Por Martín Granovsky
 Mientras el juez
español Baltasar Garzón reúne elementos para determinar su participación en los
asesinatos cometidos por Augusto Pinochet en el exterior, Henry Kissinger busca en la
Argentina elementos para componer su propio cuadro de situación: ayer llegó a Buenos
Aires, se reunió con el presidente Carlos Menem y discutió con el gobierno el futuro del
dictador, que podría ser el suyo propio si el FBI continúa desclasificando los
documentos secretos sobre el golpe del 11 de setiembre de 1973.
Kissinger mantuvo contactos con Menem, con el jefe de gabinete Jorge Rodríguez y con el
vicecanciller Andrés Cisneros, que lo recibió en la zona militar del Aeroparque. El ex
secretario de Estado de Richard Nixon llegó en su avión particular. Después cenó con
el candidato de la Alianza Fernando de la Rúa, que lo recibió en su casa privilegiando
su papel de lobbyista por sobre su participación en la década más sangrienta de
América latina.
Este diario pudo saber que Kissinger se preocupó por conocer la posición argentina sobre
el caso Pinochet y sobre la situación política chilena tras la decisión británica de
extraditar al dictador a España.
Menem y sus funcionarios le sintetizaron una postura doble:
 El Gobierno
piensa que Garzón está aplicando un principio de extraterritorialidad y pasa por encima
de las leyes chilenas en la aplicación de justicia.
La detención
de Pinochet y su posible extradición a España afecta la transición chilena, un proceso
que aún no se completó.
–A Kissinger se lo veía muy preocupado especialmente cuando preguntaba por el estado
de ánimo de los oficiales chilenos después de la detención de Pinochet –dijo a
Página/12 un alto funcionario de la Casa Rosada que pidió reserva de su nombre.
En todo momento el ex secretario de Estado y consejero nacional de Seguridad de los
presidentes Richard Nixon y Gerald Ford planteó su preocupación por Chile en términos
de política internacional. Pero la investigación de la Justicia española lo acerca cada
vez más a una situación de sospechoso por el tramado del golpe contra Allende y la
extensión del Plan Cóndor, que coordinó la represión en la Argentina, Chile, Uruguay y
Brasil, y quizás incluyó atentados y asesinatos en Washington y Roma.
El gobierno de los Estados Unidos acaba de desclasificar documentos hasta ahora secretos
sobre los años de plomo en América latina.
Uno de los textos es la comunicación del embajador norteamericano en Santiago de Chile a
su gobierno en el que describía la situación chilena en 1970 como “una democracia
en descomposición”. Tal como publicó este diario en exclusiva dos meses atrás,
Edward Korry definía así el panorama tras las elecciones que dieron el triunfo a la
Unidad Popular de Allende: “Apesta”.
Otro de los documentos registra una reunión entre Kissinger, Nixon y el director de la
Cia, Richard Helms. “Hay una chance en diez de salvar a Chile, pero vale la
pena”, decía. Y agregaba detalles sobre la necesidad de reunir “a los mejores
hombres” y disponer de “diez millones de dólares para comenzar, o más si es
necesario”.
El 11 de setiembre de 1973, un cable de Patrick Ryan, teniente coronel de los marines y
agregado naval en Valparaíso, informaba: “Allende fue encontrado solo y muerto en su
oficina. Se había suicidado poniendo su ametralladora bajo su quijada y apretando el
gatillo. Sucio, pero eficiente”.
Años después, ya con el gobierno demócrata de Jimmy Carter, que presionó a Pinochet
para que respetara los derechos humanos, fue un agente del FBI, Robert Scherrer, quien
descubrió el Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
“Si bien no hay información directa que indique que se planean sanciones dentro de
Estados Unidos, no está fuera de lo posible que el reciente asesinato de (el ex canciller
de Allende,Orlando) Letelier en Washington pueda ser una acción de Cóndor”,
escribió Scherrer en un informe a la Oficina Federal de Investigaciones. Letelier fue
muerto en Washington, donde vivía exiliado, junto a su secretaria, la norteamericana
Ronnie Moffit.
La secretaria de Estado Madeleine Albright acaba de pedir públicamente disculpas en
nombre de su gobierno por la colaboración de los Estados Unidos con las dictaduras
latinoamericanas.
El papel que jugó entonces Kissinger fue descripto de inmediato por el gran investigador
argentino Gregorio Selser en un libro cuya exactitud confirmaron las revelaciones
posteriores: “De cómo Nixinger desestabilizó a Chile”.
De ambos términos, Nixon no siguió en el cargo para disfrutar del golpe que había
planeado. Renunció en 1972, después de que el Washington Post descubriera el espionaje a
la oposición en el edificio Watergate.
Kissinger en cambio continuó en el gobierno hasta el golpe de 1973 y aun luego. Garzón
acaba de pedir a los Estados Unidos que desclasifiquen un documento que probaría lo que
el juez español ya tiene por un texto en su poder: el 10 de junio de 1976 se reunieron en
Chile Kissinger y el entonces canciller de la dictadura argentina, César Guzetti. Garzón
posee el documento según el que Guzetti pidió la venia para “aniquilar de una vez
por todas la subversión” y que, según rezan las notas del encuentro, “el
señor secretario de Estado a continuación dio su aprobación”. El juez quiere que
Washington le entregue una copia certificada del texto.
Después de su paso por el gobierno, el Dr.K. instaló Kissinger & Associates, una
consultora de lobbying internacional que influye en favor de gobiernos o empresas y recaba
información política de primera mano.
Kissinger representa a varios clientes que tienen intereses en la Argentina, y aplica su
actual realismo político para abonar el realismo económico de su trabajo:
El país le
debe 700 millones de dólares al consorcio Eriday, que reúne a las empresas Dummez e
Impregilo como proveedoras de la presa de Yacyretá.
El ex
secretario de Estado maniobra también en favor de empresas norteamericanas interesadas en
romper el embargo contra Cuba para no perder espacio en la isla frente a la competencia de
las firmas de América latina, Europa y Canadá. En los últimos tiempos Menem varió su
posición crítica hacia Castro por otra más pragmática, apta para evitar choques con el
resto de los gobiernos latinoamericanos y garantizar negocios argentinos en Cuba.
Para aprovechar su visita a la Argentina, Kissinger buscó ayer elementos sobre la
situación doméstica. Preguntó a Menem por el triunfo de la Alianza y a la noche
prefirió recabar información de primera mano cenando en casa de los De la Rúa.
Un allegado al candidato presidencial de la Alianza informó a Página/12 que De la Rúa
invitó a su ex secretario de Hacienda Adalberto Rodríguez Giavarini, al asesor
económico de la Alianza José Luis Machinea y a la consultora en comercio exterior
Beatriz Nofal.
Kissinger tiene buenos vínculos con el radicalismo desde que facilitó a Raúl Alfonsín
contactos en Washington al comienzo del primer gobierno constitucional, en 1983.
El ex secretario de Estado contaba, además, hasta ahora, con una ventaja adicional: con
su conversión en lobbyista profesional había logrado que pasara a segundo plano su
pasado como artífice del complot que dio vuelta la historia de América latina en los
años ‘70.
Las revelaciones del caso Pinochet dieron otra luz a su visita a la Argentina. Como si,
por primera vez, la imagen del lobbyista eficaz no fuera suficiente para disimular el
pasado que, ayer, le perdonaron el Presidente y el candidato opositor a la Presidencia.
| Balza fue solidario Martín Balza se solidarizó ayer con el gobierno y los militares chilenos al
reclamar que Augusto Pinochet sea juzgado en su país. De paso, recordó los lazos de
amistad que lo unieron con el ex dictador. “Tuve con él un trato muy estrecho desde
el mismo 4 de noviembre del ‘91”, dijo Balza haciendo alusión a la fecha en la
que asumió como jefe del Ejército argentino.
El militar argentino destacó que es la misma amistad que lo une ahora con el general
Ricardo Izurieta, sucesor de Pinochet al frente del ejército chileno. “En Pinochet
encontré siempre comprensión, respeto y vocación real por la unión de nuestros
pueblos.” |
El Mercosur finalmente salió a bancar a
Pinochet
Brasil se oponía pero accedió a
cambio de que el nombre del dictador no apareciera en el documento. Menem
criticó a Garzón.
Los presidentes del Mercosur se
reunieron en Río de Janeiro y emitieron el documento de rigor.
Lo más importante fue el apoyo al tirano disfrazado en una cláusula contra la
extraterritorialidad. |
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El
Mercosur se opuso formalmente a que Augusto Pinochet sea juzgado fuera de Chile. Los
presidentes de la región incluyeron su reclamo en una declaración conjunta en la que se
evitó mencionar con nombre y apellido al dictador. De todos modos, el sentido del texto
es unívoco: pide el respeto al principio de “territorialidad” de la Justicia,
en un claro rechazo a que el proceso que Londres inició contra el genocida prosiga su
marcha en Madrid. Por si quedaran dudas, cada uno de los mandatarios debió salir a
explicar presuroso que el pronunciamiento no implica un respaldo a la “conducta”
de Pinochet.
La declaración fue motorizada por Chile y respaldada por Argentina, Uruguay, Paraguay,
Bolivia y Brasil. El presidente de este último país, Fernando Henrique Cardoso, se
había manifestado en más de una oportunidad contrario a la idea. Cardoso estuvo exiliado
en Chile en los 60 y es pública su dura prédica contra Pinochet.
Pero una serie de gestiones cruzadas, entre ellas una personal de Carlos Menem, logró
romper con la inflexibilidad del brasileño, quien pidió que el nombre de Pinochet no
figure en el texto. De esta manera, Chile cumplió con un viejo objetivo: que un bloque
con los principales países sudamericanos rechace el juzgamiento del dictador en el
exterior, una postura radicalmente opuesta a la que mantienen la mayoría de los países
europeos y también los Estados Unidos.
La declaración, el punto más fuerte de la XV Cumbre del Mercosur, es clara: rechaza
“la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales para constituir
acciones que violan la igualdad jurídica de los Estados”.
También exige “la no intervención en asuntos internos que amenaza la
convivencia” en la comunidad internacional. Esta vez los presidentes se olvidaron de
hablar de la globalización, un término al que sí recurren cuando se trata de justificar
las caída de las bolsas o el aumento del desempleo.
En el texto también se propo-ne la creación de un Tribunal Penal Internacional. Se lo
sugiere como la mejor alternativa para resolver casos como el del dictador chileno, aunque
en ningún momento se menciona a Pinochet. El intento de los mandatarios por
“despegarse” del golpista fue notorio en cada una de las decla- raciones
realizadas en Río de Janeiro.
“No debatimos la conducta de Pinochet, sino quién tiene soberanía y jurisdicción
para juzgar”, señaló el uruguayo Julio María Sanguinetti.
“La posición de Chile se basa en la defensa de principios y no de personas”,
agregó Frei. “Tengo horror a los dictadores, no tengo ninguna razón para defender a
Pinochet, pero Chile es quien debe tomar las decisiones del caso”, se sumó Cardoso.
Menem fue la excepción. Aprovechó los micrófonos para criticar a Baltasar Garzón, el
juez español a cargo de la causa y a quien el gobierno argentino calificó de
“vedette” en repetidas oportu- nidades. “El ordenamiento jurídico está
subvertido por las decisiones de algunos jueces”, lanzó. Fue una forma de blanquear
el temor del Gobierno a que militares de la dictadura, a los que Garzón también
investiga, tengan la misma suerte que Pinochet (ver aparte).
De todos modos, no se trata de una posibilidad que afecte únicamente a los militares y ex
militares de Argentina. En los ‘70, las dictaduras proliferaron en el resto de los
países que integran el Mercosur. Garzón también tiene bajo lupa la denominada
“Operación Cóndor”, se trata del sistema represivo del Cono Sur, en el cual
están implicadas las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil.
| Acuerdos Además
de la oposición al juzgamiento de Augusto Pinochet en el exterior, la XV Cumbre del
Mercosur, que se clausuró ayer en Río de Janeiro,aportó otras novedades:
La firma de un acuerdo de extradición entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay,
en su carácter de países miembro, y Chile y Bolivia, en su carácter de socios. El texto
establece la obligación de los Estados integrantes de entregarse recíprocamente a las
personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las
autoridades competentes de uno y otro Estado para ser procesadas por la presunta comisión
de un delito, a excepción de causas políticas.
La rúbrica de una declaración socio-laboral, un documento que reafirma los
derechos individuales y colectivos de los trabajadores reforzando la dimensión social del
bloque un acuerdo sobre “metas del plan trienal de Educación hasta el 2000”,
para fortalecer la identidad regional y promover la calidad de la educación mediante la
compatibilización de los aspectos curriculares. |
CORACH Y EL PRESIDENTE SALIERON A DEFENDER
DICTADORES
Guardaespaldas honorarios
El
presidente Carlos Menem desacreditó ayer el pedido de captura de la Justicia suiza contra
el represor Jorge Rafael Videla por la desaparición de un joven de esa nacionalidad
durante la última dictadura militar. “No tiene ningún fundamento”, opinó. En
sintonía con su jefe, el ministro del Interior, Carlos Corach, consideró que el proceso
judicial internacional que se sigue contra el ex dictador Augusto Pinochet “pone en
peligro” a la actual democracia chilena y, en tono agresivo y sin privarse de
recordar su presunto pasado militante, se preguntó “qué hicieron” Gran
Bretaña y España cuando el militar era “el amo” en Chile.
“Los argentinos no vamos a tolerar la violación de la soberanía a partir del
principio de territorialidad”, dijo Menem desde Brasil, donde se encuentra reunido
con los presidentes de los países miembros del Mercosur. Es que la jueza suiza Christine
Junod pidió la captura internacional del represor Jorge Rafael Videla en el marco de una
causa abierta por la desaparición de Alexei Jaccard, en 1977, y no descartó la
posibilidad de formular un pedido de extradición contra el ex dictador. “La jueza
suiza debería saber que los militares argentinos fueron juzgados, hubo sentencias, y hubo
una legislación de Obediencia Debida y Punto Final. Por estas causas, algunos militares
quedaron en libertad y otros siguen detenidos”, dijo.
Luego, aprovechó la ocasión para reiterar sus críticas al juez Baltasar Garzón, el
hombre que podría hacer correr a muchos militares argentinos la misma suerte que Pinochet
si salieran del país. “Garzón se mete con nuestra gente y genera una situación
insostenible. Yo le preguntaría si juzgó a uno solo de los colaboradores de (el dictador
español) Francisco Franco. A uno solo nomás. Pero se meten con la gente nuestra y por
eso hay que moverse con cuidado en este tema”, finalizó.
Corach amaneció con un discurso similar. En la puerta de su casa, tempranísimo, en su
tradicional conferencia de prensa con los movileros explicó que “nosotros repudiamos
la dictadura de Pinochet, pero no ahora, que es un anciano exiliado, escondido en
Inglaterra, sino que lo hicimos todos cuando era dictador”. El ministro creó así su
propia versión de la historia, ya que el dictador chileno no emigró de su país por
razones políticas: viajó a Londres para operarse de una hernia, y quedó detenido
después de la intervención.
El funcionario ratificó luego la posición argentina a favor de la creación de una corte
internacional que juzgue los delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad, y
opinó que Inglaterra y España “no nos pueden venir a enseñar a defender esos
derechos ahora” porque durante la dictadura en Chile “jamás se ocuparon de ese
tema”.
También dijo que en el caso de que se extradite a Pinochet a España “se debe
considerar el aspecto emocional, por el que cualquier ser humano tiene satisfacción
cuando se castiga o se habilita el castigo de un hombre que ha cometido graves crímenes
dentro de un proceso autoritario del cual fue cabeza”, pero advirtió que “el
tema debe ceder a las consideraciones que resguardan el orden jurídico nacional e
internacional en el cual el principio de territorialidad es `angular’”.
Para terminar su explicación, el ministro intentó aclarar que “la posición de
Argentina no es “de defensa del señor Pinochet”. “Estamos hablando de una
definición de principios. Y la Argentina se caracterizó en su historia por tener
principios muy claros en materia de derecho internacional y respetados por todos los
países”, aseguró.
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