Por Norberto Bermúdez desde Madrid
 En una resolución
de 289 páginas, el juez Baltasar Garzón dictó ayer el procesamiento del ex dictador
chileno Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas.
Según ha podido saber Página/12, el magistrado español tiene nuevos elementos sobre el
cobro de comisiones por venta de armas en los que habría tomado parte el senador
vitalicio y que podría originar una investigación patrimonial (ver nota aparte). La
resolución fue notificada ayer a todas las partes, y una copia remitida con suma urgencia
al magistrado británico Graham Parkinson, quien hoy notificará al ex dictador el pedido
de extradición que pesa en su contra.
En su dictamen, el juez español incluyó el delito de genocidio, a pesar de que el
ministro del Interior británico, Jack Straw, no autorizó dicha tipificación en la orden
de iniciar el proceso de extradición del ex dictador chileno a España. Según establece
la Genocide Act que rige en el Reino Unido, el delito de genocidio sólo se concibe si fue
cometido en territorio británico y no puede ser perseguido bajo el concepto de
extraterritorialidad. Consultado por Página/12, Garzón explicó que el ministro del
Interior británico, “si bien está legalmente impedido de tipificar ciertos hechos
como intentos constitutivos de genocidio, resulta bastante claro que las conductas que, en
Gran Bretaña fueron descriptas como intento de asesinato, conspiración para asesinar,
conspiración para torturar, tormentos y secuestros de rehenes, son susceptibles de ser
englobadas en España como delito de genocidio. Se trata de un tecnicismo,
simplemente”.
La resolución adoptada ayer por el juez de la Audiencia Nacional confirma también la
orden de prisión provisional incondicional que pesaba contra Pinochet desde el pasado 16
de octubre, así como el embargo de todos sus bienes, incluido el bloqueo de los
depósitos y saldos que puedan existir en cuentas bancarias a nombre del senador vitalicio
o a través de terceras personas en todo el mundo. Esto último estaba vigente desde el 19
de octubre último. Estados Unidos, cuyo gobierno volvió a abstenerse de formular
declaraciones sobre la decisión de extraditar a Pinochet tomada por Straw, sostuvo ayer,
por boca del vocero James Foley del Departamento de Estado, que las posibilidades
españolas de congelar los bienes del ex dictador son limitadas, en lo que algunos
interpretaron como un signo de que podría rechazar la solicitud pertinente.
En el auto de procesamiento se hace una descripción pormenorizada de los casos de
eliminación sistemática de personas por razones étnicas, como lo acontecido con varios
miembros de la comunidad mapuche en Chile. Asimismo, Garzón ha incluido aspectos del
denominado “Archivo del Terror”, una documentación que fue recientemente
enviada a Madrid por las autoridades paraguayas.
El magistrado también procede a la enumeración de todos y cada uno de los expedientes
que constan en el informe producido por la Comisión Rettig y de los casos incluidos en la
denominada Operación Cóndor, como los 94 chilenos desaparecidos en Argentina y otros
119, de los que no se tuvo más noticia tras ser secuestrados en Bolivia. Garzón, en un
capítulo estremecedor, describe con detalle las sesiones de torturas a las que fueron
sometidas unas treinta personas a manos de la DINA, la policía secreta que operaba a las
órdenes directas de Augusto Pinochet.
Con referencia al caso del diplomático español Carmelo Soria, torturado y asesinado por
miembros de la “Brigada Mulchen” de la DINA, Garzón sostiene que el régimen
encabezado por Augusto Pinochet violó laConvención sobre Prevención y Castigo de
Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, suscripta por Chile el 29 de marzo
de 1977.
Según el auto notificado ayer, Pinochet y Manuel Contreras, ex director de la DINA,
aprovecharon su asistencia en Madrid a los funerales del dictador Francisco Franco para
ponerse en contacto con organizaciones terroristas de España y Francia. Ese mismo año,
agentes de la DINA se habrían trasladado a Francia con el fin de atentar contra el
senador Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista de Chile. Sin
embargo, el plan fue abortado por la estrecha vigilancia de la que éste gozaba entonces.
El procesamiento del general es uno de los trámites más importantes del sumario
instruido por Garzón y uno de los puntos culminantes de una investigación iniciada hace
casi tres años, a raíz de una denuncia presentada en principio por los crímenes de la
dictadura argentina (197683), pero que a través de la Operación Cóndor guardan
relación con el régimen chileno.
EL TRAFICO ES LA CLAVE DE LAS CUENTAS SUIZAS
Una piraña comprando armas
Por N. B. desde Madrid
El juez Baltasar Garzón
parece haber encontrado la clave para descifrar el origen de los fondos que el ex dictador
chileno Augusto Pinochet podría ocultar en Suiza. Después del golpe de Estado de
septiembre de 1973, el gobierno suizo prohibió las ventas de armas al régimen de
Pinochet, pero no impidió la transferencia de licencias de fabricación, el asesoramiento
técnico ni la exportación a terceros países. Entre 1978 y 1979, la empresa Mowag, de
Zürich, negoció con el Ejército chileno la venta de la licencia para la fabricación
del temible anfibio blindado para transporte de personal Piraña, en sus versiones 6x6 y
4x4.
El diputado socialista del cantón de Ginebra, Jean Ziegler, ha detectado que durante
aquellos años Augusto Pinochet viajó tres veces a Suiza, para cerrar la operación. En
representación de Mowag participaba en las negociaciones un íntimo amigo del actual
senador vitalicio, el húngaro Carlos Huntik, quien pudo haber sido la persona que
–dada la naturaleza de una transacción que bordeaba la ilegalidad– haya
depositado suculentas comisiones en secretas cuentas suizas. En julio de 1979, el ministro
de Defensa chileno, general Ernesto Carlos Forestier Haensgen, firmó los contratos de la
licencia para fabricar el Piraña. Pocos meses después, Forestier renunciaría al cargo y
pasaría a retiro como militar, pero no sin integrarse a una sociedad muy conocida en
Chile: Explosivos Cardoen Ltda.
Según la carta notarial del 5 de octubre de 1981, el brigadier general Jorge Berríos
Bustos, en nombre de la Dirección de Logística del Ejército chileno, firmaría un
contrato con el empresario Carlos Cardoen Cornejo, por medio del cual le entregó “a
título de adelanto del precio, entre otros valores, la suma de 4.615.000 dólares”.
Dicha suma correspondía al 20 por ciento del total del contrato para la construcción de
143 carros blindados Piraña, que serían colocados posteriormente en Taiwán. Cardoen
cobraría un total de 23.075.000 dólares por fabricar los vehículos militares bajo
licencia de la suiza Mowag. La carrocería del Piraña sería fabricada en la Fábrica y
Maestranza del Ejército (FAMAE) a razón de 25.000 dólares.
Sin embargo nunca se aclaró de dónde sacó dinero Carlos Cardoen, entre 1979 y 1981,
para comprar los terrenos donde se construyó la gigantesca planta industrial Macul. Dos
años antes de recibir el 20 por ciento de adelanto para construir los Piraña. Cardoen
montó otra planta en Iquique y compró los despachos de la calle Providencia 2237 de
Santiago, sede de su empresa. En 1979, el capital de Explosivos Cardoen Ltda. era
exactamente de 25.641 dólares, según consta en la página 54 del Diario Oficial de
Comercio del 6 de agosto de 1979. En marzo de 1981, es decir, seis meses antes de firmarse
el contrato para la fabricación de los 143 Piraña bajo licencia suiza, el capital de
Cardoen trepa de golpe a 21 millones de dólares.
El juez Garzón tiene interesadas dos comisiones rogatorias a Luxemburgo y Suiza, que en
el caso helvético completará próximamente con más datos y documentación. La red
recién empieza a ser explorada, pero parece claro –especialmente en vista del
congelamiento de fondos solicitado ayer– habrá bastante para ver.
Pinochet irá a la cárcel
hoy (a
declarar) pero intentan que zafe
La defensa de Pinochet empieza a
contraatacar, mientras él se prepara a comparecer ante la Justicia por primera vez. |
Vista aérea de la prisión de
Belmarsh, al sudeste de Londres, construida inicialmente para albergar a terroristas del
IRA.
En este lugar paradójico, el ex dictador deberá contestar hoy las preguntas de
los jueces británicos de extradición. |
Por Marcelo Justo desde
Londres
La defensa de Pinochet
lanzó el primer contraataque para neutralizar el proceso judicial de extradición del
general a España. A un día de la histórica decisión del ministro del Interior
británico, Jack Straw, de autorizar dicho proceso, los abogados del general presentaron
un recurso ante la Cámara de los Lores, en el que impugnan el dictamen de la última
instancia de la justicia inglesa que negó inmunidad soberana al general el pasado 25 de
noviembre. El exclusivísimo buffet de Kingsley Mapley basó el recurso en la presunta
parcialidad de uno de los cinco lores, Lord Hoffman, quien pertenece al directorio de una
organización humanitaria hermana de Amnesty International. Mientras tanto, la policía
reforzó las medidas de seguridad para la audiencia que se celebrará hoy a las 14 hora
local (11 hora argentina) en el juzgado de alta seguridad de Belmash, al sudeeste de
Londres, donde el general deberá comparecer a menos que su defensa presente antes una
solicitud de revisión judicial de la decisión de Straw.
Un panel de tres lores considerará el martes de la semana próxima el recurso de la
defensa de general Pinochet. Según Kingsley Mapley, habría una posibilidad de
parcialidad en el dictamen de los cinco “law lords”, dado que Lord Hoffman es
miembro ad honórem del directorio de Amnesty International Charity Ltd., una
organización humanitaria vinculada a la organización de derechos humanos. El hecho de
que la esposa de Hoffman es empleada administrativa de Amnistía Internacional forma
también parte del recurso de la defensa. Dado que en una medida sin precedentes los cinco
lores autorizaron que Amnesty International participara del proceso de apelación que
culminó el pasado 25 de noviembre, la defensa pinochetista acusa a Hoffman de ser parte y
juez de dicho proceso.
El caso saltó a la palestra un día antes de la decisión de Jack Straw. Amnesty admitió
que Lord Hoffman forma parte del directorio desde hace siete años pero aclaró que en
ningún momento participó en la campaña de la organización contra el general Pinochet.
La conducta de Hoffman en casos anteriores demuestra además que sus vínculos con
Amnistía no han impedido que siguiera su propio criterio en diferentes juicios. En el
caso de un asesino convicto en el Caribe, Trevor Fisher, cuya apelación llegó al Privy
Council, última instancia de apelación para los países de la Commonwealth (Mancomunidad
de Naciones) que mantuvieron este vínculo judicial con la metrópoli tras la
independencia, Hoffman dictaminó a favor de la ejecución de Fischer a pesar de que
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte. Poco después del fallo Fischer fue
ejecutado.
Las relaciones de Amnesty con el mundo legal y en especial con el caso Pinochet
demostraron ser variadas. La Kingsley Mapley, defensora de Pinochet, ha sido contribuyente
de Amnesty International. El abogado Colin Nicols, hermano mellizo de Clive Nicols que
llevó adelante la defensa del general, es también miembro de la organización defensora
de los derechos humanos. Otro contribuyente es la autoridad máxima de la instancia previa
a los lores, Lord Bingham, que falló a favor de Pinochet cuando el caso llegó al Real
Tribunal Superior de Londres en octubre pasado.
Los abogados del general admiten que la apelación ante los lores tiene sus
complicaciones. Más que disputar la imparcialidad de Hoffman, los abogados enfatizarán
que existe la posibilidad de que sea percibido como parcial. Una revocación de un
dictamen de los lores no tendría precedentes y parece a primera vista altamente
improbable. Pero todo el proceso se ha caracterizado por romper con los precedentes. Se
consideraba igualmenteimprobable que los lores revocaran el fallo de la instancia previa,
el Real Tribunal Superior, y sin embargo fallaron 3 a 2 a favor de la fiscalía. En este
caso las escasas posibilidades que tiene la defensa de prosperar en su apelación se basan
enteramente en la necesidad que pueda sentir la justicia británica de demostrar su
imparcialidad en un caso tan delicado.
Mientras tanto, de no mediar una solicitud de revisión judicial de último momento esta
misma mañana, el general Pinochet debería comparecer ante el magistrado de Belmarsh,
vecino a la prisión de máxima seguridad del mismo nombre. La prisión está custodiada
por una unidad especial armada de la Scotland Yard. Una portavoz de la policía confirmó
a Página/12 que montarían un fuerte dispositivo de seguridad tanto alrededor del
magistrado como en el operativo de traslado del general de la mansión que alquila en
Surrey. Pero la portavoz se negó a confirmar si habría personal armado entre la policía
(que en Gran Bretaña no porta armas a menos de que esté especialmente autorizada para
hacerlo) o si los desplazamientos de la caravana serían seguidos por un helicóptero.
| Pitos y matracas para apoyar al
“Tata” Notoria y original forma de
apoyar a su “Tata”. Unos 200 partidarios del ex dictador chileno Augusto
Pinochet dieron ayer por la mañana una vuelta por Londres a bordo de los autobuses de dos
pisos británicos con techo descubierto, generalmente reservados para los turistas. En el
marco de un viaje organizado por la Fundación Pinochet, los derechistas, vestidos con
camisetas en las que rezaba el lema “Pinochet, I love Chile”, hicieron sonar
pitos por la capital británica y gritaron por altavoces consignas para la liberación de
su líder. También entregaron una petición con 100.000 firmas en el número 10 de
Downing Street (domicilio del premier Tony Blair) y en la sede del Ministerio del
Interior. |
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