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 Los rostros
adustos de Teresa Ter Minassian y de Tomás Raichman al ingresar al despacho de Pablo
Guidotti, en el cuarto piso del Palacio de Hacienda, dejaban entrever que algo funcionaba
mal en la relación FMI-Economía. En efecto, no bien comenzó la reunión que ayer por la
tarde mantuvieron los integrantes de la misión del Fondo con el número dos de Economía,
Ter Minassian planteó la posibilidad cierta de que se caiga el Acuerdo de Facilidades
Extendidas. El enojo surgió porque el Congreso no aprobó el capítulo complementario a
la reforma tributaria, necesario para distribuir los recursos entre la Nación y las
provincias.La fuerte presión ejercida por los funcionarios del FMI tiene una explicación. Sin la ley de precoparticipación –que Diputados debía sancionar anteayer–, los recursos adicionales generados por la extensión del IVA a la televisión por cable y a las prepagas, y el aumento del impuesto a las Ganancias, deberán ser repartidos con las provincias. De ser así, Roque Fernández se vería imposibilitado de aplicar una rebaja de los aportes patronales. Justamente, la reducción de estos aportes fue el caballito de batalla de Economía para impulsar la reforma, argumentando que ello favorecerá la creación de puestos de trabajo. Con la advertencia del Fondo, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que se apruebe la ley de precoparticipación y la rebaja de aportes patronales no quede en jaque. Roque, Teresa y Raichmann se verán las caras el próximo lunes. Cuando se encuentren en su despacho, el ministro admitirá lo que hasta ahora sólo se atreve a decir en voz baja. Que la economía se expandirá un 3 % durante el ‘99 –en vez del 4,8 que está fijado en el Presupuesto– por el impacto de la crisis, y que el déficit fiscal de este año estará entre 300 y 350 millones de dólares por arriba de lo pactado con el FMI. Esto significa que el desequilibrio de las cuentas trepará a los 3800 o 3850 millones. La recorrida de la misión por los despachos oficiales incluyó ayer al Ministerio de Trabajo. Allí, Ter Minassian y Raichmann se reunieron con el secretario de Trabajo, José Uriburu, y el de Seguridad Social, Héctor Gambarotta. La modificación del actual sistema de indemnizaciones, la derogación de los estatutos especiales y la flexibilización laboral en las pymes fueron los ejes centrales del encuentro de dos horas. Respecto de la implementación de un sistema de capitalización en el régimen de despidos, el Gobierno se comprometió a que dentro de 90 a 120 días tendrá listo un informe elaborado por una consultora. Entre las alternativas que estudia el Gobierno, se incluyen la capitalización en cuentas individuales y la creación de un fondo común al que aportarían las empresas para financiar las indemnizaciones. El reemplazo del actual sistema de indemnizaciones quedó trunco hace más de un año, justo antes de las elecciones de octubre del ‘97, cuando se discutía el aporte mensual que deberían realizar las empresas a la cuenta de cada trabajador. Un funcionario de Trabajo confió a Página/12 que el FMI insistió con la derogación de los estatutos laborales especiales. “En primera instancia, propondremos la caída de los estatutos de los encargados de edificios, los árbitros de fútbol y de los viajantes de comercio”, apuntó la fuente.
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