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Por Adriana Meyer  El edificio Cóndor
fue allanado ayer durante cinco horas por orden del juez Jorge Urso, a raíz de la
autodenuncia que había formulado la Fuerza Aérea tras la publicación de Página/12
sobre el espionaje que realizó su jefatura de inteligencia sobre diez periodistas y una
asociación de mujeres. El Departamento III de la Jefatura II (Inteligencia) fue visitado
por el fiscal Miguel Osorio y cinco efectivos de la División Delitos Federales de la
Policía Federal. “El resultado fue positivo y alentador”, aseguró Osorio a
este diario, al concluir el operativo. A las cuatro de la tarde los investigadores, encabezados por Osorio y el grupo de federales –“ayudados” por diligentes aviadores– se llevaron del segundo piso del edificio de Pedro Zanni 250 una caja grande con documentación. Horas más tarde continuaron su tarea en la Regional Buenos Aires de Inteligencia, ubicada enfrente al Aeroparque Jorge Newbery. En ese lugar se habría producido la OPI (Orden de Pedido de Información) número 057/97, que estableció que se debían obtener “datos de filiación y antecedentes de todo tipo” de diez periodistas de diarios nacionales, entre ellos Sergio Moreno y Carlos Rodríguez de Página/12. Todos ellos habían escrito notas relacionadas con temas aeroportuarios. Fuentes judiciales aseguraron a este diario que fueron allanadas todas las oficinas de esas unidades de inteligencia, se sacaron fotografías y se revisaron hasta algunos maletines personales y los basureros, ante la mirada nerviosa de los militares. Sin embargo, en la requisa quedó evidenciado que se había realizado una profunda “limpieza” previa del lugar. Si bien no trascendió nada sobre el contenido de lo secuestrado, Página/12 pudo saber que en el lugar se encontró gran cantidad de recortes periodísticos de los más diversos temas. Los investigadores pudieron comprobar que los jefes de ese departamento, el brigadier José Vanden Panhuysen y el comodoro Jorge Alberto López, fueron puestos en disponibilidad. Página/12 publicó en exclusiva el lunes 23 de noviembre los detalles del espionaje ordenado por la Jefatura de Inteligencia de la Fuerza Aérea sobre diez periodistas y la Asociación de Mujeres en Lucha, violando la ley de Defensa Nacional, que en su artículo 19 establece claramente que “las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares”. El mismo día de la publicación, el jefe de la fuerza, brigadier general Rubén Montenegro, se reunió con el ministro de Defensa, Jorge Domínguez, y anunció el pase a disponibilidad de los dos oficiales que ordenaron esas tareas de seguimiento. A su vez inició un sumario interno cuyo expediente fue presentado al juez Jorge Urso la semana pasada, a modo de autodenuncia. En esa investigación el comodoro López declaró que “hubo una reunión de coordinadores en la cual se analizó la preocupación sobre una campaña que podía afectar a la defensa nacional”. Y reconoció que “queríamos obtener datos sobre quienes escriben las notas para determinar si tienen intereses ajenos a nuestro país”. En ese interrogatorio el militar aseguró que toda la documentación recolectada sobre los periodistas fue destruida porque “los datos no resultaron de interés”. En su requerimiento, Osorio solicitó a Urso que obtenga toda esa documentación. Antes de tomarse una licencia de una semana, el magistrado ordenó el allanamiento al edificio Cóndor. Osorio también había pedido que se incorporen los legajos de los imputados (cinco militares y un civil) y que se establezca si existen otras actuaciones de la Fuerza Aérea que indiquen si hay antecedentes de seguimientos similares.
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