Página/12

El jefe del Ejército, Martín Balza, manifestó su “indignación” y “malestar” por la decisión del Senado de postergar el tratamiento de los pliegos de ascenso de 28 tenientes coroneles cuestionados por organismos de derechos humanos. La Cámara alta aprobó, en cambio, el ascenso de más de 70 tenientes coroneles. “Meten a todos en la misma bolsa y pareciera que haga lo que haga el Ejército por reinsertarse en la sociedad, hay sectores que siempre van a tratar de que parezca el de épocas pasadas”, repetían en el entorno de Balza. Entre los militares objetados aparece el teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, quien fue identificado como partícipe en la masacre de Margarita Belén, donde fueron asesinados entre 13 y 21 presos políticos en 1976.
A diferencia de otros tiempos, el estado de “malestar” no tiene traducción práctica. “Estamos indignados porque entre esos 28 oficiales hay algunos que son señalados por haber estado unas horas en la Escuela de Panamá, como parte del viaje de egresados del Colegio Militar. Tenían entre 17 y 18 años”, argumentan en el Edificio Libertador. Sobre el caso particular de Martínez Segón no se pronuncian. La “indignación” también aflora por la situación de Horacio Losito y Enrique Guillermo Rivas, dos oficiales que en su momento recibieron sanciones por haber participado de los levantamientos carapintada. “A Balza no se lo puede acusar de haber sido complaciente con los carapintada y si esos hombres recibieron penas leves ¿por qué ahora se los sigue cuestionando?”, repiten.
La oposición reclamó en el Senado que se recaben informes de los 28 oficiales cuestionados en la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior. En una breve carta, el secretario de la Comisión de Acuerdos del Senado, Diego Ojeda, explicó que la solicitud “obedece a la necesidad de colectar toda la información necesaria, toda vez que se encuentra en estudio de esta comisión, el pedido de ascenso al grado inmediato superior de los 28 oficiales”. Los senadores volverán a analizar el tema recién en marzo cuando se reanuden las sesiones ordinarias.
Balza no tiene previsto reunirse con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, ni con el presidente Carlos Menem para respaldar a los 28 oficiales. Sus hombres repiten que “no estamos recibiendo el trato que merecemos en la construcción del diálogo ciudadano” y traen a la memoria las autocríticas parciales del jefe del Ejército sobre la actuación de esa fuerza en la represión ilegal para mostrar “la vocación de inserción democrática”. En rigor, la aparición cíclica de oficiales cuestionados responde a las leyes de impunidad que truncaron el proceso de justicia por los delitos aberrantes cometidos durante la vigencia del terrorismo de Estado.

El general espontáneo

Fiel a la estrategia de presentarse antes de que lo citen, el general Martín Balza realizó ayer una nueva declaración espontánea ante la Justicia para deslindar responsabilidades en la investigación por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Al brindar testimonio, el general David Ubaldo Comini había cuestionado el estilo de conducción virtualmente autoritario de Balza. El titular del Ejército le pidió al juez federal Jorge Urso que “libre un oficio al Estado Mayor del Ejército para que constate si el general Comini formalizó alguna vez ante el Ejército su planteo de inobservancia reglamentaria con que conduce la fuerza el general Balza”. El planteo se encuadra en la estrategia de quitarle peso de prueba a todo cuestionamiento que no haya sido documentado en su momento.