Por Eduardo Febbro desde París
 Los magistrados
españoles ligados al juez Baltasar Garzón conocían la decisión británica de
extraditar a Pinochet desde un día antes de que se produjera. El magistrado Carlos
Castresana, un estrecho colaborador del juez Baltasar Garzón, miembro de la Unión de
Fiscales Progresistas que desarrolla sus actividades en la Fiscalía anticorrupción, era
uno de ellos. En esta entrevista con Página/12, Castresana explica el alcance de la
suerte que va a correr Pinochet al tiempo que aboga por la existencia de una auténtica
justicia internacional.
–¿Usted considera como una victoria del derecho español la posible extradición a
España de Augusto Pinochet?
–Mire, estoy muy satisfecho. Era un momento donde las consideraciones políticas
podían prevalecer sobre las consideraciones jurídicas, pero afortunadamente no ha ido
así. El derecho se ha abierto camino y con ello se demuestra que la decisión de la Sala
de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tenido eco en el ámbito internacional, y no sólo
en los medios de comunicación. La decisión del gobierno británico está basada en el
derecho, en el derecho internacional. Hace ya muchos años que este derecho viene
estableciendo que cuando hablamos de crímenes contra la humanidad no hay fronteras ni
inmunidad. Todos los Estados del mundo están obligados a perseguir esos crímenes y a
colaborar con las persecuciones que los otros Estados hagan de ellos. Hoy, a nivel
internacional, los derechos humanos están mejor protegidos que ayer.
–La Justicia española adquiere ahora un gran peso. ¿Qué puede ocurrir en el
futuro?
–La idea no es que la Justicia española extienda su actividad a todos los países
del mundo. Entiendo que el precedente tiene que servir para que las jurisdicciones de
otros países también se involucren. La exigencia de la persecución universal de los
crímenes contra la humanidad, derivada del derecho internacional, no es sólo aplicable
en España. Nos cabe el honor y el orgullo de haber abierto un camino fundamental en la
protección de los derechos humanos, pero lo deseable es que sea la comunidad
internacional en su conjunto la que se sienta aludida y siga ese camino. Me parece que no
es sólo una cuestión de que los tribunales españoles tengan jurisdicción universal. El
problema es que todos los tribunales de los países donde los jueces tienen un nivel de
independencia más amplio, más razonable –nunca es absoluto–, en suma esos
tribunales donde se pueden plantear acciones de esta naturaleza deben ofrecer a las
víctimas un nivel de tutela aceptable. La misma tutela que las víctimas no encuentran en
los países donde se han producido los crímenes. Creo que la comunidad internacional debe
reaccionar. Todos estamos de acuerdo en que sean tribunales internacionales los que se
ocupen de la persecución de crímenes de esta naturaleza. El problema es que si las
instancias de los organismos internacionales no reaccionan, por el momento no nos queda
otra vía que la de países terceros que puedan abrir sus jurisdicciones y dar
satisfacción a las víctimas. Esto es algo que está en el pacto de derechos civiles y
políticos de la ONU desde hace tres décadas. Sin embargo, como hemos visto, el pacto
encuentra escasa aplicación. Pero hoy tenemos un precedente y el precedente debe
significar un ejemplo en otros países. En el caso de Chile y Argentina había una
legitimación objetiva e indiscutible para intervenir dado el elevadísimo número de
víctimas españolas que se produjeron en las dos dictaduras. La reacción en cadenaque ha
habido en los Tribunales de Bélgica, Francia, Alemania y Suiza después de la iniciativa
española es seguramente el referente para el futuro.
–¿Puede haber ahora problemas diplomáticos con Chile u otros países
latinoamericanos relacionados con la Operación Cóndor?
–Creo que no. En realidad, lo que perjudica las relaciones diplomáticas son los
crímenes, no los procedimientos judiciales. Son entonces los criminales quienes tienen
que pensar que van a producir un perjuicio a las relaciones internacionales y, por
consiguiente, lo tienen que pensar antes de matar, y no después. Las relaciones
diplomáticas con España no se van a ver seriamente afectadas. Se van a mantener, sobre
todo las comerciales. Al cabo de un tiempo las aguas vuelven a su cauce. Lo que sí se ve
favorecido es el derecho de las víctimas a obtener la tutela judicial que, por desgracia,
hasta ahora en Chile no tenían.
EL CINCUENTENARIO DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Agridulce fin de cumpleaños
Por E.F.
La celebración y la
realidad se aunaron esta semana en París para converger ayer, en el Palacio de Chaillot,
en el último acto de la conmemoración oficial de los 50 años de la firma de la
Declaración Universal de los derechos humanos. Reunidos en el mismo Palacio donde se
firmó el texto hace medio siglo, primero las ONG y luego los invitados oficiales
conmemoraron a su manera esta fecha mientras afuera, en las inmediaciones de la explanada
del Trocadero, los kurdos, los desempleados franceses, los defensores de los extranjeros
indocumentados, los colombianos y la oposición iraní vinieron a recordar lo que las ONG
no dejaron de señalar a lo largo de la semana: los derechos humanos siguen siendo
sistemáticamente violados en todo el mundo.
Las roídas garras de Augusto Pinochet y los afilados dientes de los criminales impunes
marcaron el cincuentenario del texto magno. La ceremonia de clausura terminó con tres
espeluznantes testimonios sobre esos crímenes que aún continúan. Tres mujeres, una de
Afganistán, otra de Kosovo y de Colombia, subieron al escenario a fin de narrar la
esencia de lo que mantenía a todo el mundo ahí: no el celebrado texto sino la muerte sin
rostro. “Si la Declaración de los Derechos Humanos es universal, ¿por qué no
existe en Afganistán ?”, preguntó Temori, la afgana. Jetta, la joven del Kosovo,
contó que nunca podría olvidar esa jornada particular en que vio el cuerpo de una mujer
carbonizada y “ese olor particular de la carne quemada”. Yanetta, la exiliada
colombiana, presidenta de la Asociación de detenidos y desaparecidos de América del Sur,
narró el secuestro de su hermana Nidia y de su hermano para luego recordar que durante
sus años de exilio había aprendido, “junto con los hermanos de los desaparecidos,
que el origen de los crímenes es la impunidad”.
El discurso del presidente francés, Jacques Chirac, puso un acento especial en la
protección “particular que requieren las poblaciones vulnerables”. El
mandatario reconoció “el inmenso camino que queda por recorrer” en la defensa
de los derechos humanos. Chirac enumeró esas minorías víctimas del “racismo, la
xenofobia, la intolerancia”, mencionó también a las mujeres, “víctimas de
estatutos o tratamientos discriminatorios”. El tan recordado texto corría a la par
del inacabable relato de los horrores que borran la vida de miles de seres en el mundo.
Así, Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, pidió que se escuchara
“la voz de los supliciados” cuando evocó la espantosa situación que impera en
Argelia y luego calificó de “rehenes del proceso de paz que pasa por encima de los
derechos humanos” a los palestinos detenidos en Israel. En ninguna parte del mundo
parecía haber un solo hombres con derechos plenos. Ni siquiera en París, donde en ese
momento manifestaban los desempleados exigiendo el “derecho a la vida, el derecho a
trabajar”. La última palabra la tuvo el responsable de la Misión Interministerial
que organizó los eventos, el ex ministro socialista de Justicia Robert Badinter, quien
denunció ese “apartheid mundial que aparta cada vez más del progreso a los pueblos
y a los seres más desfavorecidos del planeta”. Tampoco Francia estaba exenta de ese
apartheid. Un ex ministro socialista de Salud presente en la sala, Leon Schwartzzemerg,
interrumpió el discurso de Badinter en repetidas ocasiones para señalarles a los
responsables que presenciaban el acto, el mismo Chirac y el premier Lionel Jospin, que el
rechazo a regularizar la situación administrativa de los extranjeros sin papeles
constituía una violación de los derechos humanos.
Al margen del paquete oficial de actos, las ONG y sus 350 representantes aprobaron un
texto llamado “La Declaración de París” en el que denuncian “el
persistente desprecio de los derechos humanos en el contexto actual dela
mundialización”. El documento, que consta de 22 puntos, incrimina los “intentos
de ciertos estados para justificar o disculpar las violaciones de los derechos humanos en
nombre de la especificidad cultural, religiosa, histórica o de la seguridad
nacional”.
Chirac había abierto la semana pidiendo que se tomara en cuenta la “diversidad
cultural”. Las ONG le devolvieron el mensaje. Por lo pronto, el premio Nobel de la
Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel hizo con Página/12 un balance crítico de esta
semana de los derechos. Esquivel destacó que “hubo ausencia de cosas centrales.
Nadie habló de la deuda externa y del costo humano que tiene sobre la vida de los
pueblos. Hemos mencionado mucho a las víctimas de las violaciones, pero no se apuntaron
las causas”.
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