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Por Irina Hauser Según los formularios que se apuró a elaborar la Oficina de Etica Pública, todos los funcionarios de la administración nacional, desde el Presidente de la Nación hasta los administrativos, tendrán que presentar anualmente un detallado inventario de sus pertenencias y las de su cónyuge. Deberán enumerar todo tipo de bienes, cuándo los obtuvieron y con qué plata. Pero a no hacerse ilusiones. El reglamento que hará que las declaraciones patrimoniales sean no sólo obligatorias sino públicas ya lleva tres meses de revisiones por parte de cinco organismos y todavía, pese a las promesas, es un mero borrador. La Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, tardó casi dos meses en examinarlo. "Qué más quisiera yo que esto salga de una vez por todas", explotó ayer Luis Nicolás Ferreira, titular de Etica, ante Página/12. La repartición que comanda Ferreira existe desde el 8 de setiembre de 1997 pero se mantuvo siempre al margen de las denuncias relacionadas con las faltas éticas de los funcionarios. Y en el caso de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray, una vieja causa que salió recientemente a la luz, la Oficina de Etica se limitó a divulgar una declaración de bienes que la actual secretaria de Recursos Naturales presentó "espontáneamente" pero que no aclara el valor monetario de sus bienes y menos aún cuenta cómo los obtuvo. La inclusión de esos datos, sin embargo, está prevista en el formulario diseñado por un equipo de colaboradores de Ferreira que los funcionarios deberán llenar el día que el Reglamento de Etica sea decreto. Allí deberán aclarar: * Sus bienes inmuebles, muebles registrables y no registrables con aclaración de fecha de adquisición, porcentaje de propiedad sobre el bien, origen de los fondos, superficie, valuación, descripción. * Sus títulos, acciones, fondos comunes de inversión, valores cotizables y no cotizables en Bolsa, depósitos en bancos y otras entidades financieras, en el país o en el extranjero y deudas hipotecarias, prendarias y comunes (aclarando, también, características, montos y fechas de adquisición). * Sus diferentes ingresos. "Espero que el Reglamento salga antes de fin de año", dijo Ferreira, quien, al entregar el 26 de agosto a Carlos Menem una copia provisoria de la norma, anunció que no demoraría más de 20 días en entrar en vigencia. --Entonces, ¿es un "regalito" del oficialismo para el gobierno entrante? --le preguntó este diario al titular de Etica. --(Risas.) No, para nada. Menem será el primero en darme su declaración de bienes. El texto del nuevo código, hecho a imagen y semejanza del norteamericano, tuvo que pasar por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, la Secretaría de la Función Pública, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y, por último, el jueves último llegó a la Procuración del Tesoro. El procurador, Rodolfo Díaz, dijo a este diario que tratará de acelerar el trámite y aclaró que los dictámenes que recibió de las otras reparticiones no proponen modificaciones de fondo. Este diario pudo saber que una de las razones de la demora fue que la titular de la Función Pública, Claudia Bello, tardó casi dos meses en pasar la posta a la Sigen. "Ella estaba molesta porque las declaraciones serán públicas", comentó un funcionario cercano a la Presidencia. Hasta ahora ni el primer mandatario ni el vice tienen obligación de declarar su bienes. Los otros funcionarios sí, pero la documentación es secreta. Cuando Menem ponga en vigor el Código de Etica, todo el mundo tendrá que declarar por escrito qué tiene y cómo lo obtuvo. Todo ciudadano "que tenga una razón fundada", a los ojos de Ferreira, podrá acceder a esa documentación. La Oficina de Etica pedirá las declaraciones en tandas: primero a los 3000 funcionarios de mayor jerarquía, después a otros 30 mil y luego a los 247 mil restantes. Desde que se les entregue el formulario tendrán un plazo de 15 días. Pero todo indica que esto coincidirá con las vacaciones y que los plazos podrán dilatarse. "Y, quien dice 15 días dice 30", admitió Ferreira. "Además prevemos una especie de período de prueba", dijo.
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