Por Felipe Yapur y Adrián H. Mouján
 La Cancillería
argentina confía en que hoy podrá conseguir que los países del Mercosur se opongan al
juzgamiento en el exterior de Augusto Pinochet, dijo anoche a Página/12 un alto
funcionario. El proyecto es que el rechazo se manifieste a través de una declaración
conjunta donde se defendería el principio de territorialidad de la Justicia. Para ello,
Carlos Menem debe convencer a Fernando Henrique Cardoso que varíe su posición. Si lo
consigue, la incorporación de Brasil no sería un dato menor: hasta hace unos pocos días
el presidente brasileño se negaba a rubricar un documento en favor de la libertad de
Pinochet.
Las negociaciones se iniciaron el último viernes en Chile. El canciller Guido Di Tella
viajó a Santiago para tratar el acuerdo por los Hielos Continentales. Pero allí su par
José Miguel Insulza le presentó un borrador con la declaración y le solicitó que
inicie gestiones para lograr la firma del gobierno brasileño.
La estrategia de la diplomacia chilena fue sencilla: que en el texto no figure el nombre
del genocida. El paper que le entregaron a Di Tella sostiene “la necesidad de
afianzar la democracia en los países latinoamericanos, y respetar y apoyar los procesos
de transición con sus diferentes modalidades”.
También destaca “los principios de soberanía de los Estados y la no intervención
en asuntos internos que amenazan la convivencia de los mismos”. El último punto
habla de “la defensa irrestricta del principio de territorialidad”. Se trata de
los argumentos con el que el gobierno chileno se opone a que Pinochet sea juzgado en el
exterior.
Di Tella habló con Carlos Menem. El Presidente no dudó en iniciar gestiones ante
Cardoso. Hasta ahora, el presidente brasileño, que vivió su exilio en Chile durante los
años ‘60, se negó a pronunciarse contra la Justicia británica, e incluso llegó a
afirmar que si Pinochet pisaba Brasil él mismo lo entregaría. Si hoy cambia y cede, la
cumbre número quince del Mercosur emitirá una declaración conjunta entre Brasil, Chile,
Paraguay, Argentina y Uruguay.
Los diplomáticos chilenos parecían ayer más tranquilos. Ya contaban con el apoyo de
Uruguay y de Paraguay, y sumaron la venia del presidente boliviano, Hugo Banzer, que
acudió con premura a apoyar la declaración. Banzer teme enfrentar un juicio similar
cuando culmine su mandato.
El primer choque de Chile con Brasil se produjo cuando los representantes de Perú y
Ecuador se reunieron en Brasilia, en octubre pasado, para firmar el acuerdo de paz. El
presidente chileno, Eduardo Frei, creyó ver en ese encuentro el momento ideal para
convencer a Cardoso para que apoyara el documento. “Este no es el lugar ni el momento
para hablar de esto”, lo sorprendió el brasileño.
Un funcionario de la cancillería argentina explicó a Página/12 que la postura contra
Baltasar Garzón se basa en un razonamiento jurídico: “El principio de
territorialidad es una de las esencias de la soberanía y si a un país le quitamos la
facultad de castigar a un delincuente, le estamos quitando algo primordial”.
“El aspecto político –agregó– es muy simple. ¿Qué pide Chile?
¿Respaldo? Se lo damos. Es una necesidad geoestratégica y una cuestión de países
hermanos.”
OPINION
Qué puede cambiar en Chile
Por Alberto Ferrari Etcheberry * |
Una de las críticas a la
decisión de los lores y a la de Jack Straw permitiendo la extradición de Augusto
Pinochet es la siguiente: “En nuestros países, salvo en la Argentina, el retorno a
la democracia fue el fruto de un pacto político con los militares que detentaban el
poder; esa es una realidad chilena que no puede desconocerse, y menos por jueces
extranjeros”.
El hecho es cierto: en El Salvador el acuerdo fue explícito y firmado por torturadores y
torturados. Como recordaba Joaquín Villalobos, comandante guerrillero salvadoreño
durante 25 años, la cuestión es la correlación de fuerzas, por lo que es sin duda
válido que para lograr las reglas democráticas se renuncie al enjuiciamiento del pasado.
Pero el toma y daca es, en todo caso, renuncia por democracia.
Los acuerdos del Centro Naval, que llevaron a la restauración democrática en Uruguay,
son un ejemplo: los militares se fueron a su casa; los orientales reasumieron su plena
soberanía y resolvieron por mayoría en un plebiscito lo que les pareció apropiado.
Chapeau y los de afuera son de palo: ¿quién tiene títulos para enseñarles convivencia
democrática a los de la Banda de enfrente?
¿Es aplicable este test a Chile? De ninguna manera.
En Chile no hubo pacto sino la imposición de la legalidad del régimen, que la oposición
democrática aceptó y usó como un instrumento en la trabajosa reconquista de la
soberanía popular y la democracia.
La Constitución de 1980, vigente, es lincolianamente de, por y para Pinochet. Nadie puede
seriamente calificarla de democrática ni por su origen –un plebiscito estilo South
America, efectuado en plena dictadura militar– ni por su sustancia. No existen hoy en
Occidente instituciones como el Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional
de Chile, que sin origen popular alguno están por encima del presidente y del Congreso.
Además, el sistema constitucional y electoral asegura al pinochetismo una representación
suficiente y de hecho permanente para jaquear e imposibilitar pretensiones reformistas.
En Chile, pues, están ausentes el pacto y su resultado.
El triunfo de la Concertación opositora en el plebiscito y en la elección presidencial
fue fruto de su propia capacidad, ayudada por una presión internacional que obligó a
revalidar títulos y cerró la posibilidad del fraude. Usar el instrumento de la legalidad
creada para el continuismo permitió vencer a Pinochet, al pinochetismo sin Pinochet
-política de Estados Unidos– y a quienes preconizaban el enfrentamiento violento. El
cambio fue enorme. Pero también es cierto que la doble derrota fue la de la hipótesis de
máxima, y que la inesperada victoria de la oposición democrática puso en juego la de
mínima, la situación actual, que los pinochetistas definen sin rubor y sin ambages:
“Democracia tutelada”.
Recuerdo haber oído a don Patricio Alwyn, primer presidente de la Concertación,
sosteniendo que la reforma de la Constitución sería eje de la agenda política de su
sucesor. Eso no ha ocurrido. Hubo avances prácticos, que aflojaron el corsé
pinochetista, pero hasta la detención de Pinochet en Londres la derecha no parecía
dispuesta siquiera a negociar sus privilegios institucionales. Y ni que hablar de
renunciarlos.
En Chile no hubo pacto y Chile institucionalmente todavía está en un momento
“prepacto”, esto es, en la etapa de la reconquista del constitucionalismo
democrático. Es obvio que la fortaleza del pinochetismo explica esta situación peculiar
del caso chileno, pero de ningún modo puede justificar, ética o políticamente, el
congelamiento de la “democracia tutelada”.
Quizás la situación de Pinochet paradójicamente lleve al pacto, es decir a un nuevo
avance en la conquista de la soberanía democrática.
¿Pinochet por reforma constitucional? No sería un mal negocio.
* Ex subsecretario de Asuntos Latinoamericanos durante el gobierno de Raúl Alfonsín. |
Candidatos ante la extradición
Duhalde no, Graciela sí
Eduardo
Duhalde dijo a Página/12 que “moralmente la extradición de Augusto Pinochet nos
llena de alegría pero desde lo jurídico no podemos decir lo mismo”, y en cambio la
candidata de la Alianza a la gobernación bonaerense, Graciela Fernández Meijide, sostuvo
que con la nueva medida tomada por el gobierno inglés “queda claro que el orden
internacional se termina imponiendo sobre las falencias jurídicas de los países que
padecieron terrorismo de estado”.
El precandidato justicialista dijo que “con esta medida se viola el principio de
territorialidad”, con lo cual se alineó con la posición oficial del gobierno de
desconocer un principio del derecho internacional: la territorialidad no rige para
crímenes de lesa humanidad como el asesinato sistemático y la tortura.
Dentro de la Alianza el socialista Dante Caputo, ex canciller del gobierno de Raúl
Alfonsín, calificó la decisión como “positiva” pero advirtió que
“lamentablemente está destinada a producir turbulencias en la vida política de
Chile”. De cualquier forma, Caputo sostuvo que “es alentador ver que en algunos
casos la impunidad no está asegurada”.
Para el radical Marcelo Stubrin, vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores
de Diputados, la determinación del ministro inglés Jack Straw indica que “las
tendencias contemporáneas del derecho penal le dan menos valor a la territorialidad que a
la gravedad de los delitos”.
La Cámara de Diputados aprobó ayer un proyecto del jefe de bloque de diputados de la
UCR, Federico Storani, para que el gobierno argentino le cancele el derecho a Pinochet de
usar las insignias “Orden del Libertador San Martín” y “Orden de
Mayo” que se le concedieron durante la dictadura militar.
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