Página/12

“Queremos evitar que confisquen los derechos de los trabajadores”

El secretario general de la CUT brasileña, Joao Felicio, asegura que no se opone al Mercosur, “el problema es que los sindicatos sean el patio trasero”.

La CUT se movilizará hoy, junto a otras centrales sindicales, en defensa de los derechos laborales.
“La forma en que los gobiernos conducen la economía es responsable de esta desocupación.”

Por Darío Pignotti desde San Pablo

“Queremos dejar de ser el patio trasero del Mercosur”, sintetiza Joao Felicio, secretario general de la CUT (Central Unica de Trabajadores) de Brasil, una de la organizaciones sindicales que mañana jueves manifestará “contra la confiscación de los derechos laborales en la región”. La presencia sindical ha sido flaca en el proceso que dio forma a este modelo de integración desde su nacimiento. En las vísperas de la hipotética entrada en vigor de la zona de libre comercio, los sindicatos enfrentan una amenaza en pinza: de un lado la “igualación hacia abajo de legislaciones y conquistas”, y del otro la multiplicación de acuerdos verticales entre empresa y trabajadores en algunos sectores.
“No debemos caer en acuerdos que puedan ser perjudiciales a los trabajadores de un mismo sector en otro país”, aconseja Felicio, en diálogo con Página/12.
–¿La CUT participa del acto con el propósito de denunciar al Mercosur?
–La CUT nunca se posicionó contra el Mercosur, hemos considerado bueno que los países del Tercer Mundo se organicen en bloques para poder enfrentar la competencia de los bloques mayores. El problema central que nos colocó el Mercosur a los trabajadores fue la necesidad de articularnos con otras centrales del Cono Sur para garantizar los derechos de la clase trabajadora.
–¿De qué modo la inserción externa, y en particular en el Mercosur, agrava el desempleo?
–La forma como el gobierno está conduciendo la economía es responsable de esta situación de desempleo: apertura indiscriminada de la economía y poner en pauta sólo la reducción del “costo Brasil” para ganar competitividad. Entonces, para tranquilizar a los mercados, el gobierno envía reformas al Congreso siguiendo una misma lógica, atentar contra nuestros derechos: reducción de la jornada de trabajo con reducción de salario, reforma de la previsión social que agrava más una jubilación ruin para la mayoría de los trabajadores brasileños. Eso puede trasladarse al Mercosur, donde impera una alianza de gobiernos y empresarios para alzarse con las conquistas de los trabajadores. La idea es tomar lo que tiene de ruin la legislación argentina y se lo propone en Brasil y viceversa. Imponen un nivelamiento para abajo. Las centrales sindicales debemos empujar en el otro sentido. Yo pregunto, ¿por qué no hay un salario mínimo común al Mercosur?
–¿Cuál es la diferencia entre los costos laborales brasileño y argentino?
–Es difícil saber cuál es el peor. Tengo la certeza de que la participación de la masa salarial argentina en las empresas es mucho mayor que la nuestra. El salario mínimo brasileño es de 130 dólares, el argentino es seguramente más alto. No es apenas una cuestión de precio, hay componentes históricos. El nivel de violencia de la dictadura argentina fue muy superior al de la brasileña, y eso también se debió al nivel de organización sindical argentino.
–¿Cómo impactará en el empleo la caída de actividad prevista para el ‘99?
–En los cálculos del IBGE para 1999, el desempleo puede crecer hasta el 12 por ciento, y en los nuestros superará el 20. Imagínese qué puede suceder en San Pablo con más de dos millones de desempleados. Puede ser un año de convulsión social, y lo decimos sin querer agravar las cosas.
–En Brasil hay dos desempleos: el que mide el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) y el de ustedes. ¿Qué los diferencia?
–Es un problema de método. El encuestador del IBGE considera que alguien está ocupado si trabajó un día en el mes. En nuestra evaluación decimos que si alguien trabajó una semana al mes, significa que estádesempleado. En nuestra evaluación, vemos sólo crecimiento del desempleo en los últimos dos años. Si en 1996 teníamos en San Pablo y Gran San Pablo un desempleo de 13 por ciento aproximadamente, para 1998 será del 20 o más, con certeza. Ese porcentual será muy parecido en cualquier capital del país: Río, Bahía, Recife. El desempleo general de Brasil está en torno del 16 % y en las mediciones del IBGE está alrededor del 8. Pero hablar de empleo y desempleo en Brasil es considerar sólo una parte de la población económicamente activa. Menos de la mitad de los trabajadores brasileños están registrados. Es decir, la mayoría son informales, montan una barraca para vender alguna cosa, son los “camelos” (ambulantes) o los que sobreviven vendiendo su trabajo sin ninguna garantía gremial. Ese cuadro es mucho peor que en la Argentina. En los estados más miserables como Pará, Ceará, Piaui, los trabajadores formales son menos de un tercio.
–Varios sindicatos vienen negociando la preservación del empleo y derechos sacrificando nivel de ingreso. ¿Cuál es su opinión?
–No la comparto como idea, pero en una situación como la que estamos viviendo, la mantención de derechos que están siendo amenazados acaba siendo muy importante. En Brasil, tenemos una impresionante tradición de violación de derechos del trabajador, mucho peor que en Europa y la Argentina. Aquí los patrones no tienen cultura de negociación capital- trabajo.

CONCESIONES MUTUAS PARA DESTRABAR EL COMERCIO
Gestos para bajar la desconfianza

Por C.C. desde Río de Janeiro

La agenda bilateral argentino-brasileña monopoliza la atención del Mercosur, en gran medida, por el peso de sus conflictos económicos, imposibles de resolver antes del cónclave presidencial de mañana. Ayer, sin embargo, se consiguieron algunos avances, producto de las concesiones mutuas. Tanto Brasil como la Argentina trasgredieron alguna vez principios del mercado común.
Los grupos de trabajo cerraron un acuerdo para el reconocimiento mutuo de los organismos de control alimentario. Esto significa que si el Senasa aprueba un producto, Brasil debe admitirlo y no puede demorar el ingreso al mercado por una inspección fitosanitaria. Pero no pudo cerrarse ningún acuerdo semejante para homologar organismos que controlan medicamentos (Anmat argentino) o industriales (INTI).
A aquel gesto de Brasil, la Argentina respondió postergando (no levantando) la aplicación de una resolución del Banco Central que amenazaba frenar las importaciones. A través de esa norma –poco difundida en Buenos Aires, pero muy presente en el discurso de los funcionarios y diarios de Brasil–, los importadores argentinos estaban obligados a constituir una garantía del mismo monto que la operación a concretar. Esto equivale, de hecho, a comprar al contado.
La Argentina recrimina a Brasil subsidiar inversiones e inventar, permanentemente, nuevas trabas a las importaciones. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso, en tanto, también protesta por los gestos proteccionistas argentinos. El debate se contamina por los mutuos recelos. Off the record, los diplomáticos argentinos sostienen que Brasil tiene la estrategia de golpear primero, con alguna medida proteccionista, y negociar después, negando el impacto que ella tiene sobre las economías ajenas. Brasil, en tanto, asegura que el gobierno argentino termina defendiendo a empresas que “triangulan” productos: sostiene que desde la provincia de Buenos Aires se envía al estado de Santa Catarina leche en polvo que, en realidad, es de Nueva Zelandia; y que industriales argentinos le roban parte del mercado estadounidense con azúcar que, en realidad, compran a Brasil. Todos tienen una parte de razón y, de algún modo, transgreden el acuerdo de libre comercio. El Congreso argentino impuso un arancel del 23%al azúcar brasileño, con el argumento de que está subsidiado. Brasil, a su vez, impuso el sistema de licencias previas para importar y se resiste a eximir de este filtro a sus socios del Mercosur, habilitándoles un canal especial.
La Argentina renovó un acuerdo bilateral con México, justo cuando todo el Mercosur estaba presionando al país azteca para que le concediera las mismas prerrogativas comerciales que les otorgó a los otros miembros del Nafta. Con esta determinación el gobierno de Carlos Menem quebró la estrategia grupal.

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