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Ahora llega el turno del Tigre
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Por Adriana Meyer El dictador
Emilio Massera se presentó ayer en el juzgado de Adolfo Bagnasco para ser interrogado
sobre la sustracción de menores en el centro clandestino de detención que estuvo bajo su
mando, pero cuando comenzó la indagatoria se negó a declarar. El magistrado ordenó su
detención --que está cumpliendo en su casa porque la jueza María Servini de Cubría ya
le había concedido ese beneficio-- y rechazó la recusación que presentó el ex
almirante. El ex comandante de Operaciones Navales, almirante retirado Antonio Vañek,
también fue interrogado por Bagnasco y quedó detenido. Está alojado en forma provisoria
en la Unidad de Gendarmería de Campo de Mayo. También a él le será otorgado el arresto
domiciliario en virtud de sus 74 años. En su declaración aseguró que Massera dio las
ordenes para "luchar contra la guerrilla". Massera y Vañek son los primeros del
grupo de marinos de la ESMA que serán procesados antes de fin de año. La lista se
engrosará con otros represores, incluido Jorge "El Tigre" Acosta, que
declararán ante Bagnasco en los próximos días (ver recuadro).El almirante Cero ingresó al juzgado antes de las ocho, vestido con un traje gris, camisa y corbata. Saludó a los secretarios y a los fiscales. Algunos evitaron pronunciar el "mucho gusto" de rigor y permanecieron en silencio. Lo hicieron esperar en la sala de audiencias. Mientras tanto, en la vereda de Comodoro Py una mujer que le manifestaba su apoyo envuelta en una bandera argentina, intentó destruir las pancartas que portaban unos diez jóvenes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), quienes reclamaban la prisión perpetua para el dictador. La iracunda señora llamó "alcahuetones" a los periodistas. El revuelo causó la movilización los custodios de civil y handy en mano, y del centenar de policías federales. Mientras Bagnasco resolvía si aceptaba apartarse de la causa a raíz de la recusación presentada por el abogado de Massera, comenzó la declaración de Vañek. "No sabía que hubo detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, me acabo de enterar acá", arrancó.
La declaración Vañek estaba algo asustado y se lo vio más nervioso que a Massera. La secretaria Adriana Scoccia le leyó la calificación del presunto delito que se le imputa: "haber participado de la implementación durante el denominado 'Proceso de Reorganización Nacional', en su carácter de Jefe del Comando de Operaciones Navales, en la sustracción sistemática de menores hijos de mujeres que al momento de ser secuestradas estaban embarazadas, que habrían dado a luz en centros clandestinos de detención, o en forma encubierta en hospitales militares. Se le atribuye además haber participado en el ocultamiento de menores y en la supresión de sus identidades, con la consecuente imposición de daños físicos y psíquicos que dicha separación podría haberles provocado". También se le hicieron conocer las pruebas que hay en su contra. El almirante retirado dijo que "no tuvo conocimiento de que hubiera mujeres embarazadas o que hubieran nacido niños en algún lugar militar de la Armada", como tampoco supo de "ningún plan que indique qué hacer con menores recién nacidos o parturientas". Vañek insistió varias veces en que el único plan era el "Placintara", al que denominó "Plan de Conmoción Interna de la Armada de 1975, basado en el anterior CONINTES". Aclaró que durante su comando el plan ya estaba funcionando. Ubicado a pocos metros de su ex jefe, Vañek no evitó responsabilizarlo. "La directiva emanada del Comandante en Jefe de la Armada, el almirante Massera, (...) tenía como objetivo impedir el accionar de la guerrilla y la protección de las unidades navales. Las fuerzas de tareas tenían un plan relacionado con los servicios de inteligencia que poseían información de personas sospechosas. Las detenían, les tomaban declaración dentro de las 48 horas y las ponían a disposición del juez o de la policía", explicó. Vañek agregó que "semanalmente se elevaban los partes del Comando de Operaciones Navales, donde se dejaba constancia de los detenidos y dónde eran derivados". Una vez más señalaba hacia arriba en la cadena de mandos. En sentido inverso, mencionó al almirante Manuel Jacinto García Tallada y al almirante Oscar Antonio Montes como ex jefes de la Fuerza de Tareas 3 y responsables de aplicar el Placintara, pero aclaró que allí nada se estableció sobre menores hijos de las detenidas. El militar relató que "en ocasión de detener a dos estudiantes secundarios tuvo que agregar un volante rectificativo" al texto de esa normativa vigente. "Cuando encontraban niños al secuestrar mayores se los dejaba con los parientes y esto es cosa de sentido común. En la Armada se enseña sólo a hundir buques y a salvar a los sobrevivientes", concluyó a modo de justificación. Al finalizar el interrogatorio se decidió el arresto de Vañek en virtud de la gravedad de la imputación. Una eventual condena sería de ejecución efectiva. A mediodía Massera ingresó al despacho de Bagnasco. No se cruzó con su ex subordinado Vañek, pero antes de expresar que se negaba a declarar tuvo que escuchar lo mismo que Vañek. Uno de los participantes de esa audiencia relató a Página/12 que el dictador se expresaba en tono bajo y pedía que le hablaran fuerte, "como acentuando una sordera inexistente, haciéndose el 'viejito'". Pidió un vaso de agua y miró a la secretaria Scoccia todo el tiempo a los ojos. Se limitó a decir que "quería conocer las pruebas en su contra, los casos concretos". A las 15.20 Vañek fue trasladado a la Unidad de Gendarmería Nacional que está dentro de Campo de Mayo, con chaleco antibalas y esposado. Su abogado, Fernando Goldaracena, solicitó el arresto domiciliario y el juez podría otorgárselo, tras realizar los informes ambientales y el examen psicofísico. Bagnasco tiene 10 días para decidir si dicta el procesamiento con prisión preventiva de Massera y Vañek. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que el magistrado se tomará más días para resolver esta situación y seguramente procesará no sólo a estos dos represores sino a todos los imputados que declararán antes de fin de año (ver aparte). Bagnasco ya tiene tres represores de peso detenidos a su disposición: el ex presidente Jorge Videla, a raíz del pase a la Capital de la causa que llevaba el juez de San Isidro, Roberto Marquevich, por apropiación de menores. Ayer ordenó que Massera y Vañek quedaran presos, pero en definitiva los tres podrán permanecer encerrados en la comodidad de sus hogares.
La jueza Christine Junod dictó esta medida a raíz de una demanda iniciada el 23 de octubre por Paulina Jaccard, esposa de Alexei, quien acusó al dictador chileno Augusto Pinochet de "secuestro, rapto con circunstancias agravantes y asesinato" ante el procurador general del cantón de Ginebra, Bernard Bertossa. Jaccard, nacido en Chile y ciudadano suizo, desapareció en Argentina en un operativo del Plan Cóndor implementado por las dictaduras del Cono Sur. Por el mismo caso, Suiza también pidió la extradición de Pinochet, actualmente preso en Londres. Alberto Rodríguez Varela y Carlos Tavares, abogados de Videla, se negaron ayer a comentar la medida adoptada por la Justicia suiza. Los defensores del dictador esperan el pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín sobre las apelaciones al procesamiento y la prisión preventiva dictadas por el juez Roberto Marquevich contra Videla por su responsabilidad en el robo de bebés durante la última dictadura. El dictador aguarda las resoluciones de la Cámara Federal de San Martín en su casa de Belgrano, donde cumple arresto domiciliario. Alexei Jaccard nació en Chile el 30 de marzo de 1952 y desapareció en Buenos Aires entre el 16 y 17 de mayo de 1977. Militante de la Juventud Comunista desde el secundario, fue detenido poco después del golpe militar en el que Pinochet derrocó al presidente Salvador Allende y tras ser liberado se exilió en Suiza. El 15 de mayo de 1977 Jaccard viajó a Buenos Aires con su pasaporte suizo y el 3 de junio su esposa, en Ginebra, recibió una llamada anónima donde en castellano le informaron que su marido había sido secuestrado. Luis Martínez, suboficial de la Policía Federal, afirmó en Suiza, donde fue detenido por su responsabilidad en el secuestro del empresario Fernando Combal, que Jaccard había sido detenido en la calle cerca de la Universidad de Belgrano y había sido asesinado en la Escuela de Mecánica de la Armada. En 1983, a pedido de Paulina Jaccard, se abrió en Suiza una investigación penal por la desaparición de su esposo. Pero en ese momento la demanda no tuvo una respuesta tan rápida y la causa fue archivada. Tal como demostraron las detenciones de Videla y Massera, los pedidos de prisión contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Argentina no provocan fuertes reacciones de sus viejos seguidores. La medida dictada por la Justicia suiza no desató repercusiones en el Ejército, sólo se pudo verificar "desagrado" en unos pocos generales retirados que tuvieron alguna vinculación con Videla, quien junto con Massera, el ex general Antonio Domingo Bussi y Jorge "El Tigre" Acosta, encabezó la lista del juez Garzón. DECLARACION DE UN EX DIRECTOR DE UN CEMENTERIO "Eran jóvenes, despedazados"
Por Victoria Ginzberg
El miércoles pasado terminaron las audiencias públicas programadas para este año en el juicio que lleva la Cámara Federal de La Plata. Pero a raíz de una inspección ocular al cementerio realizada el jueves, los jueces decidieron citar a Omar Coronel, Alberto Mujica --sepultureros--, Héctor Lucero --ex chofer del cementerio-- y Cianco --ex director--. Ninguno había declarado en el juicio a las Juntas ni ante la Conadep. "Mi misión era dar sepultura. Ningún cadáver entró sin la documentación correspondiente", afirmó Cianco, reticente. El comisario retirado, responsable del cementerio entre julio de 1976 y setiembre de 1980, aseguró que fue destinado a ese puesto tras una entrevista con el general Ramón Camps, quien lo amenazó con quitarle la jubilación si no aceptaba. Nervioso, después de que se leyera el acta de su testimonio aclaró que "en estado de actividad o retirado, siempre estoy bajo el régimen de disciplina policial. Hay cosas que tenía que cumplir". Lucero, chofer del cementerio, dijo que desde diciembre de 1975 hasta julio de 1976 él mismo iba a buscar cuerpos con un camión o una ambulancia. "Eran chicos jóvenes, despedazados, con una marca que los identificaba en algún lugar del cuerpo. Los empleados de la morgue policial los encajonaban y yo los trasladaba", contó. A partir de que Cianco asumiera en el cementerio, los policías traían los cadáveres. Los testigos aseguraron que los camiones, custodiados por policías con armas largas, entraban al cementerio alrededor de las cuatro de la tarde y como tenían que hacer trámites en la administración, muchas veces, sobre todo en invierno, los entierros se hacían de noche. En algunas oportunidades, cuando los sepultureros ya se habían retirado del lugar, efectivos de la policía los iban a buscar especialmente a sus casas para que hicieran el trabajo. Cianco aseguró que "todos los cadáveres llegaban con una licencia de inhumación" que provenía del registro civil. El comisario afirmó que la policía de diferentes dependencias --mencionó a Investigaciones y la Morgue policial-- pedía por nota a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos los cajones gratuitos. Cianco admitió que en esa época había "rumores de que por la noche se hacían entierros sin autorización, incluso se decía que aterrizaban helicópteros", pero dijo que no encontró ninguna irregularidad. La inspección al cementerio se produjo a raíz de más de trescientos certificados de
defunción de personas no identificadas sepultadas entre 1976 y 1980 que fueron
presentados en el juicio por la madre de Plaza de Mayo Adelina De Alaye. En todos estos
documentos figura como la causa de muerte "destrucción de masa encefálica por
proyectil de arma de fuego" y el promedio de las víctimas es de veintiocho años.
Según se desprende de esos certificados, en un solo día ingresaron doce personas
jóvenes NN cuando normalmente en un mes se entierran alrededor de tres cuerpos. El
jueves, los jueces dictaron una medida de no innovar respecto a las tumbas NN. En 1982 se
dictó una resolución similar pero muchas sepulturas ya habían sido removidas y los
restos colocados en el osario, de donde son irrecuperables |
Operaciones Navales, almirante retirado Antonio Vañek, es el primer preso de la causa que
impulsan seis Abuelas de Plaza de Mayo y que lleva adelante el juez Adolfo Bagnasco.
Estudió en el Colegio Interamericano de Defensa, en Washington, y fue agregado naval en
los Estados Unidos en 1975. Al año siguiente presidió la Comisión de Asesoramiento
Legislativo (CAL), el organismo que pretendió reemplazar la actividad del Congreso de la
Nación durante la dictadura. Se desempeñó como comandante de Operaciones Navales
durante 1977 y parte de 1978, con autoridad para decidir sobre la vida, la tortura y la
muerte en el centro clandestino que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada. Fue procesado
"por hechos vinculados con la guerra contra la subversión", según declaró
ayer ante Bagnasco. En 1990 se benefició con los indultos que dictó el presidente Carlos
Menem.