Llegan las invasiones chilenas
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Por Marcelo Justo
No es 1973 ni es Santiago pero la voz telefónica que hunde su cuchillo en la helada noche londinense es indudablemente chilena: "Si sigues haciendo huevadas te vamos a degollar hijo'e puta". Carlos Reyes Manso, una de las principales figuras de la organización de exiliados, Chile Democrático, no conoce las voces ni sabe los nombres. Pero apenas hace falta. "Desde hace dos semanas que vienen llegando grupos de la derecha chilena, la mayoría vinculados a la Fundación Pinochet. Hoy llegaron más de 100 personas. De acá al miércoles se esperan otras 200. No me extraña tanto que estemos recibiendo amenazas telefónicas", comentó a Página/12. A sólo tres días de que el ministro del Interior Jack Straw anuncie si autorizará el proceso judicial para extraditar a España al general Pinochet, la derecha chilena intenta derramar el conflicto nacional en Londres. Algunas versiones que circularon ayer en la capital inglesa hablaban del arribo a Heathrow de unos 200 pinochetistas a bordo de un vuelo charter de Lan Chile. En declaraciones a Página/12, uno de los organizadores de la campaña, el diputado de la derechista Unión Democrática Independiente, Darío Paya, negó que hubiera un charter pero confirmó que entre 150 y 200 chilenos habían llegado a Londres en grupos separados. "La policía internacional los detuvo unas 10 u 11 horas. Pero finalmente los dejaron salir", indicó Paya. Según la policía fueron las autoridades inmigratorias las que retuvieron a unos 30 chilenos. "La policía no tuvo ningún tipo de 'contacto' con ellos", subrayó una portavoz policial a Página/12. El diputado Paya señaló que el objetivo de estos grupos es apoyar al general Pinochet y dar a conocer lo que realmente está pasando en Chile. "El gobierno y la oposición piensan que Pinochet debe regresar a Chile. Sólo el candidato del Partido Comunista se opone. De modo que ésta es una política nacional", señaló. El diputado formará parte de la delegación de personalidades chilenas --políticos, empresarios y deudos de víctimas de la "subversión"-- que entregará hoy una carta al ministro del Interior Jack Straw explicándole su visión de la situación en Chile y solicitándole la libertad del general. No es el primer mensaje que recibirá Straw de la clase política chilena, pero sí será la primera vez que haya en Londres una manifestación a favor de Pinochet. Sea esta mañana en las oficinas ministeriales en St. James' Park, por la tarde afuera de la exclusiva mansión que alquila a 10 mil libras mensuales el general en Surrey o el viernes en el magistrado de Bow Street donde se anunciará la decisión de Straw, estos grupos pinochetistas se encontrarán con los de los exiliados. "Este es un país libre donde todos pueden expresar sus opiniones. Vamos a evitar todo tipo de enfrentamientos. Confiamos en la policía inglesa", indicó Reyes Manso a Página/12. En un sentido similar se manifestó el diputado Paya. "Sería lamentable que haya incidentes." La policía británica está extremando las precauciones para evitar incidentes. Mientras tanto el alicaído Partido Conservador británico, que busca una causa con la que atacar al gobierno laborista, aumentó ayer la presión sobre Jack Straw para que deje en libertad al general. "El gobierno tiene finalmente una oportunidad de salir del agujero en el que ellos mismos se metieron. Creemos que Pinochet debería ser juzgado en Chile, pero en última instancia esto es algo que los chilenos deben decidir", indicó el ministro del Interior en la sombra Sir Norman Fowler. Sin embargo, de las cuatro razones que tiene Straw para concederle la libertad, que sería igualmente apelada por la fiscalía, sólo una podría servir para el caso específico del general: la "razón humanitaria". Después de que el martes de la semana pasada el exclusivo psiquiátrico Grovesnor Priory lo diera de alta, la salud del general difícilmente sea el argumento elegido para incluirlo bajo esta categoría. El diputado Paya que ayer se reunió con el general en la mansión de Surrey lo confirmó. "Está bien y firme. De ánimo hay días que está peor y otros que está mejor", señaló Paya. La admisión indicaría que los mismos pinochetistas están abandonando esa vía, la del "anciano frágil y enfermo". Ignacio Pérez Walker, senador por el derechista Partido Renovación Nacional, también en Londres, subrayó a Página/12 que lo que está en peligro no es la democracia sino la paz. "Hay muchos extremistas de derecha e izquierda que cometerán atentados y quizás intentarán eliminar a políticos", advirtió Pérez Walker. La última carta de la derecha chilena es una advertencia política: si Straw no concede la libertad al general, el país estallará por los aires. OFENSIVA DE MILITARES Y DERECHA También atacan en casa
La derecha continúa activa en Santiago de Chile por la situación de su máximo líder, el ex dictador Augusto Pinochet. Mientras los altos mandos militares chilenos se reunían ayer para discutir la situación creada a partir del pedido de extradición a España, varios ex ministros pinochetistas anunciaron que presentarán una demanda judicial contra los diputados socialistas que hace una semana dirigieron una carta al ministro del Interior británico Jack Straw para que permita la extradición de Pinochet. Los ex funcionarios invocaron la Ley de Seguridad Interior del Estado y el cargo contra los legisladores socialistas es "asociación ilícita para delinquir", según publicó el diario La Segunda. De acuerdo con El Mercurio, Pinochet está preparando "un testamento político" que sería conocido antes del viernes, cuando Straw comunique su decisión. El comandante en jefe del ejército chileno, Ricardo Izurieta, recibió durante la mañana al cuerpo de generales de la institución castrense para discutir la situación de Pinochet. "Fue una reunión meramente informativa (que), se enmarca en la política informativa del comandante en jefe, en el sentido de reunirse con oficiales en forma permanente, la guarnición de Santiago, oficiales en retiro y otras guarniciones", dijo el coronel Alfredo Ewing, jefe de comunicaciones del ejército. En el encuentro participaron 36 de los 41 generales de la institución castrense que Pinochet encabezó durante 25 años hasta marzo de 1998. La prensa chilena indicó que Izurieta informó al alto mando militar de las gestiones realizadas por el gobierno y el Ejecutivo en favor de la liberación de Pinochet, arrestado en Gran Bretaña desde el 16 de octubre. Tras el encuentro con los generales, Izurieta acudió a un encuentro con el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, y los jefes de las restantes fuerzas de seguridad y orden. Izurieta ha sido señalado por analistas como un militar de fuerte apego institucional y sin interés en llevar al ejército a intervenir en la política del país, pero las tensiones por el arresto de Pinochet lo han llevado a posturas beligerantes. El jefe del ejército habría pedido al gobierno romper relaciones diplomáticas con España y Gran Bretaña en señal de repudio por la detención de Pinochet, lo cual fue rechazado por el presidente Eduardo Frei. El ex vicecomandante del ejército, Guillermo Garín, advirtió en una entrevista publicada en El Mercurio que la polarización generada en el país por el arresto de Pinochet podría afectar al ejército. Según Garín, la posible extradición de Pinochet "agudizaría la polarización que hemos visto, y esa polarización llegaría inevitablemente a los hombres de armas". Aunque descartó un golpe de Estado, Garín consideró que "si siguieran aumentando los odios que han aflorado, podríamos llegar a una situación de confrontación entre chilenos". Sus declaraciones fueron repudiadas el lunes por el gobierno, que insistió en la necesidad de mayor tolerancia. "Hay muchas declaraciones extemporáneas estos días, que por respeto a la Constitución y a la tolerancia que se requiere en una democracia, no son aceptables", dijo el ministro de la presidencia, John Biehl. Buscando influir en la decisión de Straw, el presidente del Senado chileno, el democristiano Andrés Zaldívar, dirigió una carta al primer ministro británico Tony Blair para comunicarle una decisión de ese cuerpo parlamentario que pidió la liberación de Pinochet, actual senador vitalicio por su calidad de ex jefe de Estado. Garzón ya prepara el juicio a Pinochet
Por José Yoldi
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón lleva varios días trabajando en la redacción del auto de procesamiento del ex dictador chileno y actual senador vitalicio, Augusto Pinochet, al que imputa los delitos de genocidio, terrorismo internacional y torturas, tal y como figura en el auto de prisión y la orden de detención que originaron la petición de extradición. Garzón quiere notificar el procesamiento de Pinochet esta misma semana, de ser posible antes de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, decida sobre la extradición. El magistrado se encerró ayer lunes en su despacho, donde estuvo trabajando en el relato de los hechos del auto de procesamiento, en el que proyecta incorporar los últimos documentos recibidos en el juzgado sobre la Operación Cóndor, de la que Pinochet aparece como máximo responsable. El juez quiere especificar lo más ampliamente posible los sórdidos episodios de la represión en Chile, Argentina y Paraguay. Aunque el número de casos sobre asesinatos y desapariciones que figuren en la resolución sea muy superior a los que constaban en los autos de prisión del ex dictador chileno, los delitos por los que Pinochet será procesado son los mismos por los que inicialmente fue detenido en Londres: genocidio, terrorismo y torturas. Garzón ya señalaba respecto del genocidio "que se integra por una serie de detenciones ilegales seguidas en unos casos de asesinato o desapariciones (...) y que según los testimonios y datos obrantes en la causa fueron precedidos de torturas en cada uno de los casos". Los asesinatos y las desapariciones masivas de personas --unas 3000 en el caso chileno-- son una de las características del genocidio, pero España no tiene competencia para juzgar a Pinochet por asesinato o secuestro con desaparición, sino que la jurisdicción española viene dada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite la persecución del genocidio, del terrorismo y de las torturas. Este hecho tampoco afectaría en la práctica la pena a cumplir por Pinochet en el caso de ser condenado, puesto que el genocidio está castigado en España con pena entre 15 y 20 años, pero se impondría la pena superior en grado en el caso de que hubiera dos circunstancias agravantes, extremos que en el caso chileno se cumplen ampliamente, como por ejemplo: alevosía, abuso de superioridad, cometer el delito por motivos ideológicos, aumentar innecesariamente el sufrimiento de las víctimas, entre otros. Y además las penas impuestas por delito de genocidio no prescriben. A esto habría que añadir las penas por terrorismo --castigado con 20 a 30 años de cárcel si se causase la muerte de una persona-- y torturas --de dos a seis años--, por lo que la suma de todas ellas con facilidad excedería de 30 años, el máximo tiempo de cumplimiento establecido en la legislación española.
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