cómo se presentará el escrito, si será
realizado por el propio gobierno o por algún ministro en forma particular.
La idea no es nueva. En ocasiones anteriores, Menem ya había dicho que la venta ilegal de
armas no empezó en su gobierno con los decretos que él firmó, sino que venía de antes,
con una serie de decretos firmados durante la gestión de Alfonsín disponiendo la venta
de armamentos a diferentes países, entre ellos a Irán.
Nuevamente, el ex canciller Dante Caputo insistió ayer en que no le preocupaba
“nada” que el tema pasara a la Justicia porque aquellos decretos no tenían nada
incorrecto. “Esos decretos están en regla porque no violaron ninguna disposición de
las Naciones Unidas”, aseguró Caputo. El ex canciller, además, marcó la diferencia
entre la política de venta de armas de un gobierno y el otro. “Acá hay una
diferencia básica y es que ninguno de esos decretos terminaron en países sobre los que
existía un embargo, no hubo operaciones de contrabando ni se cometieron ilícitos”,
precisó.
Voceros alfonsinistas explicaban además que, si como creían, la Justicia sobreseía al
ex presidente, luego podrían contestarle al Gobierno con una causa por falsa denuncia y
reclamar daños.
Con motivos que la sustenten o no, con la denuncia Menem intentará diluir
responsabilidades en el escándalo por la venta de armas a Ecuador y Croacia, que cerca
cada vez más a su gobierno en una trama donde se mezclan oscuros traficantes de armas y
las maniobras ilegales. Hasta ahora, por estas causas, están detenidos el ex director de
Fabricaciones Militares, el empresario menemista Luis Sarlenga, y el ex director de la
empresa, el general retirado Antonio Vicario. Además, el ex ministro de Defensa Oscar
Camilión está procesado y el fiscal Stornelli pidió la indagatoria de Di Tella y del
jefe del Ejército, teniente general Martín Balza. El juez Urso, además, pidió el
juicio político contra el ministro Erman González, pero fue rechazado por la mayoría
peronista en el Congreso.
Como para ensombrecer aún más el panorama, Stornelli realizó el viernes pasado un
procedimiento en la Cancillería y se llevó abundante documentación de la Dirección de
Asuntos Nucleares y Desarme del ministerio. El operativo se decidió luego de que el ex
titular de esa dirección y actual embajador, Vicente Espeche Gil, declarara ante el juez
Urso que él había escrito un memorándum advirtiendo que la venta de armas a través de
intermediarios se prestaban a las triangulaciones. Esos memos nunca habían sido aportados
por Di Tella a la causa.
Ayer, desde Cancillería, se preocuparon en aclarar que el operativo no fue técnicamente
un allanamiento, porque el fiscal no estuvo acompañado por efectivos policiales y porque
no hubo quien se negara a darle la documentación que necesitaba. “Incluso se reunió
con varios funcionarios y charlaron amigablemente”, explicaron voceros del
ministerio.
| “Fue un hecho bastardo” El jefe del Ejército, general Martín Balza, calificó de “hecho
bastardo, como cualquier otra amenaza” el envío anónimo de una granada de mano en
el interior de una caja al Edificio Libertador el jueves pasado. “Bastardo como la
amenaza que recibe cualquiera, sea periodista, político, empresario o militar. Es un
hecho cobarde sobre todo”, dijo Balza al finalizar el acto de conmemoración del Día
de la Artillería en Mar del Plata.
El jefe del Ejército se negó a contestar preguntas referidas al escándalo por la venta
ilegal de armas a Croacia y Ecuador. “Es un tema ajeno a mi competencia, de manera
que pregúntenme todo lo relacionado al Ejército Argentino que es mi trabajo”, fue
la excusa de Balza ante la requisitoria periodística.
Sobre la amenaza, Balza aseguró no sentirse intimidado y afirmó que “camino muy
tranquilo por la calle. No sé si con mi conciencia tan tranquila porque quisiera ser
mejor, cumplir mejor todos mis deberes como cristiano, pero me siento tranquilo. Son
hechos cobardes; sólo un cobarde puede amenazar a una familia”.
El jueves pasado una granada de mano llegó en forma de encomienda a través de un correo
privado al Edificio Libertador y fue descubierta a través del detector de metales, por lo
cual intervino en forma inmediata la brigada de explosivos de la Policía Federal.
En su visita a Mar del Plata, Balza participó de un gran despliegue cívico militar en la
agrupación de Artillería Antiaérea 601. Estas actividades le dieron el marco al titular
del arma para que hablara sobre el estado del Ejército. “Estamos viviendo momentos
acorde con lo que nuestro país necesita, acorde con sus posibilidades. Tenemos un
armamento en un contexto, en un Ejército capacitado para cumplir la misión
disuasiva”, afirmó Balza.
Luego de premiar a distintos oficiales del Ejército, Balza distinguió al intendente
marplatense, Elio Aprile, con el grado de Caballero a los Méritos Civiles por la
colaboración de brinda su ciudad al Ejército. |
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