Por Adriana Meyer
Uno de los ex
directores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) reconoció que, mientras ese
centro clandestino estuvo bajo su mando, hubo sesenta o setenta detenidos,
cifra que consideró baja porque era un momento de menor virulencia
subversiva. El contraalmirante retirado José Antonio Suppicich afirmó que se
confeccionaban fichas y legajos que quedaban en poder de Inteligencia Naval y
que toda la cadena de mandos sabía de la existencia de ese centro. Pero negó
que se hayan producido allí partos de las detenidas. Durante mi gestión no hubo
absolutamente ningún nacimiento y mucho menos apropiación de menores, enfatizó.
El represor quedó preso en la Unidad de Gendarmería de Campo de Mayo, tras declarar ayer
como imputado ante el juez Adolfo Bagnasco en la causa que investiga si hubo una
sustracción sistemática de los hijos de las desaparecidas.
Cuando finalizó el interrogatorio, el marino retirado pidió que se agregue a su
declaración una fotocopia del organigrama de la cadena de mandos en la Armada desde 1975
hasta 1981, y una copia de la directiva antisubversiva número 1 de 1975. Suppicich
escuchó las imputaciones y las pruebas que hay en su contra en esa causa, y en su
descargo hizo detalladas descripciones de la situación de los detenidos en la ESMA.
Insistió en que durante su gestión había un contexto de menor virulencia
subversiva porque los responsables principales habían huido al exterior dejando a sus
subordinados en estado de cierta desmoralización. No tuvo contacto directo con los
detenidos pero los vio. Además dijo que:
En todos los casos se confeccionaba un acta o una ficha que era enviada a
Inteligencia Naval y allí se hacía un legajo del detenido que contenía una síntesis de
su declaración. Provenían de los patrullajes callejeros de los grupos de tareas y
permanecían allí poco tiempo: si no había nada en su contra (sic) eran liberados de
inmediato. En caso contrario, eran interrogados por el personal de inteligencia y luego
alojados en el edificio de oficiales. Cuando se le preguntó cuáles eran los parámetros
para determinar si alguien tenía algo que ver y con qué, se
limitó a responder que era una unidad militar y se manejaba como tal.
El tratamiento de los detenidos se hacía en base al Placintara, Plan de Capacidades
de la Armada, implementado a raíz de la directiva antisubversiva 1 del año 1975. Si
aparecían menores debían ser devueltos a sus padres o abuelos. Los detenidos realizaban
lecturas de diarios y síntesis informativas. Por versiones
extrainstitucionales se enteró que lo hacían para (Emilio) Massera.
La situación de los detenidos era tratada por los comandantes, pero reconoció ser
él quien determinaba su libertad. Su jefe como comandante de Operaciones Navales fue el
vicealmirante Julio Torti, quien era informado de todo lo que pasaba. El jefe del Estado
Mayor del Grupo de Tareas era el capitán de navío Horacio Estrada y el de Inteligencia
era Luis DImperio. El prefecto Héctor Febres era el oficial de enlace con la
Prefectura.
Toda la escala de mandos, de comandante en jefe (Massera) para abajo, visitaba la
ESMA. Y todos estaban informados por los partes que se enviaban sobre todo lo que
sucedía. La existencia de un centro de detención era un dato importante que no
podía dejar de conocerse por toda la escala de mandos, declaró.
Suppicich fue procesado por 24 delitos en 1987 en la causa de la Escuela de Mecánica de
la Armada y desprocesado por la aplicación de la Ley de Obediencia Debida. Reemplazó al
almirante Rubén Chamorro en la dirección de la ESMA, desde mayo de 1979 hasta enero de
1980. En ese cargo acumulaba el de jefe del Grupo de Tareas 3.3. Fue agregado naval en
Uruguay entre 1976 y 1977. Los defensores oficiales Perla de Buck y Horacio Michero
pidieron el arresto domiciliario para el represor. Mientras tanto estará detenido en
Campo de Mayo, junto a Antonio Vañek, que está en idéntica situación.
El desfile debe continuar El prefecto Héctor Febres prestó ayer declaración testimonial ante la
jueza María Servini de Cubría en la denominada causa Vildoza. Reconoció que en la ESMA
hubo detenidos, pero negó que se hayan producido partos clandestinos. Cuando se le
preguntó sobre el ex almirante Emilio Massera, recordó que en una ceremonia realizada en
la ESMA lo condecoró por poner en riesgo su vida en los operativos. También
mencionó al Placintara como el origen de la directivas que recibían para la lucha
contra la subversión, como si se hubiera puesto de acuerdo con los demás
represores que están declarando por estos días en ese y en otros juzgados. La
citación de Acosta fue modificada para el 21 y la de Vañek para el 22, mientras que se
llamará nuevamente a Lambruschini a través de la Marina. |
RECHAZARA LA ACORDADA DE LA CORTE
El Consejo canta retruco
Por I.H.
El pronóstico para la
segunda reunión del Consejo de la Magistratura, que se realizará hoy, no anuncia un
clima demasiado pacífico. Varios miembros del cuerpo, que todavía no cumplió ni un mes
de existencia, están molestos por la sorpresa que les dio la Corte Suprema, cuyos
ministros (excepto Julio Nazareno) firmaron una acordada en la que se arrogan la facultad
de imponer sanciones disciplinarias a los jueces, una atribución que le corresponde al
nuevo Consejo. Ayer circulaban por Tribunales borradores que, en la reunión de hoy,
podrían convertirse en una resolución que declare inaplicable la resolución del Supremo
Tribunal.
Este conflicto de instituciones se desató la semana pasada a raíz de una decisión por
la cual el máximo tribunal definió que las actuaciones disciplinarias futuras y en
trámite contra magistrados podrán motivar la actuación de la Corte. La
resolución admitía que según el artículo 114 de la Constitución nacional, el Consejo
de la Magistratura tiene la atribución de ejercer facultades disciplinarias sobre sus
magistrados, pero agregaba que no habría ningún impedimento para que los expedientes en
trámite hasta el momento de la asunción del cuerpo (el 17 de noviembre pasado)
continúen en manos del máximo tribunal. En el caso de las actuaciones venideras podrían
ser tratadas indistintamente por la Corte o por el Consejo.
Según un funcionario cercano a la Magistratura algo más de la mitad de los
miembros del Consejo está de acuerdo con rechazar la decisión de los ministros.
Lo que dice la Corte se opone a la Constitución y a la ley de creación del
Consejo. La Corte ya no tiene potestad sobre los expedientes que involucran a
jueces, dijo Juan Gersenovitz, representante de los abogados. Y de ningún
lado surge que el Consejo tenga que compartir esa facultad con el máximo tribunal,
agregó el radical Melchor Cruchaga.
La conflictiva resolución de la Corte será el primer tema a tratar hoy. Y podría surgir
una resolución por la cual el Consejo declare que no acata la acordada y reclame los 80
expedientes en trámite que tienen los jueces supremos y las Cámaras. Un funcionario de
la Corte dijo a este diario: Igual la última palabra siempre la tenemos
nosotros. Ante ese planteo hay miembros de la Magistratura que no descartan el
juicio político a los ministros.
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